Una piedra más en el zapato del PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios contra el partido en el ‘caso Leire Díez’, aunque entiende que todavía es prematuro solicitar la imputación del partido. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press en el marco de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La causa investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a abogados, entre otros, por presuntamente obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El Ministerio Público ha comunicado a Pedraz que aprecia indicios contra el partido, pero considera que antes de plantear su imputación deben practicarse las diligencias que todavía están pendientes, entre ellas la declaración de Cerdán.
La Fiscalía ha trasladado esta posición dos días después de que Pedraz le solicitara un informe sobre la petición del PP para imputar al PSOE por presunta financiación ilegal, entre otros delitos. El juez también pidió al partido que le remitiera la “relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política”.
¿Qué dice el PP?
Los ‘populares’ sostienen que las actuaciones practicadas “confirman” que el partido “sufragó” los gastos de la presunta “organización criminal por indicación” de Cerdán. En concreto, el PP pidió atribuir al PSOE la condición de investigado como presunto responsable de delitos de cohecho y tráfico de influencias, así como de blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos en relación con la presunta malversación de caudales públicos cometida indiciariamente por sus dirigentes.
La acusación sostiene que la presunta organización, “bajo el liderazgo” de Santos Cerdán, habría realizado ofrecimientos a funcionarios públicos para influir en su desempeño profesional y desarrollado actuaciones dirigidas a “destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido”.
El PP también señala que la presunta organización habría intentado influir sobre testigos relevantes, entre ellos la empresaria Carmen Pano, que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE; habría tratado de “desacreditar, neutralizar y condicionar” la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y habría abonado aproximadamente 20.000 euros a un medio de comunicación afín, Crónica Libre, presuntamente con cargo a las subvenciones electorales públicas recibidas por el partido.