Seis personas se enfrentarán este jueves 5 de noviembre a un juicio en Oviedo por varios delitos, entre ellos prostitución coactiva, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. La vista oral se celebrará en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en la capital asturiana, a partir de las 10.00 horas.
Según el escrito de la Fiscalía, los principales procesados son una pareja que, desde julio de 2019, habría gestionado varios pisos alquilados en Mieres, Oviedo, León y Badajoz, donde explotaban y obtenían beneficios del ejercicio de la prostitución de mujeres, en su mayoría de origen sudamericano. Estas mujeres habrían abandonado sus países por la precariedad económica y la búsqueda de mejores oportunidades.
Para el hombre, el Ministerio Público reclama 23 años de prisión por delitos contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva, maltrato de obra, lucro con la prostitución ajena, delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. La misma pena de 23 años de cárcel se solicita para su pareja. Además, hay otros cuatro procesados a los que se les atribuyen distintos delitos relacionados con estos hechos.
De acuerdo con la acusación, las mujeres aceptaban unas duras condiciones laborales debido a su situación de necesidad y a la urgencia de conseguir ingresos, circunstancias que presuntamente eran aprovechadas por los acusados en su propio beneficio. Debían permanecer disponibles las 24 horas del día y solo podían salir de las viviendas, en las que vivían y trabajaban, un máximo de 45 minutos diarios, con una permanencia mínima de 3 semanas en cada piso.
Las víctimas habrían sido forzadas a atender a numerosos clientes de forma consecutiva, sin margen para el descanso, lo que les provocaba un intenso agotamiento. Tampoco podían invocar enfermedad, cansancio o la menstruación para rechazar la prestación de servicios.
Parte de los encuentros se realizaban en los domicilios de los clientes, y era el acusado 1 quien se encargaba de llevar personalmente a las mujeres hasta esos lugares. Asimismo, las mujeres tenían que suministrar a los clientes que lo pidieran estupefacientes (cocaína) y viagra, productos que, según la Fiscalía, les facilitaban los acusados.
El ejercicio de la actividad por parte de las mujeres estaba sometido a un estricto control por los investigados, que habrían instalado cámaras de videovigilancia en los pisos, supervisando las imágenes desde sus teléfonos móviles. Para captar clientela, los acusados insertaban anuncios de las mujeres en páginas de contactos, donde se ofrecían sus servicios.
Ninguna de las afectadas contaba con contrato de trabajo ni estaba dada de alta en la Seguridad Social. Además, la acusación sostiene que mantuvieron a varias mujeres en activo durante el periodo de cierre decretado por la pandemia de COVID-19, incumpliendo las restricciones y prohibiciones vigentes y exponiéndolas a un riesgo añadido para su salud.