El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos' ha recibido la petición del empresario investigado Claudio Rivas, socio del conseguidor también imputado Víctor de Aldama, para prestar declaración de forma voluntaria y, de forma paralela, ha solicitado nueva documentación a varias compañías señaladas en la causa.
En un escrito remitido al juez Santiago Pedraz, el empresario vinculado a Villafuel, la sociedad en torno a la cual se articula la investigación, ha pedido que se fije su “declaración voluntaria” para “la última semana de noviembre, siempre que sea posible”.
De aceptarse esa fecha por parte del instructor, la comparecencia coincidiría con la semana de las elecciones, circunstancia que, según el letrado de Rivas, “obedece a motivos de salud” del propio abogado.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula en más de 200 millones de euros el posible fraude fiscal que se habría generado alrededor de esta presunta red vinculada a los hidrocarburos.
Rivas no solo figura en este procedimiento: el pasado mes de junio, Pedraz propuso enviarle a juicio junto a otros investigados por un supuesto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021, en el marco del denominado 'caso Gaslow'.
En esta misma pieza, el juez ha requerido a las sociedades Armeria Argali y Cacera Concejo que remitan contratos, extractos y movimientos bancarios, así como las razones por las que la mercantil Agarrobvio Unipessoal habría transferido 765.745 euros a dos cuentas de dichas firmas, la última de ellas gestionada por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.
Pedraz trata de esclarecer si parte del dinero procedente del presunto fraude terminó en cuentas portuguesas y las distintas operaciones realizadas con esos fondos una vez en Portugal, entre ellas el eventual retorno del capital a empresas españolas, la compra de criptomonedas y el envío de dinero a terceros países.