Consejo de Ministros: un real decreto-ley y nueve reales decretos

Consulte todos los acuerdos aprobados en la reunión del 3 de noviembre de 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz | Europa Press

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Esta semana el Consejo de Ministros ha efectuado UN nombramiento.

 

¿QUIÉN ES?

 

En Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación:

 

  • Embajador de España en Cabo Verde, Juan Manglano Aboín.

 

 

AL BOE: UN REAL DECRETO-LEY Y NUEVE REALES DECRETOS.

 

¿QUÉ REGULAN?

 

El Real Decreto-ley:

 

El establecimiento de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y de medidas para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia.

 

  • La norma moviliza 30 millones de euros para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda el 28 de octubre de 2026.
  • Se destinan 15 millones a ayudas urgentes y otros 15 millones a anticipos de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil.
  • En caso de fallecimiento, se prevé una ayuda directa de 72.121 euros y una cantidad equivalente como anticipo de la indemnización. Para lesiones corporales, las cuantías varían según su gravedad.
  • Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil y estarán exentas de tributación.
  • Las bajas laborales derivadas del accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica. También se establecen reglas especiales para las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, cuando resulten más favorables para las personas beneficiarias.
  • Se crean Oficinas de Atención Integral a las víctimas, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, para facilitar la tramitación de ayudas y anticipos.
  • Además, se introduce un mecanismo de limitación temporal de precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia, aplicable, entre otros, a los transportes alternativos y al alojamiento durante la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

 

Los Reales Decretos:

 

A propuesta de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

 

  • Unifica en un único texto reglamentario la regulación de la participación institucional, las prestaciones económicas, la asistencia sanitaria, las subvenciones y el retorno de la ciudadanía española residente en el exterior.
  • Define la condición de persona española retornada y crea el certificado correspondiente, que facilitará el acceso a las políticas y programas de retorno.
  • Incorpora medidas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y, especialmente, a las víctimas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior.
  • Actualiza la regulación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y aumenta de 43 a 51 el número de sus miembros electos.
  • Regula las funciones de la Oficina Española del Retorno, que prestará servicios de información, orientación y acompañamiento, con posibilidad de extender su actividad mediante puntos de atención en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
  • Prevé que el Gobierno apruebe en el plazo de un año la regulación de una ayuda económica para facilitar el retorno de personas españolas de origen en situación de vulnerabilidad.

 

 

A propuesta de Sanidad y Trabajo y Economía Social, la modificación del RD 1146/2006, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

 

  • Actualiza las condiciones de trabajo de los residentes, reforzando las garantías sobre jornada, descansos, retribuciones y prevención de riesgos laborales.
  • La jornada ordinaria no podrá superar, como media, las 35 horas semanales en cada semestre, salvo que un acuerdo, pacto o convenio establezca otro sistema de cómputo.
  • La suma de jornada ordinaria y guardias no podrá superar las 45 horas semanales de promedio trimestral.
  • Cada guardia tendrá una duración máxima de 17 horas. Se garantizan descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y de 24 horas semanales ininterrumpidas.
  • Como regla general, podrán realizarse cuatro módulos de guardia mensuales, ampliables excepcionalmente por razones docentes justificadas. También se permitirá su ampliación voluntaria hasta siete módulos, con consentimiento expreso y revocable del residente.
  • Se establece un complemento de formación calculado sobre el sueldo base, con porcentajes mínimos que aumentarán progresivamente desde el 18 % en el primer año hasta el 58 % en el quinto.
  • Se refuerzan las medidas de prevención de riesgos laborales, especialmente frente a riesgos psicosociales, agresiones y efectos de las ampliaciones de jornada.
  • Las modificaciones relativas a la jornada serán aplicables desde el 1 de septiembre de 2027 y las retributivas desde el 1 de enero de ese año.

 

A propuesta de Sanidad, Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica y Reto Demográfico, la regulación del registro y de las condiciones de autorización, fabricación, comercialización y uso de biocidas.

