El partido Iustitia Europa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra su decisión de no paralizar el derecho al voto de los hijos de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' en las elecciones generales del 29 de noviembre, advirtiendo de que su participación en las urnas puede tener “efectos sobre el resultado”.
Así lo expone el letrado y presidente de la formación, Luis María Pardo, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que impugna la resolución dictada este lunes por el alto tribunal, que rechazó ampliar la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados al amparo de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.
En dichos autos, el Supremo indicó que suspender el voto a los hijos de los 'nietos' “resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral” y que, “por todo ello”, la ponderación de los intereses en juego “debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales”.
Pardo se remite al voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Hernando en ese auto para subrayar que “la ampliación podía llevarse a efecto mediante requerimientos inmediatos y comprobaciones apoyadas en la documentación disponible sobre los progenitores”.
“Una vez celebradas las elecciones y contabilizados los sufragios, la rectificación posterior del censo puede resultar inútil para reparar sus efectos sobre el resultado”, subraya el abogado en su recurso.
Ese era “el perjuicio que debía confrontarse con las dificultades administrativas invocadas”, sostiene Pardo, “porque acepta ese riesgo y, sin embargo, deniega la protección sin justificar por qué los requerimientos inmediatos, las comprobaciones sucesivas y el régimen de custodia ya acordado no permitían evitarlo”.
La rectificación del censo puede ser “inútil”
En esta línea, Iustitia Europa insiste en que “una vez celebradas las elecciones y contabilizados los sufragios, la rectificación posterior del censo puede resultar inútil para reparar sus efectos sobre el resultado”.
El partido recalca que “la dimensión del colectivo examinado”, cercano a las 190.000 personas, “puede resultar decisiva allí donde la adjudicación del último escaño dependa de diferencias reducidas y repercutir, por esa vía, en la composición de las Cortes Generales y en las mayorías parlamentarias”.
“La determinación de ese riesgo requiere conocer cuántas de las personas afectadas figuran en el censo aplicable y en qué circunscripciones están inscritas. Precisamente por ello, la falta de identificación y desglose refuerza la necesidad de las comprobaciones solicitadas”, añade el escrito.
Para Pardo, “el reducido porcentaje de participación registrado en anteriores convocatorias no permite descartar de antemano una incidencia relevante sobre el resultado”, ya que “la eventual alteración alcanzaría a la representación política del conjunto de los ciudadanos, y su reparación quedaría seriamente comprometida una vez contabilizados los sufragios”.
“De ahí que la ponderación cautelar deba atender a la posible repercusión provincial de las inscripciones controvertidas y asegurar que la sentencia conserve eficacia sobre el proceso electoral al que se refiere”, concluye el presidente de Iustitia Europa.
Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este martes que su partido analizará con detalle la resolución del Tribunal Supremo que rechaza la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' y que plantearán al alto tribunal “aclaraciones”.