País Vasco: ataques a sedes del PP, agresiones a Nuevas Generaciones y siete ertzainas heridos

La Ertzaintza es la policía autonómica de Euskadi, con la misión de proteger a las personas y sus bienes, garantizar los derechos y libertades y mantener la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio vasco. Actúa como policía general e integral, pero sus competencias conviven con las reservadas al Estado y con las atribuciones de las policías locales.

Marco jurídico y dependencia

Su fundamento principal es el artículo 17 del Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979. Lo desarrollan el Decreto Legislativo 1/2020, que aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, y la Ley 15/2012, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

El mando supremo corresponde al Gobierno Vasco. El departamento competente en seguridad ejerce la jefatura y dirección superior, organiza los servicios y planifica y coordina su actividad.

Funciones principales

• Protección y seguridad ciudadana. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, preservar la convivencia pacífica y proteger a las personas y sus bienes en toda la comunidad autónoma.
• Orden público. Mantenerlo dentro del territorio vasco, conforme al artículo 17 del Estatuto y con respeto a los derechos fundamentales.
• Investigación criminal y policía judicial. Ejercer funciones de investigación de delitos y de auxilio a la Justicia conforme a las leyes procesales. El artículo 36 del Estatuto establece que, cuando actúa como policía judicial, está al servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia.
• Policía administrativa. Desarrollar las actuaciones policiales de vigilancia y cumplimiento de la normativa dentro de su ámbito competencial. El texto refundido contempla expresamente esta área junto con la seguridad ciudadana, la investigación criminal y los recursos operativos.
• Auxilio y emergencias. Prestar ayuda ante accidentes, calamidades públicas o situaciones particulares de peligro o desamparo. El deber de intervenir en defensa de la ley y la seguridad ciudadana alcanza también al personal fuera de servicio.

Coordinación y funciones forales

La coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil se articula mediante la Junta de Seguridad, integrada paritariamente por representantes del Estado y de Euskadi. La Ley 15/2012 permite acuerdos con las policías locales para la colaboración mutua, el reparto de tareas en funciones indistintas y la prestación de servicios conjuntos, respetando las atribuciones de cada cuerpo.

Dentro de la Ertzaintza, las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes representan a las instituciones forales, protegen a sus autoridades y custodian su patrimonio. También auxilian a otras unidades y pueden ejercer vigilancia e inspección del transporte por carretera y funciones de conservación y policía de carreteras. Para sus cometidos forales dependen funcionalmente de la diputación correspondiente.

Límites y garantías

El Estatuto reserva al Estado los servicios policiales extracomunitarios y supracomunitarios, incluidos la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras; aduanas; entrada y salida del territorio nacional; régimen general de extranjería, extradición y expulsión; emigración e inmigración; pasaportes y DNI; armas y explosivos; resguardo fiscal, contrabando y fraude fiscal al Estado. La condición de policía integral no elimina estas reservas.

La Ley Orgánica 2/1986 reconoce este régimen estatutario singular y declara aplicables sus principios básicos de actuación. La Ertzaintza debe actuar con neutralidad, imparcialidad y sin discriminación; utilizar la fuerza conforme a criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad; y rechazar órdenes manifiestamente delictivas o contrarias a las leyes. El Estatuto contempla, además, supuestos de intervención estatal en orden público y reglas específicas para los estados de alarma, excepción y sitio.

Para convocar legalmente una huelga general en España deben cumplirse requisitos de legitimación, acuerdo de convocatoria, preaviso y organización. No se necesita autorización del Gobierno: la huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución. Su regulación básica se encuentra en el Real Decreto-ley 17/1977, interpretado y parcialmente depurado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981.

1. Quién puede convocarla

Pueden promover una huelga los trabajadores mediante sus representantes o directamente, así como los sindicatos con implantación en el ámbito al que se extienda la convocatoria. En una huelga general, las organizaciones convocantes deben contar con implantación en ese ámbito; no existe una exigencia general de que convoquen todos los sindicatos ni de que estos sean los más representativos.

La decisión de participar corresponde individualmente a cada trabajador. No es necesario estar afiliado al sindicato convocante, ni que cada empresa celebre una votación para adherirse a una convocatoria general válida.

2. Acuerdo y finalidad de la convocatoria

La convocatoria debe proceder de un acuerdo adoptado por quien esté legitimado, respetando las reglas aplicables a su organización. Cuando la acuerdan directamente los trabajadores o sus representantes, deben observarse las condiciones de decisión y documentación correspondientes.

Además, debe perseguir la defensa de los intereses de los trabajadores. Una huelga general puede dirigirse contra decisiones gubernamentales sobre empleo, salarios, pensiones o protección social: criticar al Gobierno no la convierte automáticamente en ilegal. Distinto es que responda a motivos exclusivamente políticos, ajenos a los intereses profesionales de los trabajadores, supuesto que la regulación contempla como ilegal.

También existen límites respecto de las huelgas que pretendan alterar lo pactado durante la vigencia de un convenio colectivo, aunque esos límites no impiden cualquier conflicto relacionado con su interpretación o con circunstancias sobrevenidas.

