La Comisión de Transportes del Senado estudiará este martes la ley de la AP-9, que plantea el traspaso de la gestión y la titularidad de la autopista a Galicia. El PP aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante varias enmiendas con las que pretende recuperar el "espíritu" del texto que aprobó en su día el Parlamento de Galicia.
La iniciativa legislativa nació en la Cámara gallega, pero permaneció bloqueada hasta que, hace unas semanas, el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar permitió reactivarla, incorporando no solo la gestión, sino también la titularidad de la vía a favor de la Xunta de Galicia.
Fruto de ese pacto, el nuevo articulado se transformó en una proposición de ley orgánica. Este martes, la Comisión de Transportes se reunirá para incorporar a la ponencia de la norma las modificaciones planteadas por el PP.
El foco del conflicto está en que la Xunta de Galicia y el PP consideran que la nueva redacción se aparta de la literalidad de la ley consensuada en el Parlamento gallego. Por ello, los populares intentaron corregirla mediante enmiendas en el Congreso, que fueron rechazadas. Así, PP por un lado y PSOE y BNG por otro se reprochan mutuamente "traicionar" a los gallegos con sus respectivas posiciones.
Pese a ello, el PP dispone de mayoría absoluta en el Senado y sacará adelante esas mismas enmiendas durante la tramitación en la Cámara Alta, aunque el proyecto deberá regresar después al Congreso, que tendrá la última palabra sobre los cambios introducidos.
¿QUÉ DICE EL ACUERDO ENTRE PSOE, SUMAR Y BNG?
Aunque inicialmente los socialistas habían registrado una enmienda que excluía la cesión de la titularidad, el texto finalmente pactado fija como finalidad de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".
Para ejecutar este objetivo, se prevé que la Administración General del Estado y la Xunta eleven a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que detalle las condiciones y los límites del traspaso de las competencias que hasta ahora ejerce el Estado sobre la Autopista del Atlántico, acuerdo que deberá aprobarse mediante real decreto.
Esa propuesta tendrá que concretar las reglas del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización para la puesta en servicio de nuevos tramos, las adaptaciones o reformas de los ya existentes y la aprobación de enlaces y vías auxiliares de la autopista.
También deberá determinar cómo se articularán la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la infraestructura, de acuerdo con la normativa general de carreteras y con los pliegos de la concesión; así como la potestad sancionadora ante posibles incumplimientos de la empresa concesionaria en la explotación de la AP-9.
Igualmente, el acuerdo tendrá que fijar las condiciones para cualquier modificación que incida en el régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la elaboración y aprobación de nuevos convenios o addendas a los ya vigentes.
REPERCUSIONES ECONÓMICAS
El texto pactado establece, además, que la Administración General del Estado mantendrá a su cargo, frente a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con impacto económico y financiero derivadas de la aplicación de la concesión actual que se hayan originado por modificaciones adoptadas durante el periodo en que el Estado ha ostentado la competencia, y siempre dentro de los límites económicos vigentes en la fecha en que se apruebe el traspaso.
En coherencia con ello, las consecuencias de las decisiones que haya tomado la Administración estatal antes de la transferencia seguirán recayendo sobre ella. El acuerdo de traspaso deberá fijar "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".
¿CUÁNDO ASUMIRÁ LA XUNTA LOS COSTES?
Por su parte, la Xunta asumirá frente a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9 "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso".
El texto también aclara que las modificaciones sobre el régimen económico-financiero de la concesión que quiera impulsar la comunidad autónoma no podrán alterar los compromisos económicos ya previstos y que "cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".