 

  • Completa la aplicación del Reglamento europeo sobre comercialización y utilización de biocidas y regula el Registro Oficial de Biocidas.
  • Establece las condiciones de inscripción de los establecimientos y servicios en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, cuya gestión corresponderá a las CCAA.
  • Actualiza los requisitos de fabricación, almacenamiento, envasado, etiquetado y comercialización de estos productos.
  • Sustituye el Libro Oficial de Movimiento de Biocidas por un sistema de registro de transacciones para los productos de mayor peligrosidad.
  • Refuerza las exigencias de formación del personal profesional encargado de realizar tratamientos y las obligaciones de conservación de documentación durante cinco años.
  • La norma entrará en vigor el 1 de julio del año siguiente al de su publicación en el BOE.

 

A propuesta de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Interior, la modificación del RD 1052/2022, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones.

 

  • Refuerza las obligaciones de implantación y funcionamiento efectivo de las zonas de bajas emisiones establecidas por los municipios.
  • Exige acreditar documentalmente la entrada en vigor de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su potencial contaminante.
  • Obliga a aplicar los sistemas de control, monitorización y seguimiento necesarios para verificar el cumplimiento de las restricciones.
  • Las ordenanzas municipales deberán contemplar y aplicar efectivamente el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico, evitando moratorias que retrasen su eficacia.
  • La modificación pretende impedir que las zonas de bajas emisiones se limiten a una delimitación territorial carente de medidas reales de reducción de la contaminación.

 

A propuesta de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y Juventud e Infancia, el establecimiento de criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y en centros privados destinados a personas en situación de dependencia o con necesidades especiales.

 

A propuesta de Transportes y Movilidad Sostenible, la concesión directa de subvenciones a la Real Sociedad Geográfica y al Observatorio del Ebro durante 2026.

 

A propuesta de Educación, Formación Profesional y Deportes, la regulación de la estructura y funcionamiento del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

 

A propuesta de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave en el sistema de la Seguridad Social.

 

  • Actualiza y sistematiza la regulación de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME).
  • Desarrolla las mejoras introducidas por el RD-l 31/2026, entre ellas la ampliación de la protección para determinadas personas mayores de 26 años con dependencia de grado III o discapacidad igual o superior al 65 %.
  • Permite que ambos progenitores puedan percibir la prestación simultánea o alternativamente en los supuestos previstos en la norma.
  • Flexibiliza la alternancia de la percepción del subsidio entre progenitores, especialmente en situaciones de custodia compartida.
  • Amplía el periodo inicial de reconocimiento de la prestación de dos a seis meses y las prórrogas sucesivas de cuatro a ocho meses.
  • Actualiza el listado de enfermedades graves, incorporando, entre otras, el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.
  • Permite compatibilizar la prestación con la escolarización del menor y con la realización de prácticas formativas, siempre que subsista la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.
  • Prevé una guía técnica de valoración y acreditación de la necesidad de cuidados para favorecer una aplicación homogénea de la prestación.

 

A propuesta de Transformación Digital y Función Pública, la adopción de medidas para impulsar la tecnología DAB+ en el servicio de radiodifusión sonora digital terrestre.

 

  • La norma impulsa la implantación de la tecnología DAB+, que mejora la calidad y robustez de las emisiones radiofónicas y permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.
  • Introduce funcionalidades como el Sistema de Alerta Automática de Seguridad, que permitirá recibir avisos de emergencia e información específica sobre zonas afectadas.
  • RTVE deberá alcanzar progresivamente una cobertura del 80 % de la población en un plazo de 30 meses, así como del 70 % de las autopistas y autovías.
  • En una primera fase, la adopción de DAB+ será obligatoria para los operadores de ámbito estatal, mientras que los autonómicos y locales podrán incorporarla voluntariamente.
  • Posteriormente, cada comunidad autónoma determinará la fecha de implantación obligatoria en su ámbito territorial.
  • La norma no exige el apagado de las actuales emisiones DAB ni la sustitución general de las redes existentes.

 

 

 

OTROS ACUERDOS:

 

 

DEFENSA CELEBRARÁ DOS CONTRATOS POR IMPORTE DE 3.740,8 MILLONES DE EUROS.

 

¿CON QUÉ OBJETO?

