La Junta de Andalucía ha expresado su apoyo a las propuestas del Parlamento Europeo para revisar la Política Pesquera Común (PPC). Entre las medidas que respalda figuran adaptar el reparto de las cuotas a las particularidades de cada tipo de flota y exigir a los productos importados las mismas condiciones que soportan los productores europeos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo andaluz reclama una financiación “acorde a las necesidades del sector” que refuerce su competitividad.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha señalado a Europa Press que el Gobierno andaluz está “de acuerdo” con las reivindicaciones de la Eurocámara y ha subrayado que cualquier modificación de la política comunitaria debe ir acompañada de fondos suficientes para la actividad pesquera.
Desde la Junta recuerdan que Andalucía dispone de una flota superior a las 1.400 embarcaciones, por lo que insisten en que las decisiones que se adopten atiendan las particularidades de un sector que encara desafíos vinculados a la competitividad, la modernización y la sostenibilidad.
En concreto, de acuerdo con los datos oficiales de la Administración autonómica consultados por Europa Press, la flota pesquera andaluza suma 1.407 buques: 740 operan en el caladero del Golfo de Cádiz y 637 en el Mediterráneo, además de ocho embarcaciones que faenan en aguas portuguesas y 22 buques congeladores que desarrollan su actividad en aguas internacionales y de terceros países.
Revisión de la Política Pesquera Común
La posición del Ejecutivo andaluz se produce después de que el Parlamento Europeo haya pedido una revisión de la Política Pesquera Común para adaptar sus normas a las distintas características de la flota europea, incluida la artesanal, y otorgar mayor relevancia a los factores económicos y sociales en la gestión del sector. Al mismo tiempo, reclama condiciones equivalentes para los productos importados, que suponen el 80% del pescado consumido en la Unión Europea.
En una resolución aprobada con 476 votos a favor, 92 en contra y 44 abstenciones, la Eurocámara plantea que los Estados miembro consideren las particularidades de los distintos segmentos de flota a la hora de repartir las posibilidades de captura y no se limiten únicamente a criterios medioambientales o al historial de actividad.
Los eurodiputados también defienden incentivar el uso de artes más selectivas y de técnicas que reduzcan el consumo de energía o el impacto sobre los hábitats marinos, dentro de una aplicación de la política pesquera que, a su juicio, debe equilibrar las tres dimensiones de la sostenibilidad.
Paralelamente, el pleno reclama avanzar hacia una mayor reciprocidad con los productos de terceros países mediante la introducción de “medidas espejo” en los acuerdos comerciales de la UE, con el fin de evitar que los operadores comunitarios compitan con mercancías sujetas a requisitos distintos.
La resolución pide además reforzar la información al consumidor ante las diferencias entre las normas de etiquetado europeas y las de fuera del bloque, distinguiendo claramente entre productos salvajes y de acuicultura, así como entre los de origen marino y las alternativas vegetales.
En esta línea, los eurodiputados proponen prohibir que se utilice la denominación comercial de una especie acuática en productos que no contengan ningún rastro de ella e incluir, cuando sea posible, datos nutricionales como el contenido en Omega-3.
Postura de los grupos políticos
Desde el PP, la eurodiputada Carmen Crespo defiende que la evaluación de la política pesquera se traduzca en cambios legislativos y apuesta por un paquete 'ómnibus' de simplificación que elimine cargas burocráticas, corrija normas contradictorias y ajuste las obligaciones a la realidad del sector.
Su compañero Francisco Millán Mon centra su intervención en la petición de excluir el palangre de fondo de las restricciones que afectan a 87 zonas del Atlántico Oriental, una medida que los 'populares' reclaman revisar a la luz de nuevos estudios científicos sobre el impacto de este arte.
“Hay evidencia científica que debe ser tenida en cuenta. El Parlamento Europeo acaba de pronunciarse y está pidiendo a la Comisión que actúe. Ahora le corresponde a la Comisión actuar y corregir esta situación lo antes posible”, ha afirmado el eurodiputado gallego.
Por su parte, la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia respalda una reforma “ambiciosa, específica y oportuna” que simplifique el marco actual, amplíe el margen de gestión regional y tenga en cuenta la competitividad, la rentabilidad, la seguridad alimentaria y la dimensión social.
“El sector afronta presiones crecientes y desafíos debido al aumento de los costes operativos, que afectan a su rentabilidad y sostenibilidad, el envejecimiento de la flota, el relevo generacional, la competencia de terceros países o el acceso a posibilidades de pesca, sobre todo el sector de bajura”, ha advertido.
La parlamentaria también pone el acento en la obligación de desembarque, que obliga a llevar a puerto todas las capturas, incluidas las no deseadas o las de talla inferior a la permitida, y defiende analizar alternativas como herramientas de gestión de cuotas, reservas comunes, vedas en tiempo real o medidas que reduzcan las capturas accesorias.
También el BNG respalda la resolución, aunque su eurodiputada Ana Miranda reclama ir un paso más allá y excluir a la flota artesanal de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas, además de flexibilizar los controles y buscar alternativas a la obligación de desembarque.
“La Política Pesquera Común supuso una ruina para la pesca gallega, reduciendo la capacidad de trabajo”, ha afirmado Miranda, quien ha reclamado que la UE “compense a Galicia como principal nación pesquera”.
La representante del Bloque coincide asimismo en pedir que se reviertan las restricciones en las 87 áreas del Atlántico, al entender que no se valoró suficientemente su impacto socioeconómico, y exige más apoyo para renovar y modernizar una flota cuya edad media, según los datos aportados por la formación, alcanza los 35 años.