El tribunal del jurado que desde este lunes juzgaba a J.J.S.A. por la muerte a cuchilladas de su esposa en 2022 en Escalona (Toledo), cuando la mujer estaba embarazada y a punto de dar a luz, ha considerado por unanimidad al acusado culpable de los delitos de asesinato y aborto.
Igualmente por unanimidad, los nueve miembros del jurado han rechazado la aplicación del beneficio de la suspensión de la pena y del indulto, y han aceptado que concurran dos atenuantes —uno de ellos el de confesión— y dos agravantes —parentesco y género—.
Tras conocerse el veredicto, el Ministerio Fiscal, después de modificar su escrito de conclusiones, ha solicitado para el procesado 22 años de prisión por el delito de asesinato y seis años por el delito de aborto, atendiendo a la gravedad y relevancia de los hechos.
Asimismo, la Fiscalía ha pedido que, una vez cumplida la pena de cárcel, se le imponga libertad vigilada, la prohibición de acercarse a sus dos hijos y la retirada de la patria potestad sobre ellos. En concepto de responsabilidad civil, mantiene que el acusado indemnice a cada uno de sus dos hijos menores con 120.000 euros, y con 40.000 euros a cada uno de los hermanos y a los padres de la víctima.
La representante del Ministerio Público ha reiterado su oposición a que se suspenda la ejecución de la pena, al entender que para delitos de esta naturaleza el ordenamiento no contempla esa posibilidad.
Por su parte, la defensa de J.J.S.A. ha reclamado al magistrado que imponga “el menor porcentaje de pena posible” dentro de la horquilla de entre 15 y 25 años prevista en el Código Penal, y ha admitido que no procede solicitar la remisión de la condena.
Relato de los hechos
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, J.J.S.A. estaba casado con M.E.B.C., de 34 años, y convivían en una vivienda de Escalona junto a los dos hijos menores que tenían en común, A., de 13 años, y B., de 14 años.
Según la acusación, M.E.B.C. mantenía una relación extramatrimonial —conocida y asumida por el acusado— con M.A.G., de quien, en el momento de los hechos, se encontraba embarazada, en la semana 40 de gestación.
Sobre las 19.00 horas del 28 de diciembre de 2022, y tras varios intentos fallidos por temor a posibles represalias de su marido, M.E.B.C. decidió abandonar el domicilio conyugal junto a sus dos hijos para irse a vivir con M.A.G., por lo que hicieron las maletas y comenzaron a cargarlas en el coche.
El fiscal sostiene que el acusado no aceptaba que su esposa le dejase y, alrededor de las 20.00 horas de ese mismo día, cuando los menores se encontraban fuera de la vivienda sacando sus pertenencias, cerró la puerta de la casa con la intención de matarla, o asumiendo que ese resultado podía producirse, y con ello provocar también el aborto del feto que gestaba.
Ya en el patio delantero de la vivienda, y de forma repentina y sorpresiva, aprovechando la falta de capacidad de reacción de la víctima, el escrito del Ministerio Público describe que el procesado asestó a M.E.B.C. ocho puñaladas en la zona abdominal y en la espalda. A consecuencia de estas heridas, la mujer falleció, al igual que el feto, pese a que los servicios sanitarios que acudieron al lugar le practicaron una cesárea de urgencia e intentaron reanimarlo.
Las cuchilladas que el acusado propinó a M.E.B.C. fueron dos en la región infraescapular izquierda, otra bajo la zona deltoidea izquierda, tres en el abdomen izquierdo y dos heridas incisas en el tercio inferior del antebrazo izquierdo, ninguna de ellas con signos de carácter defensivo.
El fiscal añade que, tras la agresión, el acusado, “guiado por el desprecio hacia su esposa y su falta de voluntad de respetar su libre decisión de reanudar su vida sentimental”, se dirigió a ella insultándola porque iba “tener un hijo con otro”.
A continuación, el procesado arrojó el cuchillo al patio de la vivienda colindante con el propósito de deshacerse del arma, aunque reconoció ante su hijo A. que era el autor del asesinato y del aborto, diciéndole que “se lo tenía merecido”, y lo reconoció igualmente ante su hija B. y el vecino P.C.C.
Acto seguido pidió que llamaran a la Guardia Civil, admitiendo que sabía perfectamente lo que había hecho y que no pensaba ir “a ninguna parte”. El acusado permanece en prisión provisional por estos hechos desde el 30 de diciembre de 2022.