 

  • La adquisición de sistemas que proporcionen una capacidad robusta de posicionamiento, navegación y tiempo a las Fuerzas Armadas, por importe de 2.302,8 millones de euros.
  • La modernización y el desarrollo evolutivo de las plataformas aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, por importe de 1.438 millones de euros.

 

El Departamento de Margarita Robles celebrará, además, cuatro acuerdos marco por importe total de 421,4 millones de euros: el de servicios de seguridad privada para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, por importe de 102,2 millones de euros; el de adquisición de sonoboyas y material asociado al sistema de armas de patrulla marítima, por importe de 20 millones de euros; el de adquisición de munición de artillería de campaña de 155 milímetros de alcance extendido, por importe de 269,2 millones de euros; y el de suministro de material pirotécnico, de búsqueda y rescate y de instrucción, por importe de 30 millones de euros.

 

Además, se autoriza la tercera enmienda al contrato del programa de obtención de helicópteros multipropósito MH-60R de la Armada, por importe de 37,9 millones de euros.

 

Finalmente, la ministra ha dado cuenta de una declaración de emergencia por importe de 500.000 euros para reparar daños ocasionados por los terremotos de agosto en los torreones de un edificio de la Base Aérea de Armilla, en Granada.

 

EL GOBIERNO APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 2026-2031.

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

 

  • Establece una hoja de ruta para avanzar hacia un sistema educativo que garantice la inclusión, la equidad y la calidad de la enseñanza para todo el alumnado.
  • Se organiza en nueve ámbitos de actuación dirigidos a eliminar barreras de acceso, presencia, participación y aprendizaje en los centros educativos.
  • Refuerza la colaboración entre los centros de educación especial y los centros ordinarios, promoviendo que los primeros actúen también como centros de referencia y apoyo.
  • Plantea una organización más flexible de los recursos de apoyo al alumnado en los centros ordinarios.
  • Incorpora objetivos de accesibilidad universal, prevención de la segregación escolar, refuerzo de plantillas docentes y formación inicial y permanente del profesorado.
  • El Plan tiene carácter estratégico y no normativo, no modifica el marco competencial vigente y contará con un sistema de seguimiento y evaluación periódica.

 

EL GOBIERNO APRUEBA LA PROPUESTA INICIAL DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI.

 

¿QUÉ COMPRENDE?

 

  • La incorporación de 2.259 hectáreas al parque nacional, lo que supondría incrementar su superficie en un 16,25 %.
  • La incorporación de otras 3.577 hectáreas a su zona periférica de protección, junto con determinados ajustes de sus límites.
  • La actuación pretende reforzar la conservación de ecosistemas de alta montaña, pastizales alpinos, humedales y formaciones de origen glaciar, así como mejorar la conectividad ecológica y la protección de especies amenazadas.
  • La propuesta ha sido elaborada conjuntamente por Transición Ecológica y la Generalitat de Cataluña.
  • Su aprobación constituye un paso previo para continuar la tramitación de la ampliación, que deberá materializarse mediante una ley de las Cortes Generales.

 

 

INCLUSIÓN CELEBRARÁ DOS CONTRATOS DE SERVICIOS INFORMÁTICOS POR IMPORTE DE 153,3 MILLONES DE EUROS.

 

¿QUÉ CONTRATOS?

 

  • El contrato de servicios informáticos para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social que dan servicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, por valor estimado de 130,4 millones de euros.
  • El contrato de servicios de seguridad de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, por valor estimado de 22,9 millones de euros.

 

Asimismo, la ministra Elma Saiz da cuenta de la ampliación de una declaración de emergencia por importe de 26,2 millones de euros para la prestación de servicios, ejecución de obras y adquisición de suministros esenciales destinados a atender las necesidades básicas de las personas migrantes llegadas a Ceuta.

 

Además, el Departamento tramitará de forma urgente el proyecto de RD por el que se modifica el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

 

 

TRANSPORTES CELEBRARÁ TRES CONTRATOS DE OBRAS POR IMPORTE TOTAL DE 83,1 MILLONES DE EUROS.

 

¿QUÉ OBRAS?