3. Comunicación escrita y preaviso

La convocatoria debe comunicarse por escrito a la autoridad laboral y a los empresarios afectados. En una huelga general, la comunicación empresarial puede articularse mediante las organizaciones empresariales correspondientes, sin exigir necesariamente una notificación individual a cada empresa.

• Plazo ordinario: al menos cinco días naturales antes del inicio.
• Servicios públicos: al menos diez días naturales cuando la huelga afecte a empresas encargadas de prestarlos. Además, debe darse la publicidad necesaria para que los usuarios conozcan la convocatoria.

La comunicación debe indicar los objetivos, las gestiones realizadas para resolver las diferencias, la fecha de inicio y la composición del comité de huelga. Conviene delimitar con precisión su ámbito territorial, funcional y temporal, para identificar a quién alcanza y durante qué periodo.

4. Comité de huelga y negociación

Debe constituirse un comité de huelga, con un máximo de doce miembros, que represente a los trabajadores durante el conflicto. En una convocatoria que comprende múltiples centros, las reglas sobre su composición deben interpretarse conforme a la jurisprudencia constitucional, sin trasladar mecánicamente las exigencias de una huelga de un único centro.

Desde el preaviso y durante la huelga, existe un deber de negociación para intentar alcanzar un acuerdo. También deben garantizarse las actuaciones necesarias para la seguridad de personas e instalaciones y para su posterior reanudación.

5. Servicios esenciales y libertad de participación

Si afecta a servicios esenciales para la comunidad, la autoridad gubernativa puede establecer servicios mínimos motivados y proporcionados. No equivalen a una autorización previa ni permiten vaciar el derecho de huelga. Deben respetarse tanto la participación pacífica como la libertad de quienes decidan trabajar; la violencia y las coacciones no están amparadas.

Las últimas elecciones autonómicas en el País Vasco se celebraron el 21 de abril de 2024. El Partido Popular obtuvo 7 escaños en un Parlamento Vasco compuesto por 75 representantes. EAJ-PNV y EH Bildu empataron con 27 escaños cada uno, aunque el PNV fue la candidatura más votada.

Resultados por partido

El reparto de los 75 escaños quedó distribuido entre seis candidaturas. Estos fueron los resultados que dieron origen a la XIII Legislatura del Parlamento Vasco, cuya sesión constitutiva se celebró el 14 de mayo de 2024, según recoge Demócrata:

• EAJ-PNV: 27 escaños. Compartió el primer puesto en número de representantes con EH Bildu. El empate parlamentario no fue un empate en votos: el PNV obtuvo más sufragios.
• EH Bildu: 27 escaños. Alcanzó la misma representación que el PNV, por lo que ambas candidaturas reunieron conjuntamente 54 de los 75 puestos de la Cámara.
• PSE-EE (PSOE): 12 escaños. Fue la tercera candidatura por representación parlamentaria, por detrás de las dos formaciones que empataron en cabeza.
• Partido Popular: 7 escaños. Ocupó el cuarto lugar por número de representantes y consiguió presencia en las tres circunscripciones electorales vascas.
• Sumar: 1 escaño. Obtuvo representación parlamentaria con un único puesto en la Cámara.
• Vox: 1 escaño. También consiguió un representante, completando así el reparto total de los 75 escaños.

Los siete escaños del Partido Popular

La respuesta concreta a tu segunda pregunta es, por tanto, siete parlamentarios. Su distribución territorial fue de cuatro por Álava, dos por Bizkaia y uno por Gipuzkoa. Álava aportó así más de la mitad de los representantes obtenidos por el PP, mientras que los otros tres procedieron de las otras dos circunscripciones. Los resultados oficiales pueden consultarse en la Junta Electoral Central.

En relación con el conjunto de la Cámara, esos siete puestos equivalen aproximadamente al 9,3 % de los escaños. Este porcentaje expresa únicamente su peso parlamentario: no debe confundirse con el porcentaje de votos recibido. En términos de representación, el PP quedó cinco escaños por debajo del PSE-EE y veinte por debajo de cada una de las dos candidaturas que encabezaron el reparto.

Qué significó el reparto para formar gobierno

Con 75 parlamentarios, la mayoría absoluta se sitúa en 38 escaños. Ni el PNV ni EH Bildu alcanzaron por separado esa cifra: a cada uno le faltaban once representantes. La suma del PNV y el PSE-EE, en cambio, alcanzaba los 39 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta.

La configuración surgida de las urnas permitió la posterior elección de Imanol Pradales como lehendakari, el 20 de junio de 2024, con el acuerdo entre PNV y PSE-EE. Ese acuerdo fue firmado el día anterior, según la información publicada por el PNV. Los siete escaños del PP no eran necesarios para que ambas formaciones superasen conjuntamente el umbral de la mayoría absoluta.

En definitiva, el dato esencial es este: las elecciones vascas de abril de 2024 dejaron un empate a 27 escaños entre PNV y EH Bildu, seguido del PSE-EE con 12 y del PP con 7; Sumar y Vox obtuvieron uno cada uno.