El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) con la que pretende que la Junta garantice que cualquier prueba para determinar la edad de menores migrantes no acompañados se realice de forma estrictamente acorde a la doctrina del Tribunal Supremo, “con motivación individualizada y respeto al principio de proporcionalidad”.
La iniciativa del PSOE reclama, además, que se evite solicitar estas pruebas de manera sistemática o indiscriminada y que se elabore y difunda un protocolo claro y accesible que fije los criterios objetivos para recurrir a ellas en casos concretos.
El texto registrado plantea igualmente que el Ejecutivo autonómico remita cada trimestre a las Cortes información pormenorizada sobre las pruebas efectuadas, sus conclusiones, los costes asociados y las autorizaciones judiciales o del Ministerio Fiscal, así como que se forme de manera específica al personal encargado de la protección de menores en materia de interés superior del menor y jurisprudencia aplicable.
La PNL llega tras las declaraciones del pasado lunes del vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, quien confirmó que el Gobierno autonómico seguirá la senda abierta en Extremadura y Aragón con la preparación de planes de retorno y repatriación de menores no acompañados y con la verificación de su edad.
En paralelo, el Grupo Socialista ha registrado quince preguntas dirigidas al Ejecutivo autonómico para que detalle cuántos casos reales de personas adultas tuteladas como menores se han detectado en Castilla y León en los últimos cinco años, cuál será el coste de la medida anunciada por Pollán, qué aval científico tiene, qué garantías se ofrecerán a las personas afectadas y con qué competencias prevé ponerla en marcha.
La portavoz de Desregulación y Familia del Grupo Socialista, Carmen Iglesias, ha reclamado a la Junta que deje de utilizar a los menores migrantes como herramienta de confrontación política y ha apelado directamente al Gobierno de Castilla y León para que actúe con pleno respeto al Estado de Derecho.
Carmen Iglesias ha mostrado su “profunda preocupación” ante el riesgo de que unas pruebas que la Ley y la jurisprudencia contemplan “como absolutamente excepcionales” se conviertan ahora “en una práctica sistemática, indiscriminada y con fines políticos”.
La procuradora socialista ha subrayado que la doctrina del Tribunal Supremo “es “clara y está plenamente consolidada” desde 2014 y establece que un menor con pasaporte o documentación oficial válida “no puede ser sometido a pruebas médicas de determinación de edad salvo que existan indicios concretos, razonados y debidamente motivados de que esa documentación no es fiable”.
Ha añadido que el Alto Tribunal exige que cualquier decisión esté basada en un juicio individualizado de proporcionalidad y ha incidido en que la mera apariencia física no basta por sí sola para poner en duda la edad de un menor ni para someterle a exploraciones médicas.
“Estas garantías no son opcionales, constituyen una obligación legal derivada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la protección reforzada que reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño al interés superior del menor”, ha defendido la socialista.
Iglesias ha reprochado a la Junta que no haya precisado qué criterios objetivos permitirán justificar las pruebas que pretende aplicar a los menores migrantes no acompañados, qué protocolo operativo se seguirá o qué salvaguardas jurídicas acompañarán su ejecución. “Esa ausencia de concreción alimenta la preocupación de que la medida responda más a una estrategia política vinculada al debate sobre el reparto de menores que a una necesidad real acreditada por datos objetivos”, ha explicado.