La Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantienen abierta una investigación por presuntos delitos de fraude y malversación de fondos públicos relacionados con el mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el corredor ferroviario en el que se han registrado los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado un balance conjunto de 115 víctimas mortales en apenas nueve meses. Las pesquisas, iniciadas tras el primer siniestro, se centran en determinar cómo se adjudicaron determinados contratos de Adif, qué empresas resultaron beneficiarias y si los fondos europeos destinados a las actuaciones ferroviarias se utilizaron correctamente.
Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado fuentes de la Fiscalía Europea a Europa Press, la investigación se encuentra en una fase avanzada y los responsables del procedimiento esperan que puedan producirse novedades importantes durante las próximas semanas. Los agentes de la UCO llevan meses recopilando documentación sobre contratos, concursos públicos y adjudicaciones vinculadas al mantenimiento de la infraestructura, mientras los fiscales europeos examinan si existen indicios suficientes para identificar a posibles responsables de las irregularidades investigadas.
La investigación adquiere especial relevancia después del accidente ferroviario de Urda, ocurrido el miércoles 28 de octubre y que deja 69 fallecidos, apenas nueve meses después del siniestro de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron otras 46 personas. Sin embargo, las diligencias sobre el presunto fraude en los contratos son independientes de las investigaciones judiciales abiertas para esclarecer las causas de ambos accidentes, y por el momento no existe una conclusión que permita establecer una relación entre las posibles irregularidades económicas y las tragedias ferroviarias.
La Fiscalía Europea investiga desde marzo los contratos de mantenimiento del AVE Madrid-Sevilla
La Fiscalía Europea confirmó oficialmente el 20 de marzo de 2026 la apertura de una investigación por un posible fraude relacionado con fondos comunitarios utilizados para el mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En su comunicado, el organismo precisó que las sospechas se concentraban inicialmente en las actuaciones realizadas en las proximidades del punto kilométrico 318,7, situado cerca de Adamuz, donde se produjo el accidente ferroviario de enero.
Las pesquisas se pusieron en marcha de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, después de que el Ministerio Público europeo tuviera conocimiento de que determinadas intervenciones en la infraestructura podían haber recibido financiación procedente de la Unión Europea. Desde entonces, dos fiscales europeos trabajan junto con agentes de la UCO de la Guardia Civil para reconstruir el proceso de contratación y comprobar el destino del dinero público. El mismo grupo policial participa también en las diligencias relacionadas con el accidente de Adamuz, lo que facilita la coordinación entre investigaciones que, aunque diferentes, afectan a una misma infraestructura ferroviaria.
Según las fuentes citadas por La Vanguardia, los investigadores han solicitado a Adif, como organismo responsable de los contratos, documentación sobre los procedimientos de licitación, las empresas adjudicatarias y las condiciones en las que se ejecutaron los trabajos. El objetivo es determinar si los fondos europeos fueron empleados en las actuaciones para las que habían sido concedidos o si pudieron producirse irregularidades constitutivas de delitos de fraude o malversación de caudales públicos.
La Fiscalía Europea tiene competencias para investigar delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que su actuación se concentra en las operaciones que afectan al presupuesto comunitario. En este procedimiento, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ejerce como juez de garantías, encargado de autorizar las medidas judiciales que lo requieran, mientras los fiscales europeos dirigen las diligencias de investigación.
La UCO prepara nuevos pasos en la investigación y analiza posibles responsables
Las últimas informaciones apuntan a que la Fiscalía Europea está ultimando una primera fase de análisis de contratos y adjudicaciones, después de varios meses examinando documentación relacionada con las obras y el mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla. Los investigadores pretenden determinar qué personas intervinieron en los procedimientos administrativos, qué empresas recibieron los contratos y si existen indicios de irregularidades en la utilización de los fondos públicos.
Según las fuentes de la investigación consultadas por La Vanguardia, el procedimiento se ha convertido en una cuestión de "máxima prioridad" para los fiscales europeos, especialmente después del segundo accidente ferroviario registrado en el corredor. La Fiscalía también cuenta con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para analizar aspectos económicos y administrativos de las adjudicaciones.
Entre las próximas actuaciones podría encontrarse la identificación de personas cuya participación en los contratos deba ser investigada con mayor profundidad. No obstante, la Fiscalía Europea todavía no ha anunciado públicamente nuevas imputaciones ni ha concretado qué adjudicaciones podrían presentar irregularidades. La existencia de estas diligencias tampoco implica que las empresas adjudicatarias o los responsables administrativos hayan cometido delitos, ya que será necesario determinar si existen pruebas de una actuación fraudulenta.
