El procesado por el asesinato de su esposa y de sus dos hijos en la localidad conquense de Las Pedroñeras, identificado como E.M., ha admitido este martes los hechos durante su declaración ante el tribunal, si bien ha asegurado que no los recuerda con precisión porque, según ha dicho, “no se encontraba bien” en aquel momento.
Durante la vista, el acusado también ha expresado su propósito de compensar, en la medida de lo posible, el daño causado, ofreciendo a la familia de las víctimas la mitad de los 420 euros mensuales que recibe en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha.
La sesión del juicio se ha iniciado este martes con la lectura de los escritos de acusación y defensa y con las primeras intervenciones de las partes personadas. La Fiscalía ha detallado que los hijos de E.M. presenciaban las agresiones que su madre sufría, episodios que fueron denunciados en varias ocasiones pero que no llegaban a prosperar porque ella finalmente rehusaba prestar declaración.
Tal y como ha recordado la acusación en su informe, el hombre fue localizado dormido en una caseta del municipio, junto al presunto arma homicida. En ese mismo escrito se insiste en la existencia de premeditación, subrayando que el acusado seleccionó de antemano el día y la franja horaria en la que iba a ejecutar el crimen, un elemento que se considera clave para acreditar la planificación del delito y descartar que actuara de forma impulsiva.
La acusación ha solicitado que se imponga la pena de prisión permanente revisable por los dos presuntos asesinatos de los menores, al tratarse de una de las circunstancias que contempla el Código Penal para aplicar la máxima sanción prevista en el ordenamiento jurídico español. De prosperar esta petición, sería la primera ocasión en la que se dicta una condena de este tipo en la provincia de Cuenca.
La acusación popular, ejercida por la Junta de Comunidades, se ha sumado a la tesis y a las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal. Por su parte, la acusación particular ha defendido su propio escrito, poniendo el acento en que la víctima llegó a denunciar hasta en ocho ocasiones antes de obtener una sentencia condenatoria que imponía una orden de alejamiento, medida que, según se ha expuesto, el acusado incumplía.
La abogada de la acusación particular ha lamentado que la mujer siguió todos los pasos previstos en los protocolos de protección frente a la violencia de género y la violencia vicaria, pero, pese a ello, dichas medidas no bastaron para impedir el desenlace mortal.
En cuanto a la defensa, su escrito acepta la autoría de los hechos pero discrepa de la calificación jurídica y reclama que se tenga en cuenta una eximente por alteración psíquica grave.
El letrado de oficio del acusado ha avanzado que, a lo largo de la práctica de la prueba en el juicio, se analizará el grado de imputabilidad de E.M. a partir de los informes psicológicos incorporados a la causa, y ha reiterado la intención de su cliente de intentar reparar en parte el daño abonando a los familiares de las víctimas una parte de sus ingresos penitenciarios.