El Tribunal Supremo ha lanzado un ultimátum al Gobierno a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo de cinco días a los ministros Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y José Manuel Albares, responsable de Asuntos Exteriores, para que entreguen la relación nominal de los 163.020 ciudadanos nacionalizados al amparo de la denominada ley de nietos que podrían verse afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto.
Según informa El Mundo, el requerimiento figura en dos autos del Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Antonio Narváez, en los que se reprocha al Ejecutivo que todavía no haya facilitado la identidad de los afectados pese a conocer el número exacto de personas inscritas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). La documentación deberá remitirse tanto al Supremo como a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral antes de las 15.00 horas del miércoles 28 de octubre.
El tribunal advierte de que, si el Gobierno incumple nuevamente la orden, podría imponer multas coercitivas de 1.000 euros a los ministros responsables, reiterables hasta que se facilite la información, e iniciar las actuaciones necesarias para determinar si existe alguna responsabilidad penal. Esta última posibilidad no supone una imputación automática, sino que requeriría la tramitación judicial correspondiente.
Solo 91 certificados expedidos de los 31.390 expedientes revisados
La controversia está relacionada con la aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que abandonaron el país por motivos políticos, ideológicos o de persecución.
El Supremo acordó en septiembre medidas cautelares que condicionan el ejercicio del voto de un grupo de beneficiarios de esta vía de nacionalización a la acreditación de determinados requisitos vinculados al exilio de sus ascendientes.
Sin embargo, el proceso de comprobación avanza lentamente. De acuerdo con la documentación facilitada al tribunal, hasta el 21 de octubre se habían revisado 31.390 expedientes, pero los registros consulares únicamente habían expedido 91 certificados que acreditaban el cumplimiento de las condiciones exigidas. La cifra representa aproximadamente el 0,3% de los expedientes examinados, un porcentaje que refleja las dificultades de verificación cuando apenas quedan cinco semanas para la celebración de los comicios.
La Sala considera especialmente preocupante que todavía no se haya entregado la lista completa de afectados, ya que esa información resulta necesaria para garantizar la correcta elaboración del censo electoral y comunicar a los ciudadanos cuál es su situación.
El Supremo cuestiona la demora del Gobierno ante el 29N
Los magistrados muestran su malestar por la falta de avances después de más de un mes de requerimientos. Según recoge El Mundo, el tribunal considera incomprensible que la Administración no haya identificado todavía a las 163.020 personas afectadas, especialmente porque sus datos ya fueron utilizados para tramitar los correspondientes expedientes de nacionalidad.
La Sala recuerda que ha sido la propia Abogacía del Estado la que ha proporcionado el número exacto de ciudadanos incluidos en este supuesto. Por ello, cuestiona que el Ejecutivo disponga de la cifra global, pero no haya trasladado la identificación individual de los electores.
Además, el Supremo ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral informar expresamente a los españoles residentes en el extranjero afectados de que su inscripción en el CERA no garantiza por sí sola que puedan votar el 29 de noviembre.
En estos casos, los ciudadanos deberán contar con la certificación consular que acredite que cumplen los requisitos establecidos por las medidas cautelares. La situación introduce un elemento de incertidumbre para miles de personas que adquirieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática.
Bolaños y Albares defienden que están trabajando para cumplir la orden
Desde el Gobierno sostienen que la recopilación de los datos solicitados es una tarea compleja, debido al elevado número de expedientes y a la necesidad de coordinar la información de los registros civiles y los consulados españoles en el extranjero.
Tras conocerse el nuevo requerimiento, Félix Bolaños aseguró que su departamento ya había trasladado el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral toda la documentación y los nombres de los que disponía, procedentes de los registros civiles digitalizados.
El ministro también defendió que el Ejecutivo lleva semanas realizando todos los esfuerzos posibles para atender las peticiones judiciales y anunció que Exteriores reiteraría las instrucciones a los consulados para intentar completar la información dentro del nuevo plazo.
Por su parte, el departamento de José Manuel Albares asegura que tanto el Ministerio como la red consular están trabajando desde el primer requerimiento del Supremo y que intensificarán las gestiones para responder a la última resolución. La decisión judicial cuenta, además, con el voto particular de la magistrada Alicia Millán, que ya había manifestado su oposición a la suspensión cautelar del derecho al voto de estos ciudadanos.
Con el 28 de octubre como fecha límite, el Gobierno afronta ahora una nueva exigencia del Supremo en plena precampaña electoral. El resultado de las gestiones será determinante para aclarar la situación de los miles de nacionalizados por la ley de nietos cuyo derecho a participar en las elecciones generales del 29N permanece condicionado por las medidas judiciales.