La investigación se desarrolla mediante un procedimiento diferente al de las causas penales ordinarias dirigidas por un juez instructor español. En el ámbito de la Fiscalía Europea, los fiscales delegados asumen la dirección de las pesquisas y solicitan al juez de garantías la autorización de aquellas actuaciones que requieren intervención judicial, como determinados registros o medidas restrictivas de derechos.
Contratos de Adif por más de 136 millones para renovar la alta velocidad Madrid-Sevilla
Uno de los antecedentes relevantes de la investigación es el programa de renovación de la línea Madrid-Sevilla impulsado por Adif durante los últimos años. En septiembre de 2021, el Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad autorizó la adjudicación de tres contratos por un importe conjunto de 136.422.294,81 euros, IVA incluido, destinados a modernizar distintos sistemas de seguridad, señalización y funcionamiento de la infraestructura ferroviaria.
La actuación de mayor importe, valorada en aproximadamente 94 millones de euros, contemplaba la renovación de instalaciones de señalización, sistemas de protección de trenes, detectores de caída de objetos y telecomunicaciones. Entre sus principales objetivos figuraba la implantación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), una tecnología destinada a mejorar la supervisión de la circulación y la interoperabilidad de las redes de alta velocidad.
Los otros contratos comprendían la renovación de los circuitos de vía y la sustitución de 63 desvíos ferroviarios, elementos esenciales para detectar la ocupación de los tramos y permitir que los trenes cambien de una vía a otra. Según explicó Adif al anunciar las adjudicaciones, el objetivo de estas intervenciones era aumentar la capacidad de la línea y mejorar su disponibilidad, fiabilidad y regularidad.
Las actuaciones formaban parte de un programa más amplio de modernización de la primera línea de alta velocidad inaugurada en España, que entró en servicio en 1992. Las autoridades habían previsto la posibilidad de utilizar financiación europea en diferentes proyectos de renovación, incluidos trabajos de mejora estructural, acondicionamiento de la infraestructura y modernización de instalaciones ferroviarias.
La existencia de estos contratos y su financiación no demuestra que se haya producido un fraude. Tampoco se ha confirmado públicamente que los tres contratos adjudicados en 2021 constituyan, en su totalidad, el objeto de las pesquisas de la Fiscalía Europea. Se trata de antecedentes relevantes para conocer las inversiones realizadas en el corredor, mientras los investigadores continúan delimitando las adjudicaciones concretas bajo sospecha.
Las adjudicaciones abarcan etapas de Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente
La revisión documental podría alcanzar contratos adjudicados durante las etapas de José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, debido al periodo temporal que abarcan las actuaciones de mantenimiento y renovación de la línea Madrid-Sevilla.
Ábalos dirigió el departamento hasta julio de 2021, cuando fue sustituido por Raquel Sánchez, que permaneció en el cargo hasta noviembre de 2023. Desde entonces, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está encabezado por Óscar Puente. Los investigadores examinan las adjudicaciones y los procesos administrativos desarrollados en ese periodo para determinar qué decisiones se adoptaron y cómo se gestionaron los recursos destinados a la infraestructura.
El hecho de que los contratos correspondan a diferentes etapas ministeriales no significa que los tres responsables políticos tengan la condición de investigados en este procedimiento. Por el momento, las diligencias conocidas se centran en la revisión de la contratación pública y en la posible utilización irregular de fondos europeos, sin que se hayan anunciado responsabilidades penales contra los titulares del departamento por estos hechos.
La investigación también se desarrolla en un contexto en el que Adif ha aparecido en otras causas judiciales relacionadas con adjudicaciones públicas, como las diligencias vinculadas al denominado caso Koldo. En este último procedimiento, instruido en la Audiencia Nacional, han sido investigados antiguos responsables del administrador ferroviario, incluida su expresidenta Isabel Pardo de Vera.
No obstante, la investigación europea sobre el mantenimiento del AVE Madrid-Sevilla constituye un procedimiento diferente, por lo que no pueden trasladarse automáticamente las sospechas o responsabilidades de una causa a otra. Será el resultado de las diligencias el que permita determinar si existieron irregularidades concretas en los contratos ferroviarios examinados.