 

  • La rehabilitación estructural y superficial del firme de la autovía A-4 a su paso por Andújar, en Jaén, por valor estimado de 22,5 millones de euros.
  • La rehabilitación del firme de la autovía A-23 en el tramo Nuevo Acceso Norte-límite provincial con Huesca, en Zaragoza, por valor estimado de 12,2 millones de euros.
  • La prolongación del muelle 9 y el relleno del muelle 8 para crear una nueva explanada polivalente en el puerto de Málaga que amplíe la superficie para operaciones logísticas y de almacenamiento, por valor estimado de 48,4 millones de euros.

 

VIVIENDA CONVOCARÁ AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL POR IMPORTE DE 45 MILLONES DE EUROS.

 

¿CON QUÉ FIN?

 

  • Financiar actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con cargo al programa del 2 % cultural.
  • La autorización permite al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana realizar la correspondiente convocatoria de ayudas.

 

CULTURA CONVOCARÁ AYUDAS SELECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES POR IMPORTE DE 37 MILLONES DE EUROS.

 

¿A QUÉ SE DESTINAN?

 

  • A financiar proyectos cinematográficos de especial valor cultural, social o artístico, obras documentales o experimentales y producciones que incorporen nuevos realizadores.
  • Las ayudas serán convocadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en régimen de concurrencia competitiva.
  • La ayuda máxima será de 800.000 euros por proyecto, ampliable a un millón en el caso de películas de animación.
  • Se reservará un mínimo del 40 % del presupuesto para proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres y se establecerán porcentajes específicos para documentales, animación, obras experimentales y determinadas coproducciones internacionales.

 

Además, el ministro Urtasun da cuenta de una declaración de emergencia por importe máximo de 641.923,88 euros para reparar daños en el Colegio Español “Luis Vives”, de Larache, Marruecos.

 

EL GOBIERNO AUTORIZA LA CONVOCATORIA DE BECAS ICEX PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL POR IMPORTE DE 18 MILLONES DE EUROS.

 

¿CON QUÉ FINALIDAD?

 

  • Financiar la convocatoria correspondiente a la 52.ª promoción del Programa de Becas ICEX para la Internacionalización Empresarial.
  • La autorización permite asumir compromisos de gasto y resolver las concesiones de ayudas anuales correspondientes al periodo 2027-2031.

 

EL GOBIERNO AUTORIZA LA FIRMA Y APLICACIÓN PROVISIONAL DE UN ACUERDO PARA ESTABLECER UNA OFICINA A DISTANCIA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN ESPAÑA.

 

¿DE QUÉ SE TRATA?

 

  • El acuerdo permitirá establecer en España un centro operativo de servicios de tecnologías de la información del Fondo Monetario Internacional.
  • Su finalidad es reforzar la presencia de esta institución financiera internacional en España y facilitar el desarrollo de sus actividades operativas y tecnológicas.

 

INTERIOR CELEBRARÁ UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA LAS AERONAVES DE LA GUARDIA CIVIL POR IMPORTE DE 15,5 MILLONES DE EUROS.

 

Asimismo, el ministro Marlaska da cuenta de dos declaraciones de emergencia por importe total de 8,2 millones de euros: la contratación en régimen de alquiler de dispositivos para comprobar la identidad de los electores que utilicen el DNI digital en las elecciones generales del 29 de noviembre, por importe de 7 millones de euros; y la reparación del muro perimetral de las pistas de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada, por importe de 1,2 millones de euros.

 

ECONOMÍA DA CUENTA DE DOS DECLARACIONES DE EMERGENCIA POR IMPORTE TOTAL DE 5,7 MILLONES DE EUROS.

 

¿PARA QUÉ ACTUACIONES?

 

  • La contratación de servicios periciales por el Consorcio de Compensación de Seguros para valorar los daños ocasionados por la serie sísmica registrada en Granada, por importe de 4,1 millones de euros.
  • La contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los servicios de impresión, ensobrado y transporte de la documentación electoral destinada a los electores residentes en el extranjero, con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, por importe máximo de 1,6 millones de euros.

 

EXTERIORES REALIZARÁ CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS POR IMPORTE TOTAL DE 896.500 EUROS.

 

¿A FAVOR DE QUIÉN?

