El Ministerio de Asuntos Exteriores ha intensificado los trabajos en la red consular española para cumplir el ultimátum del Tribunal Supremo sobre la denominada ley de nietos. El departamento que dirige José Manuel Albares ha ordenado a las oficinas consulares trabajar durante este fin de semana, ha puesto a su disposición personal de las embajadas y ha autorizado las solicitudes de refuerzo de plantilla con el objetivo de recopilar la identidad de los 163.020 ciudadanos nacionalizados que podrían verse afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La decisión llega después de que el Alto Tribunal concediera al Gobierno cinco días para entregar la relación nominal de los afectados, un plazo que finalizará el miércoles 28 de octubre a las 15.00 horas. La información deberá remitirse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral.
Según han confirmado fuentes de Exteriores a Europa Press, el Ministerio ha trasladado a todos los consulados que resulta imprescindible completar la documentación dentro del plazo judicial. Además, asegura que desde los primeros requerimientos se suspendieron los permisos y las vacaciones del personal consular y se estableció esta tarea como prioritaria.
Los consulados trabajan a contrarreloj para revisar más de 163.000 expedientes
La principal dificultad reside en identificar qué ciudadanos obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática y cuáles cumplen los requisitos establecidos por el Supremo para poder votar.
El tribunal acordó en septiembre suspender cautelarmente el derecho al sufragio de determinados beneficiarios de la conocida como ley de nietos, salvo que acreditaran mediante un certificado consular su condición de descendientes de españoles exiliados por los motivos contemplados en la legislación.
Los últimos datos trasladados al Supremo reflejan que solo se han revisado 31.390 expedientes y se han expedido 91 certificados que cumplen las condiciones exigidas. Esta diferencia evidencia la magnitud del trabajo pendiente cuando faltan poco más de cinco semanas para las elecciones.
La revisión presenta además dificultades técnicas. Según informa El País, 16 oficinas consulares concentran más del 80% de los casos, muchos de ellos registrados en expedientes que no están digitalizados o que requieren una comprobación manual. Entre las sedes con mayor carga de trabajo figuran las de La Habana, Buenos Aires, Rosario, Ciudad de México y Caracas.
El propio Albares reconoció esta semana que resultaría "muy difícil" completar las comprobaciones a tiempo, aunque defendió que el Gobierno estaba movilizando todos los recursos disponibles.
El Supremo amenaza con multas de 1.000 euros a Bolaños y Albares
El refuerzo de personal se produce después de que el Tribunal Supremo endureciera sus advertencias a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares por la demora en la entrega de los listados.
En sus últimos autos, la Sala considera incomprensible que la Administración conozca el número exacto de nacionalizados afectados y todavía no haya facilitado su identificación individual. Los magistrados recuerdan que esta información resulta esencial para determinar qué ciudadanos pueden ejercer el voto en las elecciones del 29N.
Si el Ejecutivo no cumple el requerimiento antes del miércoles, el tribunal podrá imponer multas coercitivas de 1.000 euros a los ministros responsables, reiterarlas mientras persista el incumplimiento e iniciar actuaciones para valorar posibles responsabilidades penales. Estas consecuencias no serían automáticas, sino que dependerían de las decisiones judiciales posteriores.
Qué ocurre con el derecho al voto de los beneficiarios de la ley de nietos
La controversia afecta a ciudadanos españoles residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
El Supremo ha establecido que, para ejercer el voto en las generales, los afectados deberán acreditar mediante certificación consular que cumplen los requisitos relacionados con el exilio de sus ascendientes. Estar inscrito en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) no garantiza, por sí solo, que puedan votar.
La situación ha generado incertidumbre entre los electores y las propias oficinas consulares, que deben compatibilizar la revisión extraordinaria de expedientes con su actividad administrativa habitual.
Con el plazo judicial a punto de expirar, Exteriores trata de acelerar la entrega de los datos mediante refuerzos de personal y jornadas extraordinarias de trabajo. El próximo 28 de octubre será una fecha decisiva para determinar si el Gobierno consigue atender la exigencia del Supremo o se expone a nuevas medidas judiciales en plena precampaña electoral.