El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha decidido no imputar por ahora al PSOE y aguardar a la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración del exdirigente socialista Santos Cerdán, después de que el PP solicitara formalmente que el partido fuese investigado.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez razona que, aunque los hechos descritos en la causa "pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad".
El criterio del instructor coincide con el de la Fiscalía Anticorrupción, que este miércoles emitió un informe en el que consideraba prematuro atribuir la condición de investigado a la formación socialista, si bien apreciaba indicios de posibles conductas delictivas en la presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, supuestamente liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
"Lo cierto es que con lo actuado no se acredita lo que se viene denominando un 'principio de prueba' para atribuir la condición de investigado", subraya el magistrado, que detalla que el principio de prueba "es un dato, elemento o fuente objetiva que proporciona un apoyo mínimo a la realidad del hecho afirmado", es decir, que "no demuestra el hecho, pero le da una base objetiva".
El juez añade que "habría que valorar la eventual e indiciaria atribución de responsabilidad criminal al PSOE por los delitos presuntamente cometidos" por Cerdán y por la gerente del partido, Ana María Fuentes, igualmente investigada en el procedimiento.
Cuestiones a aclarar y análisis de documentación
En este contexto, Pedraz entiende que, antes de plantearse la imputación del PSOE, es preciso esclarecer "qué poderes reales tenía Santos Cerdán dentro de la estructura del partido"; "quién autorizó y ejecutó los pagos investigados en la causa" a Leire Díez y a otros implicados, supuestamente a cambio de sus servicios; "qué controles internos existían"; "si hubo fallos relevantes en los mecanismos de supervisión" y "si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas", extremos que, por el momento, no se han determinado.
Para despejar estas dudas, el instructor prevé practicar nuevas pruebas, como la declaración de Cerdán y el examen de la documentación intervenida tanto en la sede del partido como en el domicilio del exsecretario de Organización y de otros investigados, entre ellos los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
Pedraz pretende igualmente comprobar si los pagos a Leire Díez y a otros integrantes de la supuesta red "fueron ordenados y satisfechos" por Cerdán "desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquel y la estructura patrimonial" de la presunta organización criminal.
Asimismo, busca concretar "quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago; quién autorizó o validó internamente el gasto; si intervino el departamento financiero o contable" y "si los órganos de administración conocieron los pagos", entre otras cuestiones que aún deben dilucidarse.
La acusación popular unificada, encabezada por el PP, reclamó la imputación del PSOE al entender que las diligencias ya practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta trama "por indicación" de Santos Cerdán.
En su escrito, el PP atribuía al PSOE la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.