La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León calcula que deberán sacrificarse cerca de 1,5 millones de aves por los brotes de enfermedad de Newcastle detectados en la Comunidad, una patología vírica que afecta a las aves y que ha encendido las alarmas de las organizaciones profesionales agrarias tras su llegada a Segovia, con casos en los municipios de Gomezserracín y Remondo. Con ello, ya son tres las provincias afectadas.
Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, tras presidir la reunión del Consejo Regional Agrario de Castilla y León celebrada en una finca de Tabladillo, cerca de Santa María la Real de Nieva (Segovia).
El responsable autonómico ha detallado que, por ahora, se han identificado 19 focos de la enfermedad, lo que implica el sacrificio de más de 1.400.000 aves, una cifra que “podría acercarse” ya a los 1,5 millones. El foco más reciente se ha confirmado en la provincia de Segovia, que se suma a Valladolid y Zamora como territorios con presencia del virus.
El consejero ha subrayado que esta enfermedad no reviste importancia para la salud humana, pero sí genera graves consecuencias económicas en las explotaciones afectadas. Ha añadido que los servicios veterinarios de la Junta trabajan desde el inicio de la legislatura con reuniones diarias de coordinación con el sector avícola, tanto de puesta como de carne, y en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este contexto, ha reivindicado la implantación de “un mando único veterinario a nivel estatal” y ha apuntado que “se han reforzado las medidas de bioseguridad”, tanto para el personal como para los vehículos que entran y salen de las granjas.
La vacunación será obligatoria en las provincias afectadas a partir del 1 de agosto y se extenderá al conjunto de Castilla y León desde el 1 de septiembre. Según ha explicado, la secuenciación genética del virus descarta que exista vínculo con los brotes de Valencia y apunta como “origen más probable a la fauna silvestre”, especialmente a las aves.
En las explotaciones donde se confirma la presencia de la enfermedad se procede al sacrificio total de las aves. En las áreas de vigilancia y protección, delimitadas por un radio inmediato de tres kilómetros, otro de seguridad de diez kilómetros y una zona de restricción de diez kilómetros, se contempla también el “sacrificio preventivo en granjas no afectadas con el objetivo de cortar el ciclo de la enfermedad”.
Pino ha garantizado que la Junta de Castilla y León asumirá las indemnizaciones por los sacrificios y ha recordado que ya está cubriendo los “costes de desinfección de las granjas afectadas”, adelantando recursos propios mientras reclama al Gobierno central que respete el reparto habitual del 50 por ciento en las campañas de vigilancia y erradicación y aporte la mitad de los 12 millones ya comprometidos, dado que, por ahora, solo han llegado 1,2 millones.
En el Consejo Regional Agrario, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, y el coordinador de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, han expresado su inquietud por la seguridad sanitaria de las explotaciones tras la confirmación de dos focos en la provincia de Segovia en los últimos días.
Los representantes de las tres organizaciones han reclamado a la Consejería un refuerzo en el control de la enfermedad y una mayor agilidad en la tramitación de las ayudas destinadas a los ganaderos perjudicados.
Fauna silvestre, lobo y daños en el campo
La reunión también ha servido para tratar otros puntos de la agenda agraria autonómica, entre ellos el plan de control de fauna silvestre y su dotación presupuestaria, que Donaciano Dujo ha solicitado que sea “digno” para la Consejería.
En cuanto al control de fauna silvestre, el dirigente de Asaja ha puesto el foco en el lobo, además de en los jabalíes y corzos. A su juicio, la fauna silvestre “está perjudicando hoy a la comunidad, al provocar accidentes de tráfico, transmisión de enfermedades y pérdidas económicas para la agricultura y la ganadería”. Por ello, en el Consejo Regional se ha reclamado a la Junta un “plan sanitario único, coordinado entre el Ministerio, la comunidad autónoma y los ganaderos”.
En el ámbito agrícola, se ha pedido avanzar en un “plan de regadío que contemple más superficie regable, la mejora de infraestructuras existentes y la recarga de acuíferos”.
El consejero ha respondido en esa misma línea al confirmar que su departamento ha asumido nuevas competencias en materia de fauna silvestre y ha anunciado el desbloqueo de los pagos por daños del lobo, junto a la actualización de los baremos de indemnización y la puesta en marcha de medidas para “controlar” a la especie.
Asimismo, ha recordado que Castilla y León votó en la última conferencia sectorial a favor de mantener al lobo como especie cinegética y ha reclamado al Gobierno que remita “cuanto antes” a la Unión Europea el informe sexenal sobre su estado de conservación.
Entre las demandas de los sindicatos agrarios en el Consejo Regional figura también la puesta en marcha de “un plan ágil para la incorporación de jóvenes agricultores y la modernización de explotaciones”, con expedientes que se resuelvan “de manera pronta” y no en “tres o cuatro años”, como sucede ahora.
El consejero ha avanzado que ya se han desbloqueado las ayudas para la incorporación de jóvenes y que se firmarán “en los próximos días”, una vez obtenido el crédito de Hacienda.
En materia de cuentas públicas, las organizaciones agrarias han reclamado un presupuesto “digno” para la Consejería, recordando que en 2009 el departamento de Agricultura disponía de 670 millones de euros, frente a los 603 millones actuales, pese a haber sumado nuevas competencias en medio ambiente. A juicio de los dirigentes agrarios, la cuantía necesaria para revertir la situación “se acercaría casi al doble” del presupuesto vigente.