El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este sábado abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuatro delitos.
El magistrado también ha impuesto a Gómez varias medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. La decisión llega tras la audiencia preliminar celebrada en el marco de la causa que investiga la actividad profesional de Gómez y sus vínculos con determinados proyectos y empresas.
Begoña Gómez irá a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El juez ya había cerrado la instrucción y había propuesto juzgarla por esos cuatro delitos, después de descartar otras líneas que habían formado parte de la causa. El procedimiento será elevado ahora a la siguiente fase procesal, con Gómez ya formalmente sentada en el banquillo.
Sin pasaporte y con comparecencias cada 15 días
Además de acordar la apertura de juicio oral, Peinado ha aceptado imponer medidas para asegurar que la investigada permanezca a disposición de la justicia.
La esposa del presidente deberá entregar su pasaporte, no podrá salir de España y tendrá que comparecer ante el juzgado de forma periódica cada quince días. Estas medidas habían sido solicitadas por las acusaciones populares durante la vista cautelar.
Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés también irán a juicio
El magistrado también sienta en el banquillo a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Álvarez ha sido investigada por su papel como colaboradora de Gómez durante su etapa vinculada a proyectos académicos y profesionales. Barrabés, por su parte, ayudó a Begoña Gómez a poner en marcha su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y fue destinatario de cartas de recomendación firmadas por ella en el marco de licitaciones públicas.
El caso de la cátedra y las cartas de recomendación
La investigación se ha centrado en la actividad de Gómez vinculada a su cátedra en la Complutense y en sus relaciones con empresas que optaron a contratos públicos. Uno de los elementos clave de la causa son las cartas de recomendación que Gómez escribió para empresas de Barrabés en procedimientos de adjudicación pública. El juez entiende que existen indicios suficientes para que esos hechos sean examinados en juicio.
La apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno supone un nuevo golpe judicial y político para el Ejecutivo.
La respuesta de Moncloa
La Moncloa ha reaccionado a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez y retirarle el pasaporte asegurando que la resolución confirma la “persecución” y la “obsesión” del magistrado contra la esposa del presidente del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo sostienen que el juez “solo atiende a motivos políticos” y enmarcan la medida dentro de una ofensiva judicial que, a su juicio, busca desgastar directamente a Pedro Sánchez.
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Desde el Gobierno consideran que las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez —retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas— son desproporcionadas y difíciles de justificar, especialmente teniendo en cuenta que reside en el complejo de La Moncloa y cuenta con escolta permanente. El Ejecutivo interpreta la decisión como un nuevo episodio de una causa que, según su versión, se ha construido sobre una motivación política más que jurídica.
El PSOE defiende a Begoña
El PSOE y varios miembros del Gobierno han reaccionado con dureza al auto del juez Juan Carlos Peinado, que abre juicio oral contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y le impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias cada quince días.
Dirigentes como Óscar Puente, Félix Bolaños, Elma Saiz, Milagros Tolón, Pilar Alegría y Arcadi España han denunciado una supuesta “persecución” contra Gómez. Puente calificó la resolución de “ignominia”, Bolaños habló de un día “nefasto para quienes creen en la Justicia” y Saiz expresó su apoyo con el hashtag #YoConBegoña.
La retirada del pasaporte: por los escoltas
El Gobierno cuestiona especialmente que el juez plantee que los escoltas de Gómez podrían facilitar una hipotética fuga, un argumento que considera desproporcionado y sin fundamento. La reacción socialista cierra filas con Begoña Gómez y enmarca la decisión judicial dentro de una campaña de desgaste contra Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez, le prohíbe salir de España y le impone comparecencias cada 15 días tras abrir juicio oral contra ella. La clave de la medida está en el supuesto riesgo de fuga, que el magistrado vincula a la gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones populares, que suman hasta 24 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
Jupol se defiende
El sindicato policial Jupol se ha pronunciado este sábado contra la posibilidad de que los agentes encargados de la seguridad de la Presidencia del Gobierno pudieran participar en una eventual fuga de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
La organización ha calificado de “auténtica barbaridad” esa insinuación. La medida también es discutida por el Gobierno, el PSOE y varios juristas porque Begoña Gómez no ha incumplido ninguna citación judicial, no consta que haya intentado salir de España ni que tenga vínculos conocidos en el extranjero que refuercen ese riesgo. Quienes defienden la decisión sostienen, en cambio, que la apertura de juicio oral y la gravedad de las penas justifican medidas preventivas menos gravosas que la prisión provisional.
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