 

  • De la OCDE, para apoyar el programa Inspectores Fiscales sin Fronteras y mejorar la medición estadística de la Ayuda Oficial al Desarrollo, por importe de 249.000 euros,
  • Del PNUD, para apoyar actuaciones del programa Inspectores Fiscales sin Fronteras 2.0, destinadas a reforzar las capacidades tributarias de los países en desarrollo, por importe de 451.000 euros,
  • De la Asociación de Estados del Caribe, la OCDE, UNIDROIT y  la Corte Penal Internacional, principalmente para promover el uso del español y la cooperación jurídica internacional, por importe conjunto de 196.500 euros.

 

EL GOBIERNO TOMA RAZÓN DEL ACUERDO PARA TRAMITAR ANTE LA COMISIÓN EUROPEA LA QUINTA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC 2023-2027.

 

¿CON QUÉ ALCANCE?

 

  • La actuación permitirá continuar la tramitación de la solicitud de modificación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España.

 

Además, el Gobierno autoriza a la Comisión Gestora de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias a adoptar medidas para adaptar transitoriamente el uso de su patrimonio a fines de interés agrario, mientras se produce su liquidación definitiva.

 

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES CELEBRARÁ UN CONTRATO PARA CONSTRUIR EL NUEVO EDIFICIO JUDICIAL DE CIUTADELLA DE MENORCA POR IMPORTE DE 20,7 MILLONES DE EUROS.

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

 

  • En la construcción de una nueva sede judicial que permitirá reunir los órganos y servicios actualmente distribuidos en diferentes inmuebles del municipio.
  • El edificio se levantará sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Ciutadella y contará con criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad y eficiencia energética.

 

Asimismo, el Gobierno aprueba los criterios de distribución para 2027 de los recursos obtenidos por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública afectados a los fines establecidos en la LECrim.

 

 

HACIENDA AUTORIZARÁ UNA TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, TRES SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, LA ADQUISICIÓN DE COMPROMISOS DE GASTO, LÍMITES Y MODIFICACIONES DE LÍMITES PARA ADQUIRIR COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS A VARIOS ORGANISMOS.

 

¿A CUÁLES?

 

La transferencia de crédito:

 

  • Al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para atender insuficiencias en el concepto «Farmacia» del presupuesto de MUFACE, por importe de 60 millones de euros.

 

 

Los suplementos de crédito:

 

  • Al SEPE, para financiar gastos del Sistema de Formación Profesional para el Empleo correspondientes a 2026, por importe de 111,7 millones de euros.
  • Al SEPE, para financiar planes de contratación de personas desempleadas por órganos de la Administración General del Estado en Ceuta y Melilla, por importe de 25 millones de euros.
  • A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para ajustar la dotación destinada al complemento de productividad durante 2026 a lo previsto en una Orden del Ministerio de Hacienda de 3 de septiembre de 2026.

 

La adquisición de compromisos de gasto:

 

  • Al Instituto de la Juventud, para tramitar un contrato del servicio de tarjetas comedor destinado al personal del organismo.

 

Los límites de gasto:

 

  • Al Ministerio de Cultura, para tramitar anticipadamente una convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo de lucro destinadas a la acción y promoción cultural en 2027.
  • Al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para efectuar una transferencia al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música destinada al desarrollo de actuaciones con Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la Formación Profesional.
  • Al Ministerio de Sanidad, para tramitar subvenciones a universidades públicas destinadas a financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Grado en Medicina durante el curso 2026-2027.
  • Al Ministerio de Sanidad, para financiar durante 2027 las ayudas del Plan Veo destinadas a la adquisición de sistemas de ayuda visual por personas menores de 16 años.

