La Comisión Europea ha remitido un dictamen motivado al Gobierno español para exigirle que complete la incorporación a la legislación nacional de las normas comunitarias que refuerzan la protección de los empleados frente a los riesgos derivados de la exposición al amianto. Si España no adapta su marco legal, Bruselas está dispuesta a elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y a pedir la imposición de una sanción económica al país.
Este paso supone la segunda fase de un procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene igualmente abierto contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia, al no haber comunicado todavía las medidas necesarias para transponer de forma completa la normativa europea dentro del plazo fijado, que concluyó en diciembre de 2021, aunque determinadas previsiones pueden aplicarse hasta 2029.
Tal y como subrayan los servicios comunitarios en una nota oficial, el amianto es una sustancia cancerígena de alto riesgo, a la que se atribuye aproximadamente el 75% de los casos de cáncer de origen laboral en la Unión Europea.
En este marco, la directiva comunitaria sobre protección de los trabajadores fija requisitos específicos para reforzar la seguridad de los empleados frente a este material peligroso.
Entre las obligaciones que ya deberían haberse incorporado a las leyes nacionales figura la rebaja del umbral máximo de exposición profesional al amianto hasta una décima parte del nivel anterior (de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico), apoyándose en los avances científicos y tecnológicos más recientes.
El procedimiento se inició en enero de 2026, cuando Bruselas remitió cartas de emplazamiento a unos diez Estados miembros. Desde entonces, cuatro de ellos han adoptado medidas para corregir el incumplimiento, mientras que los otros seis, entre los que se encuentra España, continúan sin atender plenamente las modificaciones exigidas por la Comisión.
Tras este nuevo aviso, se abre un plazo de dos meses para que las autoridades adopten las “medidas necesarias” y, “de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras”.