El incendio en Íscar (Valladolid) ya está estabilizado tras dos días de lucha intensa contra las llamas

La legislación autonómica de Castilla y León atribuye a la Junta, a través de la consejería competente en montes y en protección ciudadana, un papel central en la prevención, vigilancia, extinción y restauración ligada a los incendios forestales, así como en la coordinación operativa cuando éstos se consideran emergencias de protección civil. La Ley 3/2009 de montes fija las competencias sustantivas sobre defensa contra incendios en los montes y sus entornos, mientras que la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana integra el operativo de incendios forestales en el sistema autonómico de emergencias y coordinación. Estas normas han sido modificadas parcialmente por disposiciones posteriores (incluida la Ley 4/2024 y el Decreto-ley 2/2023), pero mantienen la estructura básica de competencias. A continuación se detalla el reparto funcional según la normativa vigente.

1. Organización general de la defensa contra incendios forestales

La Ley 3/2009 de montes de Castilla y León establece que corresponde a la consejería competente en materia de montes, en coordinación con la Administración General del Estado, la organización de la defensa contra los incendios forestales. Esa defensa incluye expresamente:

• Prevención de incendios forestales.
• Detección y vigilancia.
• Extinción de los incendios.
• Restauración de las áreas afectadas por el fuego.

Todo ello se ejerce “sin perjuicio de las competencias de las entidades locales”, lo que significa que la Junta diseña, dirige y coordina el sistema, mientras que ayuntamientos y diputaciones pueden desarrollar actuaciones propias dentro de ese marco.

2. Planes anuales y medidas preventivas

La misma ley atribuye a la Junta la competencia para elaborar y aprobar los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en todo el territorio autonómico. Estos planes:

• Tienen por ámbito la totalidad de Castilla y León.
• Deben seguir las directrices y criterios comunes fijados por el Estado (Ley básica de Montes).
• Se aplican de forma continua durante todo el año, pudiendo desglosarse en un plan general plurianual y un plan operativo anual, más detallado.

La Junta también puede acordar medidas preventivas obligatorias tanto en los montes como en terrenos situados hasta 400 metros de ellos. Los propietarios deben realizar o permitir que la consejería ejecute estas medidas de prevención de incendios forestales.

3. Operativo autonómico de prevención y extinción

De acuerdo con la Ley 3/2009 y en conexión con el Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes sobre prevención y extinción, la Junta configura un Operativo de prevención y extinción de incendios forestales como el conjunto de medios humanos, materiales y tecnológicos que la Administración autonómica dispone y organiza de forma integrada para:

• Luchar contra los incendios forestales.
• Extinguirlos cuando se producen.
• Operar los sistemas de detección y apoyar la prevención.

Este operativo tiene una estructura permanente todo el año, modulando su tamaño y funciones según la época de peligro y la zonificación del riesgo. La planificación operativa y el dimensionamiento del dispositivo son competencia directa de la Junta.

4. Limitaciones de usos, restauración y registro de montes incendiados

La Junta dispone de potestades para prohibir o limitar actividades que supongan riesgo de incendio forestal, así como para restringir la estancia y tránsito de personas y vehículos en montes en situaciones de elevado peligro. Igualmente, puede prohibir el tránsito con dispositivos susceptibles de originar incendios, y aplicar de forma inmediata las prohibiciones previstas en la legislación básica estatal cuando se den situaciones de riesgo extremo.

Tras un incendio, la normativa autonómica atribuye a la Junta competencias clave en la fase de post-incendio:

• Suspender automáticamente los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos durante 5 años, con ciertas excepciones autorizables.
• Prohibir el cambio de uso forestal y la modificación de la clasificación urbanística durante 30 años, salvo supuestos de excepcionalidad previstos en la ley básica estatal.
• Crear y gestionar un registro administrativo de montes afectados por incendios, con datos de fecha, localización, extensión y características del terreno.

5. Incendios forestales como emergencias de protección ciudadana

La Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, modificada por la Ley 2/2019 y parcialmente por la Ley 4/2024, integra los servicios de lucha contra incendios forestales como servicio esencial del sistema de protección ciudadana. Define estos servicios como el operativo de medios y recursos que la consejería competente pone a disposición de las labores de prevención y extinción, según la normativa sectorial (principalmente la Ley de Montes).

Entre sus funciones específicas, la Ley de Protección Ciudadana enumera, sin perjuicio de otras atribuciones:

• Análisis del riesgo de incendios forestales.
• Establecimiento de épocas y zonas de peligro.
• Distribución y organización del operativo de lucha contra incendios según riesgo y zonas.
• Prevención y detección de incendios forestales.
• Evaluación y extinción de los incendios.
• Información sobre consecuencias y daños producidos.