Dos accidentes en nueve meses: las investigaciones de Adamuz y Urda siguen abiertas
Las pesquisas sobre el mantenimiento de la infraestructura han adquirido una nueva dimensión después de que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla haya registrado dos graves accidentes ferroviarios en apenas nueve meses. El primero ocurrió el 18 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba, y provocó la muerte de 46 personas, además de numerosos heridos. El segundo se produjo el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, donde la colisión entre dos trenes de alta velocidad de Renfe e Iryo ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales.
Ambos siniestros están siendo investigados en procedimientos judiciales independientes. El accidente de Adamuz se encuentra bajo la instrucción de un juzgado de Montoro (Córdoba), mientras que las diligencias relacionadas con la tragedia de Urda corresponden a un juzgado de Orgaz (Toledo). Estas investigaciones deben esclarecer las circunstancias técnicas y operativas que provocaron cada siniestro y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de lo ocurrido.
La investigación de la Fiscalía Europea tiene un objeto distinto: comprobar si se produjo un uso fraudulento de los fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Aunque los trabajos investigados afectan al mismo corredor en el que ocurrieron los accidentes, no se ha demostrado que las posibles irregularidades en las adjudicaciones hayan provocado fallos de seguridad ni que exista una relación causal con las colisiones.
Esta distinción resulta fundamental para interpretar el alcance de las diligencias. Una eventual irregularidad económica en un contrato no implica necesariamente que la actuación técnica se haya ejecutado de forma defectuosa, del mismo modo que un accidente ferroviario no constituye por sí solo una prueba de malversación. Ambas cuestiones requieren investigaciones y pruebas diferentes, aunque la información obtenida en una causa pueda resultar relevante para otras actuaciones judiciales.
Transportes defiende la justificación de los fondos europeos y promete colaborar
El Ministerio de Transportes ya respondió a la apertura de las investigaciones europeas durante el pasado mes de marzo, cuando aseguró que la justificación de los fondos comunitarios concedidos para las actuaciones ferroviarias se estaba realizando con normalidad a medida que avanzaban las obras.
Según trasladaron entonces fuentes del departamento a RTVE, la documentación correspondiente a las ayudas europeas se había presentado conforme a los procedimientos establecidos y tanto el Ministerio como Adif mantendrían una actitud de colaboración con los fiscales encargados de las diligencias.
El propio Óscar Puente ha señalado que la investigación de la Fiscalía Europea no es una novedad derivada del accidente de Urda, sino un procedimiento abierto meses atrás, después del siniestro de Adamuz. El ministro ha insistido en que la intervención del Ministerio Público europeo está relacionada con la existencia de financiación comunitaria en las actuaciones ferroviarias y con la necesidad de comprobar su correcta utilización.
La posición del departamento contrasta con las sospechas que examinan los investigadores, aunque ninguna de las dos circunstancias permite anticipar el resultado de las diligencias. La Fiscalía deberá comprobar la documentación aportada, verificar el destino de los fondos y determinar si existen indicios suficientes para avanzar hacia una eventual actuación penal contra personas concretas.
Qué puede pasar ahora con la investigación sobre los fondos del AVE
La Fiscalía Europea y la UCO afrontan ahora una nueva fase de la investigación, después de varios meses analizando las adjudicaciones y las actuaciones realizadas sobre la infraestructura. Las fuentes consultadas por La Vanguardia apuntan a la posibilidad de que se produzcan avances relevantes en las próximas semanas, aunque no se han concretado fechas ni se han anunciado formalmente nuevas medidas judiciales.
Entre las cuestiones pendientes se encuentran la identificación de las empresas y responsables administrativos relacionados con las adjudicaciones examinadas, la comprobación de los trabajos efectivamente realizados y la verificación de que el dinero europeo se destinó a los fines previstos. Si los fiscales encuentran indicios de posibles delitos, podrían ampliar las diligencias y solicitar al juez de garantías las actuaciones que consideren necesarias.
Todo ello ocurre mientras continúan las investigaciones técnicas y judiciales de los accidentes de Adamuz y Urda, que han reabierto el debate sobre el estado de conservación de la red ferroviaria, las inversiones en mantenimiento y la seguridad de la alta velocidad española.
La investigación europea añade así una nueva dimensión al examen de la infraestructura: no solo determinar si los sistemas ferroviarios funcionaban correctamente, sino comprobar también si los recursos públicos destinados a su mantenimiento y modernización fueron adjudicados y utilizados conforme a la ley. Por el momento, las sospechas de fraude y malversación siguen pendientes de acreditarse y no existe una conclusión judicial que las vincule con los dos accidentes.