La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que el primer borrador del Plan Estratégico para el sector lácteo configura un "modelo uberizado", con explotaciones sin ganaderos al frente y dirigidas a distancia por fondos de inversión y grandes multinacionales. Ante este escenario, la organización ha remitido un documento con diez medidas para frenar la expulsión de productores, después de que en el último año hayan echado el cierre 530 granjas, de las que más de 300 se localizan en Galicia.
"Tenemos que evitar que la próxima vaca gallega o cántabra tenga sus dueños en la planta 58 de cualquier rascacielos de Nueva York. Nos jugamos nuestra soberanía alimentaria y el futuro de nuestros pueblos", ha advertido la responsable del sector lácteo de la Comisión Ejecutiva de COAG, Isabel Vilalba.
La organización agraria ha precisado que, de acuerdo con los datos de entregas de leche cruda del FEGA, en mayo de 2026 España contaba con 8.578 ganaderos activos frente a los 9.104 registrados doce meses antes, lo que implica una caída del 5,8% y la desaparición media de 1,5 explotaciones diarias.
El retroceso en el número de granjas se concentra especialmente en Galicia, que ha perdido 301 en el último año. También se han producido descensos relevantes en comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Andalucía, pese a que el volumen de producción láctea a nivel estatal continúa al alza.
Desde COAG han subrayado que las explotaciones ya no pueden asumir un sobrecoste cercano a seis céntimos por litro, derivado de un encarecimiento del 30% en la energía y en los piensos, mientras que el precio en origen "no acompaña". En paralelo, se acelera un proceso de externalización de la mano de obra en grandes estructuras productivas controladas por capital financiero, fondos buitre y multinacionales de la alimentación, con los centros de decisión "cada vez más lejos del establo y del territorio".
"No se trata de si España va a seguir produciendo leche. Se trata de quién la va a producir y en qué condiciones: si serán ganaderos y ganaderas con capacidad real de decidir sobre su vida y su trabajo, o si serán simples piezas operativas de estructuras dirigidas desde fuera", ha remarcado Vilalba.
Con el objetivo de revertir esta tendencia, COAG ha trasladado a la interprofesional láctea (Inlac) un decálogo para modificar el borrador elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela. Entre sus reclamaciones figuran rentas dignas y precios que cubran los costes efectivos de producción, un blindaje legal frente a "ofertas de mala fe" y un etiquetado de origen europeo dentro de una estrategia de "cadena completa".
Además, el paquete de propuestas incluye la simplificación de la burocracia "que no aporta seguridad alimentaria", la creación de servicios de sustitución colectivos y públicos que faciliten las bajas y vacaciones de los profesionales, la reducción de la dependencia de insumos externos y del petróleo mediante el autoabastecimiento energético o la electrificación, así como una revisión del modelo que empuja a las explotaciones familiares a crecer o endeudarse para poder mantenerse.