Los incendios forestales se tratan así como emergencias de protección civil, insertas en la estructura de coordinación de la Junta (centros de coordinación, niveles asistenciales, etc.), en coherencia con el Estatuto de Autonomía reformado por la Ley Orgánica 14/2007 y con la normativa estatal básica, como el Real Decreto-ley 15/2022 en materia de incendios forestales.

6. Marco normativo complementario y referencias

El Decreto-ley 2/2023 cita además normativa autonómica específica que desarrolla el dispositivo (Decreto 63/1985 sobre prevención y extinción, el Plan INFOCAL de protección civil ante incendios forestales aprobado por decreto, el Plan Forestal autonómico, etc.), así como órdenes que regulan épocas de peligro, uso del fuego y operativo. Estas disposiciones reglamentarias concretan en detalle la planificación y coordinación de medios que la ley atribuye a la Junta.

Parte de este marco ha sido afectado por el uso reciente del decreto-ley autonómico (como los derogados Decreto-ley 1/2025 y Decreto-ley 2/2025), pero la estructura de fondo se mantiene: la Junta de Castilla y León es la administración responsable de diseñar, organizar, coordinar y dirigir el sistema autonómico de prevención, vigilancia, extinción y restauración frente a incendios forestales, en conexión con el sistema de protección ciudadana y en coordinación con el Estado y las entidades locales.

Otras normas y documentos citados en las referencias legales, aunque no definen directamente nuevas competencias sobre incendios forestales, forman parte del contexto jurídico y competencial de la Comunidad: entre otros, la Ley 5/2014, la Orden MAV/570/2022, las órdenes de homologación de planes de emergencia de protección civil (Orden IYJ/1410/2007 y Orden PAT/442/2007), la STC 132/2017, la STC 162/2014 y la STC 97/2013 sobre montes e incendios, así como acuerdos internacionales y normas estatales en protección civil y emergencias (Protocolo España‑Portugal, RD 907/2013, RD 1031/2011, Plan estatal de riesgo sísmico, entre otros).

También forman parte del entorno normativo general de Castilla y León, aunque no estén directamente centradas en incendios forestales, disposiciones como la LO 11/1994, diversos recursos de inconstitucionalidad autonómicos (recurso 1511‑2011, recurso Meseta‑Ski, recurso 1710/1990) y varias órdenes autonómicas de carácter sectorial y social (Orden EDU/179/2017, Orden EDU/95/2017, Orden PRE/1070/2015, Orden PRE/1172/2014, Orden EDU/1044/2014), que completan el marco regulatorio general de la Comunidad.

No consta en las fuentes oficiales abiertas una cifra publicada y consolidada del número total de incendios con Índice de Gravedad Potencial (IGP) 2 o superior en Castilla y León en la década 2014‑2023, por lo que no es posible dar un número exacto. La Junta de Castilla y León y el MITECO sí almacenan ese dato en sus bases de datos técnicas, pero los documentos y notas accesibles en línea solo ofrecen totales de incendios y algunos promedios de “declaraciones de gravedad”, sin desglosar año a año cuántos alcanzan IGP≥2. Lo que sí se puede afirmar es que estos episodios son una fracción pequeña del total de siniestros (más de 14.000 en el decenio) pero concentran buena parte de la superficie quemada y de la presión sobre el sistema de protección civil. Para conocer la cifra exacta haría falta consultar directamente las bases de datos estadísticas de la Junta o del MITECO.

Qué información oficial hay disponible

El Centro de Estadística de Castilla y León (CESCyl) publica un gráfico de “Evolución de incendios forestales en Castilla y León, 2014‑2023”, pero en el material visible no se desglosa cuántos de esos incendios alcanzan IGP 2 o superior, ni cuántas activaciones de nivel 2 se han producido cada año. Ese gráfico puede consultarse a través del CESCyl en este gráfico de evolución.

En el plano global, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene la Estadística de Incendios Forestales, que incluye el IGP remitido por cada comunidad autónoma. Hay dos canales principales:

• Los avances estadísticos anuales, donde se publican datos provisionales por comunidad.
• La estadística consolidada en formato de base de datos, accesible desde la página de estadísticas de incendios, que permite descargar ficheros en los que sí figura el campo de IGP.

En el ámbito autonómico, la Junta de Castilla y León cifra en la última década un total de 14.540 incendios (2013‑2022) y 49 Grandes Incendios Forestales (GIF > 500 ha), según una memoria accesible a través del Boletín Oficial de Castilla y León: véase el documento citado en esta referencia. Los GIF no equivalen exactamente a IGP≥2, pero ilustran que solo una pequeña proporción de los siniestros alcanza alta gravedad.

