Hay debates que parecen hablar de una ley concreta, pero en realidad hablan del tipo de país que queremos ser. La polémica de las últimas semanas en torno a la llamada "ley de nietos" no trata únicamente sobre quién puede acceder a la nacionalidad española. Trata de cómo entendemos nuestra memoria democrática, de qué valor damos a la ciudadanía y, sobre todo, de hasta dónde están dispuestos a llegar algunos para cuestionar las reglas del juego cuando intuyen que el resultado electoral puede no favorecerles.
La llamada “ley de nietos” es, antes que nada, una cuestión de justicia. Un país con memoria es un país que entiende que la nacionalidad no es solo un trámite administrativo, sino también un vínculo democrático. España expulsó, empujó al exilio o condenó a la pérdida de derechos a miles de personas por razones políticas e ideológicas. Lo mínimo que puede hacer hoy una democracia decente es reparar, aunque sea tarde, esa ruptura. Devolver la nacionalidad a quienes la perdieron y reconocer ese derecho a sus descendientes no es una concesión: es una reparación.
Un país con memoria es un país que entiende que la nacionalidad no es solo un trámite administrativo, sino también un vínculo democrático
En todo caso, no es una medida nueva. España ya reconoció un derecho semejante a los descendientes de los sefardíes expulsados. Entonces nadie habló de “fabricar votantes”. Nadie agitó fantasmas sobre el censo. Nadie puso en duda la legitimidad democrática del proceso. Por ello, la disputa sobre la ley de nietos es una disputa sobre los principios democráticos, y el PP ha decidido afrontarla sembrando sospechas sobre el sistema electoral español.
Ese camino es peligrosísimo. Porque cuando una derecha empieza a decir que el problema no es perder elecciones, sino que el adversario “fabrica votantes”, lo que está haciendo es preparar el terreno para no aceptar el resultado si no le conviene. Es exactamente el tipo de relato que vimos en Estados Unidos antes del asalto al Capitolio: primero se erosiona la confianza en las instituciones, después se acusa al sistema de estar manipulado y finalmente se presenta cualquier derrota como un fraude.
Devolver la nacionalidad a quienes la perdieron y reconocer ese derecho a sus descendientes no es una concesión: es una reparación.
España cuenta con uno de los sistemas electorales más garantistas del mundo: mesas formadas por ciudadanos, interventores y apoderados de los partidos, recuento público, actas, control judicial, Junta Electoral, trazabilidad y un procedimiento que ha funcionado con enorme solvencia durante décadas. Y esto, en una democracia de relativa juventud como la española, no es poca cosa. No es lo habitual. Es un patrimonio democrático que deberíamos cuidar con extremo celo.
Por eso resulta tan grave que el principal partido de la oposición juegue con fuego. Porque si esta excusa no les funciona, buscarán otra. Hoy será la ley de nietos. Mañana será el voto por correo. Pasado mañana será el censo exterior (no exento de debate estos días tampoco), la inmigración, los empadronamientos o cualquier otro mecanismo democrático que no les salga a cuenta. La lógica es siempre la misma: si gano, el sistema funciona; si pierdo, el sistema está manipulado.
La democracia no puede funcionar así. La derecha tiene todo el derecho a criticar una ley, o a proponer otro modelo de nacionalidad. Lo que no tiene derecho a hacer es degradar la confianza pública en las elecciones por puro cálculo partidista.
La ley de nietos habla de memoria, de reparación y de decencia como país. Pero la respuesta del PP habla de otra cosa: de una derecha que considera que la legitimidad democrática depende de que ellos estén en el Gobierno. Eso tiene un nombre, y es el contrario a democracia.