Los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco han denunciado que la Junta de Extremadura, gobernada por PP y Vox, ha utilizado de manera "sesgada", "parcial" y "torticera" sus investigaciones para justificar la protección de la Cruz de los Caídos de Cáceres, un monumento levantado durante la Guerra Civil y vinculado históricamente a la exaltación del franquismo. Ambos investigadores sostienen que el Ejecutivo autonómico ha tergiversado sus conclusiones para respaldar el expediente que busca declarar la cruz Bien de Interés Cultural (BIC), una iniciativa que se enfrenta a la orden de retirada impulsada por el Gobierno central en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
Según han explicado ambos especialistas en declaraciones a El País, sus trabajos académicos aparecen citados en la resolución publicada por la Junta el pasado 18 de agosto, pese a que sus investigaciones defienden una interpretación contraria a la utilizada por la Administración. "Han deformado mi trabajo", ha denunciado Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia de España. Por su parte, Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, ha cuestionado que se utilicen sus estudios para fundamentar una protección patrimonial que considera injustificada.
Los historiadores acusan a la Junta de manipular sus conclusiones
La controversia se centra en el contenido del expediente abierto por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de Extremadura, que incorpora referencias a los trabajos de ambos investigadores para contextualizar el origen y las características arquitectónicas del monumento. Sin embargo, los historiadores consideran que la documentación oficial selecciona fragmentos de sus estudios mientras omite las conclusiones que relacionan directamente la cruz con la exaltación de la dictadura franquista.
En el caso de César Rina, autor de La construcción de la memoria franquista en Cáceres. Héroes, espacio y tiempo para un nuevo Estado (1936-1941), la resolución autonómica sostiene que el investigador lamentaba la pérdida de documentación, especialmente gráfica, relacionada con el monumento. Una afirmación que Rina rechaza al asegurar que existen numerosas pruebas documentales sobre su planificación, construcción, inauguración y utilización durante el franquismo. "Es radicalmente falso", ha afirmado el historiador, quien explica que su trabajo únicamente menciona la desaparición de un álbum fotográfico concreto, pero no una pérdida generalizada de archivos históricos.
Por su parte, Miguel Ángel del Arco, autor de Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021), cuestiona que la Junta utilice fragmentos de su investigación para relacionar las características arquitectónicas de la cruz con el racionalismo. Según el especialista, su estudio sostiene precisamente que los monumentos franquistas estaban alejados de esta corriente arquitectónica, rechazada ideológicamente por el régimen. Ambos investigadores consideran que esta interpretación permite reforzar artificialmente el valor artístico y patrimonial del monumento y han presentado alegaciones contra el expediente de declaración como BIC.
Una cruz inaugurada en 1938 para homenajear a los vencedores de la Guerra Civil
La Cruz de los Caídos de Cáceres, situada en la plaza de América, fue inaugurada en mayo de 1938, en plena Guerra Civil, después de que el Ayuntamiento acordara su construcción en septiembre de 1937. El monumento fue concebido como un homenaje a los fallecidos del bando sublevado y contenía inscripciones vinculadas a la simbología franquista, con referencias al levantamiento militar del 18 de julio de 1936, a Francisco Franco y a los lemas utilizados por la dictadura. Su inauguración contó con la presencia de Pilar Primo de Rivera, responsable de la Sección Femenina de Falange.
Durante décadas, el enclave acogió actos conmemorativos y homenajes relacionados con el régimen franquista. En 1984, el Ayuntamiento de Cáceres eliminó las inscripciones de exaltación de la dictadura, una intervención que la Junta de Extremadura considera determinante para interpretar su significado actual. La resolución autonómica defiende que aquella modificación transformó sustancialmente la percepción pública del monumento y permitió desvincular su valoración patrimonial de su función política original.
No obstante, Rina y Del Arco rechazan que la eliminación de los símbolos haya borrado el significado histórico de la cruz. Los investigadores recuerdan que el monumento continuó siendo escenario de actos de homenaje al franquismo durante la Transición y sostienen que sigue representando una memoria vinculada a los vencedores de la Guerra Civil. En este sentido, denuncian que el expediente autonómico omite las referencias de sus investigaciones a las víctimas de la represión franquista y a las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas que reclaman su retirada.
La Junta de Extremadura niega haber tergiversado los estudios
Ante las acusaciones, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura ha rechazado que exista una utilización indebida de las investigaciones. El departamento autonómico sostiene que las referencias a Rina y Del Arco se incorporaron exclusivamente como fuentes historiográficas para contextualizar la cronología, las características formales y la función inicial de este tipo de monumentos, sin atribuir a los autores un respaldo a su declaración como Bien de Interés Cultural.
La Administración regional defiende que el procedimiento se fundamenta en dos informes técnicos elaborados por otros especialistas, en los que se examinan los valores históricos, documentales, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos y sociales de la cruz. Asimismo, la directora general de Patrimonio Cultural, Adela Rueda, ha reivindicado la solvencia técnica del expediente y ha recordado que la apertura del procedimiento no supone automáticamente la declaración definitiva del monumento como BIC.
La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 18 de agosto argumenta que la cruz posee valor patrimonial por su monumentalidad, diseño geométrico, permanencia en su ubicación original y relevancia dentro del paisaje urbano de Cáceres. La Junta sostiene, además, que su significado actual es compatible con los valores constitucionales después de la retirada de las inscripciones franquistas.
El Gobierno central reclama retirar la cruz y se opone a su protección
La polémica se produce después de que el Gobierno de España incluyera la Cruz de los Caídos de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenara su retirada del espacio público. El Ejecutivo central considera que el monumento continúa representando una exaltación de los vencedores de la Guerra Civil y que su permanencia resulta contraria a los principios establecidos en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática también ha presentado alegaciones contra la iniciativa de la Junta y cuestiona que el monumento reúna los valores patrimoniales excepcionales necesarios para recibir la máxima protección autonómica. Además, sostiene que la retirada de las inscripciones franquistas en 1984 no eliminó su función conmemorativa original y advierte de que la apertura del expediente de protección, posterior a la orden estatal de retirada, podría constituir una desviación de poder.
El procedimiento ha generado posiciones enfrentadas entre las organizaciones sociales. Mientras asociaciones memorialistas como ARMHEX y AMECECA reclaman la retirada de la cruz, entidades como Hazte Oír y Abogados Cristianos han defendido su conservación.
Por ahora, la Cruz de los Caídos de Cáceres no ha sido declarada definitivamente Bien de Interés Cultural. La Junta mantiene abierto el expediente, que acumula más de un centenar de alegaciones y cuenta con un plazo máximo de tramitación de 16 meses. Paralelamente, el Ayuntamiento de Cáceres ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden de retirada del Gobierno central, por lo que el futuro del monumento continúa pendiente de los procedimientos administrativos y judiciales abiertos.