Una pieza periodística reciente resume además que en 2024 solo se han declarado 5 casos de nivel 2 en Castilla y León, frente a un promedio de unas 27 declaraciones de gravedad (niveles 1 y 2 combinados) en el periodo 2014‑2023, lo que da una idea de la magnitud pero no permite reconstruir el cómputo exacto de IGP 2 en toda la década. Ese balance se recoge en un análisis regional disponible en este reportaje.

Por qué no se puede dar una cifra cerrada con las fuentes abiertas

El IGP es un indicador técnico que se usa en los partes operativos y en la estadística detallada de incendios, pero rara vez aparece resumido en notas de prensa o memorias públicas con una tabla sencilla “número de incendios con IGP≥2 por año y comunidad”. La propia investigación sobre fuentes oficiales apunta expresamente que los datos están en la “base de datos Excel del informe anual 2023” de la Junta (capítulo de medio ambiente) y en los ficheros del MITECO, pero que esa desagregación no figura en el texto accesible en abierto.

Además, en Castilla y León la comunicación al público suele hacerse en términos de niveles operativos del Plan INFOCAL (nivel 0, 1, 2, etc.) y de GIF, mientras que el IGP se mantiene como variable interna. Aunque existe correlación entre incendios de nivel 2 y un IGP elevado, no hay una equivalencia automática que permita sumar “todos los niveles 2” y presentarlos como “IGP≥2” sin consultar los registros originales.

Dónde podría obtenerse el dato exacto

Si se necesita una cifra oficial y precisa del número de incendios con IGP 2 o superior en Castilla y León entre 2014 y 2023, el camino razonable es:

• Descargar la base de datos del capítulo de medio ambiente del informe anual 2023 del CESCyl (vinculado al gráfico oficial) y comprobar si incluye una pestaña con el desglose por IGP.
• Acceder a la estadística consolidada de incendios de MITECO a través de las páginas de avances estadísticos y de estadísticas consolidadas, filtrando por comunidad “Castilla y León” y sumando los registros con IGP≥2 año a año.
• Consultar la documentación del Plan Anual de Incendios Forestales de Castilla y León (como la orden del Plan Anual IIFF 2024) donde a veces se resumen medias de declaraciones de gravedad.
• Revisar la cartografía y capas de incendios en el visor geográfico de la Junta (por ejemplo, el servicio IDECYL accesible en este recurso geográfico), que puede incluir el valor de IGP en los atributos de cada incendio.

Sin acceso directo a esas bases de datos, “No se dispone de más información en las fuentes consultadas” que permita dar una cifra total exacta para 2014‑2023.

Otros enlaces citados y contexto institucional

En el plano estatal, Interior y otros organismos han publicado balances y notas generales sobre incendios, peligrosidad y grandes incendios, que ayudan a contextualizar la evolución reciente: nota de Interior 2026, campaña estatal 2026, Panel de indicadores ambientales, nuevo índice de peligro de AEMET, u otros análisis como el de Greenpeace sobre 2025‑2026.

La realidad de los incendios también se refleja en la comunicación institucional autonómica (por ejemplo, agendas como esta comparecencia, esta otra, esta jornada formativa, o simulacros), en avisos al sector agrario como los difundidos por ASAJA (incendios causados por cosechadoras, apertura de época de riesgo alto) y en la cobertura de medios como el periódico Demócrata (última hora de incendios, entre muchas otras piezas de política y actualidad que figuran en su portada).

En resumen, las políticas de prevención y extinción se han ido reforzando en estos años —también a raíz de grandes episodios en Castilla y León—, pero la cifra concreta de incendios con IGP≥2 en 2014‑2023 sigue siendo, a día de hoy, un dato técnico que solo puede reconstruirse entrando en las bases estadísticas detalladas de Junta y MITECO.

Otros enlaces mencionados en las fuentes (de contexto político, jurídico o de actualidad general) son, entre otros: análisis sobre la Inspección de Trabajo, cobertura del TJUE y la amnistía, incendio de Íscar (Valladolid), y otras muchas piezas de Demócrata sobre política, justicia, elecciones y poder digital (Mesa y Junta de Portavoces, elecciones en Castilla y León, claves del BOE, entre muchas otras enlazadas en la portada del medio).

La Unidad Militar de Emergencias (UME) solo interviene en incendios forestales cuando el incendio alcanza una gravedad relevante y la comunidad autónoma o la autoridad de protección civil competente solicita apoyo al Estado. Sobre esa base, el Ministerio del Interior eleva la petición al Ministerio de Defensa, y el Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del Gobierno, ordena formalmente la activación de la UME. En emergencias de interés nacional, la UME se convierte además en pieza central del Sistema Nacional de Protección Civil, asumiendo la dirección operativa bajo el mando político del Ministro del Interior. Todo ello se enmarca en un principio de subsidiariedad y de apoyo a las competencias autonómicas en extinción de incendios forestales.