 

 

Las modificaciones de límites de gasto:

 

  • Al Ministerio de Trabajo y Economía Social, para tramitar diversos contratos relativos a “Material, suministros y otros”.
  • A la DGPOL, para tramitar contratos de asistencia sanitaria y manipulación de mercancías y suministros de licencias informáticas, entre otros.
  • A la DGGC, para tramitar diversos expedientes relacionados con el mantenimiento de edificios, elementos de transporte y sistemas informáticos.
  • Al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para tramitar contratos relativos a gastos corrientes en bienes y servicios y realizar inversiones.
  • A la Confederación Hidrográfica del Segura, para financiar diversas actuaciones con cargo al capítulo de “Inversiones reales”.
  • Al Centro de Estudios Jurídicos, para tramitar nuevos gastos con cargo al capítulo de “Gastos corrientes en bienes y servicios”.
  • Al Ministerio de Sanidad, para ajustar los compromisos de gastos corrientes y prorrogar el convenio de gestión del Plan Veo con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.
  • Al Ministerio de Industria y Turismo, para reprogramar financieramente el programa EUROMALE RPAS, sin modificar el importe total del préstamo concedido.
  • Al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para tramitar diversos compromisos de gastos corrientes en bienes y servicios.
  • Al Ministerio de Defensa, para reprogramar y tramitar expedientes de armamento, material e infraestructura, incluidos sistemas de vigilancia espacial y actuaciones relativas a helicópteros CH-47F.
  • A la Dirección General de Fondos Europeos, para conceder incentivos regionales destinados a fomentar la actividad empresarial en zonas de promoción económica durante 2027-2030.
  • Al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para tramitar diversos expedientes de gastos corrientes en bienes y servicios de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

 

 

INFORMES:

 

  • Transportes da cuenta del informe sobre las actuaciones consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el 28 de octubre de 2026.
  • Política Territorial da cuenta del informe actualizado sobre la situación en Ceuta a fecha de 2 de noviembre de 2026.

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CONTENIDO GENERADO CON IA

¿En qué estado parlamentario se encuentra el real decreto-ley de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y cuáles son los próximos pasos para su convalidación definitiva?

A fecha de 4 de noviembre de 2026, el real decreto-ley de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, pero no consta todavía su convalidación parlamentaria. El siguiente hito es el debate y la votación en la Diputación Permanente del Congreso, dado que las Cortes están disueltas. No se ha localizado una fecha anunciada para esa votación.

Qué está confirmado

El Gobierno aprobó la norma el 3 de noviembre, según la comunicación oficial de Moncloa. El paquete moviliza 30 millones de euros: 15 millones para ayudas urgentes y otros 15 millones para anticipar indemnizaciones por responsabilidad civil. Incluye protección especial de Seguridad Social, oficinas de atención integral y limitaciones temporales de precios de transportes alternativos y alojamiento.

Sin embargo, las fuentes consultadas no permiten identificar el número del real decreto-ley ni acreditar su publicación concreta en el BOE, su fecha de entrada en vigor o su remisión parlamentaria. Por tanto, el estado que puede afirmarse es aprobación gubernamental confirmada y convalidación aún no acreditada, sin atribuirle una fase parlamentaria más avanzada.

La comparecencia de Óscar Puente ante la Diputación Permanente anunciada para el 3 de noviembre tenía por objeto explicar el accidente y las actuaciones del Ministerio, según Demócrata. Esa comparecencia no debe confundirse con el debate específico para convalidar el decreto-ley: informar sobre la gestión del siniestro no sustituye la votación constitucionalmente exigida.

Cuáles son los próximos pasos

  1. Publicación y remisión. Debe quedar identificado el texto publicado en el BOE y su remisión al Congreso. La aprobación por el Consejo de Ministros, por sí sola, no permite fijar cuándo comienzan a aplicarse las medidas: hay que atender a la cláusula de entrada en vigor de la norma.
  2. Convocatoria del debate. Corresponde organizar la sesión de la Diputación Permanente que incluya expresamente la convalidación o derogación del decreto-ley. Este órgano asume esa competencia mientras el Congreso está disuelto.
  3. Debate y votación de totalidad. Se decide si se mantiene o se deroga el texto aprobado por el Gobierno, sin modificar sus artículos en esa votación. La convalidación requiere mayoría simple: más votos favorables que contrarios.
  4. Publicación del acuerdo. Tras la decisión parlamentaria, se publica el acuerdo correspondiente. Si se convalida, el decreto-ley mantiene su vigencia; si se deroga, deja de estar vigente, sin que ello permita concluir automáticamente qué ocurre con cada ayuda o situación ya reconocida.

