Interpol ha arrestado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) al empresario Alejandro Hamlyn, responsable del grupo Hafesa, cuya firma fue declarada culpable en un procedimiento por fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, vista oral a la que él no acudió al encontrarse huido. Hamlyn mantiene además vínculos con la exmilitante del PSOE Leire Díez, considerada una figura central en una presunta red destinada a desactivar causas judiciales que pudieran perjudicar a dirigentes socialistas y al Ejecutivo.
Según ha avanzado “The Objective” y han ratificado a Europa Press fuentes policiales, la detención se produjo este lunes y ya se han puesto en marcha los trámites de extradición, un procedimiento que podría prolongarse varios meses.
En paralelo, fuentes judiciales han explicado a Europa Press que sobre el empresario pesaba una solicitud de extradición cursada por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el marco de la causa de hidrocarburos, después de que no compareciera al juicio, quedando dicha petición a la espera de que se produjera su arresto.
El nombre de Hamlyn saltó a la palestra tras hacerse públicos unos audios de una reunión por videoconferencia en la que el empresario intervenía desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos) junto a Leire Díez, en la que la exmilitante hablaba de recabar pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal José Grinda.
En ese encuentro telemático, el empresario vasco se mostró dispuesto a aportar información comprometida contra la UCO y, en contrapartida, Díez mencionó posibles favores en el ámbito judicial, de acuerdo con las grabaciones difundidas. No obstante, ambos desmintieron posteriormente esos extremos.
Los audios de dicha reunión dieron origen a la primera pieza del “caso Leire Díez” en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde el magistrado Arturo Zamarriego imputó a la exmilitante, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol como presuntos responsables de delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Esa investigación fue enviada hace poco al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que incorporó esta línea relativa a presuntas maniobras contra la UCO, jueces y fiscales a las diligencias sobre la supuesta trama dirigida a neutralizar procedimientos judiciales que afectarían al PSOE y al Gobierno, así como a los presuntos amaños en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Por otra parte, la Audiencia Nacional impuso el pasado noviembre una multa a la compañía Hafesa Energía y condenas de prisión a 14 personas por un fraude fiscal en el IVA de hidrocarburos por 154 millones de euros entre 2016 y 2019.