Marco jurídico básico

Los requisitos y el protocolo de activación de la UME se apoyan en un conjunto de normas estatales:

• Real Decreto 399/2007, que aprueba el Protocolo de Intervención de la UME (RD 399/2007).
• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015).
• Orden DEF/160/2019, de organización y funcionamiento de la UME (Orden DEF/160/2019).
• Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014 (Plan Estatal de Incendios Forestales, y su corrección de errores).
• Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), aprobado en 2020 (PLEGEM).
• Normas de creación y funcionamiento inicial, como la Orden PRE/1776/2006 (Orden PRE/1776/2006) y el Real Decreto 1097/2011, citado por la Orden DEF/160/2019 (RD 1097/2011).

La Ley 17/2015 considera a la UME un servicio público de intervención y asistencia y la “principal estructura de colaboración de las Fuerzas Armadas” en emergencias de protección civil, especialmente cuando la emergencia es de interés nacional.

Tipos de situaciones en las que puede intervenir

El Protocolo de Intervención aprobado por el Real Decreto 399/2007 establece que la UME puede ser activada cuando se produzcan, con carácter grave, entre otras, las siguientes emergencias:

• Incendios forestales (mencionados expresamente como uno de los supuestos específicos).
• Otros riesgos naturales (inundaciones, nevadas, terremotos…).
• Riesgos tecnológicos (químico, nuclear, radiológico, biológico).
• Atentados terroristas u otros actos violentos graves, y contaminación medioambiental severa.

En el caso concreto de incendios forestales, el Plan Estatal de Incendios Forestales y la Ley 17/2015 encuadran la intervención de la UME en dos grandes escenarios:

• Apoyo a los planes autonómicos cuando la comunidad autónoma solicita refuerzos estatales porque sus medios son insuficientes.
• Emergencia de interés nacional, cuando concurren los requisitos del artículo 29 de la Ley 17/2015 (gravedad, afectación a varios territorios, impacto sobre servicios esenciales, etc.).

Quién y cómo puede pedir la intervención

Según el Protocolo de Intervención de la UME (anexo al RD 399/2007):

• Las autoridades competentes en protección civil (fundamentalmente las comunidades autónomas, a través de sus centros de coordinación de emergencias) pueden solicitar al Ministerio del Interior la colaboración de la UME cuando el incendio forestal supere su capacidad de respuesta.
• El Ministerio del Interior, una vez valorada la dimensión de la emergencia y los medios disponibles, traslada la petición al Ministerio de Defensa.
• El Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del Gobierno, es quien ordena formalmente la intervención de la UME en ese incendio forestal.

La Orden DEF/160/2019 introduce además un mecanismo excepcional: en “estado de necesidad, causas sobrevenidas, imprevistas o de extrema gravedad”, el Jefe de la UME puede ordenar directamente la intervención de sus unidades, informando después al Ministro de Defensa. Este supuesto refuerza la capacidad de respuesta inmediata en incendios muy rápidos o inesperados.

Principios de subsidiariedad y coordinación

Tanto la Ley 17/2015 (Ley 17/2015) como el PLEGEM (Plan Estatal General) configuran la intervención de la UME bajo los principios de:

• Subsidiariedad: las comunidades autónomas mantienen la competencia principal en prevención y extinción de incendios forestales; la UME actúa como refuerzo cuando sus capacidades se ven superadas o cuando la emergencia afecta al interés nacional.
• Coordinación: en emergencias no declaradas de interés nacional, la UME se integra en la estructura de mando prevista en los planes autonómicos y especiales de incendios forestales.
• Dirección operativa en interés nacional: en emergencias declaradas de interés nacional, la Orden DEF/160/2019 establece que el General Jefe de la UME asume la dirección operativa bajo la dirección del Ministro del Interior.

Resumen práctico de requisitos

En síntesis, para que la UME intervenga en un incendio forestal se exige, de forma habitual:

• Que el incendio tenga carácter grave o con riesgo de alcanzar esa gravedad.
• Que la autoridad autonómica de protección civil o, en su caso, el Estado, soliciten su colaboración a través del Ministerio del Interior.
• Que el Ministro de Defensa ordene la activación, salvo en los supuestos excepcionales en que el Jefe de la UME intervenga de urgencia.
• Que la actuación se encuadre en los planes de protección civil (autonómicos y estatal de incendios forestales), respetando la distribución competencial y los esquemas de mando establecidos.