Plazo y significado de la convalidación

El artículo 86 de la Constitución establece un plazo de treinta días desde la promulgación para decidir expresamente sobre la convalidación o derogación. No procede dar una fecha límite exacta utilizando únicamente la noticia de aprobación del 3 de noviembre: falta identificar la promulgación de este decreto-ley.

Además, las nuevas Cámaras están convocadas para constituirse el 23 de diciembre, conforme al decreto de convocatoria electoral. El control de esta norma no debe aplazarse hasta entonces: la Diputación Permanente permite resolverlo durante la disolución.

Finalmente, convalidar no exige pasar por el Senado. Una eventual tramitación como proyecto de ley sería una decisión distinta, destinada a permitir modificaciones posteriores, no un requisito adicional para completar la convalidación. En las fuentes consultadas tampoco consta que se haya acordado esa tramitación para Urda.

¿Qué competencias y funciones tiene un embajador de España según la ley, y cuál ha sido la trayectoria profesional y política de Juan Manglano Aboín?

Un embajador de España representa al Estado, dirige la misión diplomática y coordina la actuación de la Administración española en el país de destino, siguiendo las directrices del Gobierno. Juan Manglano Aboín tiene una trayectoria fundamentalmente diplomática y funcionarial: ingresó en la Carrera Diplomática en 2010 y el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento como embajador en Cabo Verde el 3 de noviembre de 2026.

Competencias y funciones legales

La referencia principal es la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Su artículo 44 establece que el embajador ostenta la «representación y máxima autoridad de España ante el Estado receptor». Representa al conjunto de la Administración del Estado y ejerce la jefatura superior del personal de la misión.

El artículo 44 remite a las funciones de las misiones diplomáticas enumeradas en el artículo 42.4:

  • Representación: actuar ante las autoridades del Estado receptor en nombre de España.
  • Protección: defender los intereses españoles y los de sus nacionales dentro de los límites del derecho internacional. La misión ejerce funciones consulares mediante su sección consular cuando no existen oficinas consulares o están en otra ciudad.
  • Negociación: negociar con el Gobierno del país de destino.
  • Información: conocer las condiciones y la evolución de los acontecimientos del país y trasladar esa información al Gobierno español.
  • Relaciones bilaterales: fomentar las relaciones amistosas y desarrollar la cooperación en los distintos ámbitos de la acción exterior.
  • Coordinación europea: cooperar con la representación exterior de la Unión Europea para identificar, defender y promover sus intereses y objetivos.

Además, el embajador supervisa, coordina e impulsa las unidades de la misión y puede proponer al Gobierno prioridades de actuación. El Servicio Exterior también presta asistencia a ciudadanos y empresas españolas. Esta dirección debe conciliarse con la dependencia orgánica y funcional de las unidades especializadas respecto de sus respectivos ministerios.

No determina autónomamente la política exterior: depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y recibe una carta de instrucciones con las directrices gubernamentales. Debe respetar el derecho español, europeo e internacional y las leyes del Estado receptor. Su designación y cese se acuerdan mediante real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro; el Rey lo acredita mediante cartas credenciales. El Congreso puede solicitar su comparecencia para conocer los objetivos de la misión.

Trayectoria de Juan Manglano Aboín

Según el perfil publicado por Demócrata, es licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas. Ingresó como funcionario en la Carrera Diplomática en 2010. Sus destinos exteriores conocidos incluyen:

  • Segunda jefatura de la Embajada de España en Nairobi, Kenia.
  • Representante permanente adjunto de España ante ONU-Hábitat.
  • Secretario de embajada responsable de asuntos consulares en Yakarta, Indonesia.
  • Consejero para Asuntos de Desarme en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra.

En los servicios centrales de Exteriores fue subdirector general de Asuntos Jurídicos Consulares y desempeñó distintos cometidos en la Dirección General para África y en el Gabinete del Ministro. Desde septiembre de 2024 ocupaba la dirección del Gabinete Técnico del subsecretario, etapa recogida también por The Diplomat, antes de su designación para Cabo Verde.

Sobre su trayectoria política, en las fuentes consultadas no consta afiliación pública, cargos electivos ni responsabilidades partidistas. Su trabajo en gabinetes ministeriales no acredita por sí mismo militancia política. Tampoco consta una etapa profesional en empresas privadas. Su experiencia documentada combina asuntos consulares y jurídicos, África, representación multilateral, desarme y gestión ministerial.

¿Qué requisitos legales deben cumplir los municipios para la implantación efectiva de las zonas de bajas emisiones según la normativa estatal?

Los municipios deben implantar una ZBE operativa y justificada: no basta con delimitarla o anunciarla. El marco estatal exige restricciones proporcionadas, un proyecto técnico, participación pública, control y evaluación de resultados. Las normas centrales son el artículo 14.3 de la Ley 7/2021 y el Real Decreto 1052/2022, con las modificaciones de la Ley 9/2025.

1. Municipios obligados y planificación

La obligación comprende a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes cuando superen los valores límite de contaminación del Real Decreto 102/2011. La Ley 7/2021 fijó su establecimiento antes de 2023, integrado en planes de movilidad urbana sostenible coherentes con los planes de calidad del aire existentes.

Estos planes deben acompañar las restricciones con movilidad peatonal y ciclista, mejora del transporte público, electrificación y medidas para el reparto y los desplazamientos al trabajo sostenibles.

2. Proyecto previo y justificación

Antes del establecimiento debe elaborarse un proyecto con el contenido mínimo del anexo I.A del real decreto. Debe incluir:

  • Perímetro, superficie, población expuesta, diagnóstico de contaminación, fuentes emisoras y características del parque circulante.
  • Objetivos cuantificables, medidas, calendario, alternativas y estimación de las mejoras esperadas.
  • Justificación de la extensión, las restricciones y las excepciones, acreditando su necesidad y proporcionalidad.
  • Sistema de control, análisis jurídico y memoria económica sobre presupuesto, mercado y competencia.
  • Impactos sociales, de género y discapacidad, especialmente sobre grupos vulnerables, y un plan de comunicación, participación y seguimiento.
3. Objetivos y restricciones efectivas

La superficie debe ser suficiente para cumplir los objetivos. El proyecto debe mejorar la calidad del aire respecto de la situación inicial y permitir cumplir los límites legales; si se superan, debe contribuir a alcanzarlos en el menor tiempo posible. También debe fijar objetivos medibles de reducción de gases de efecto invernadero para 2030, coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, e incorporar los objetivos acústicos aplicables.

Las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento utilizarán la clasificación ambiental del Reglamento General de Vehículos, afectando prioritariamente a los más contaminantes. Las excepciones requieren justificación y no pueden impedir alcanzar los objetivos. Además, la normativa municipal debe incluir objetivos anuales mínimos de puntos de recarga dentro y fuera de la ZBE.

4. Aprobación, participación y funcionamiento

El proyecto debe someterse a información pública durante al menos treinta días, anunciada en la web municipal. Su regulación debe establecer jurídicamente las obligaciones y restricciones, prever el control de accesos, circulación y estacionamiento y aplicar el régimen sancionador de tráfico. Los accesos deben estar claramente señalizados.

En el plazo máximo de un mes desde el establecimiento, debe comunicarse el contorno, horarios y vehículos permitidos a la DGT y a las autoridades autonómicas de tráfico. También debe informarse al ministerio y al órgano autonómico ambientales sobre delimitación, medidas, calendario e indicadores.

5. Seguimiento, revisión y garantías

Es obligatorio mantener seguimiento continuo, también en áreas colindantes, y modificar el proyecto si se desvía de sus objetivos. Deben medirse, como mínimo, dióxido de nitrógeno, uso del automóvil y proporción de vehículos cero emisiones. El proyecto se revisará a los tres años y después, al menos, cada cuatro; cada cuatro años se publicará un informe de resultados con información accesible como datos abiertos.

Cualquier retroceso respecto de una ZBE existente exige informe ambiental autonómico previo. Asimismo, deben respetarse las excepciones estatales, como el acceso de vehículos de auxilio inscritos que comuniquen una operación de asistencia. La posibilidad de establecer una tasa de circulación es facultativa, no un requisito de implantación.

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