El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado este jueves en comisión parlamentaria que la sanidad pública concentra el 31% del presupuesto de la Junta de Andalucía y casi la mitad del gasto social. Entre los datos que ha subrayado figura el gasto sanitario por persona, que en 2027 se situará en 1.949 euros frente a los 1.887 euros de 2026, lo que implica un incremento del 3,2%. Según ha indicado, “lo que supone un crecimiento del 66% respecto a 2018, es decir, 780 euros más a cada ciudadano, pasando de ser los últimos a situarnos en la media nacional”, ha explicado Antonio Sanz.
El responsable de Sanidad ha desglosado tres bloques de recursos: 131,4 millones de euros se dirigirán al refuerzo de la plantilla con 2.518 nuevos profesionales, de los que 80 se incorporarán al Plan de Cribados Oncológicos, que contará con una dotación de siete millones de euros; 277,1 millones de euros irán a la consolidación y estabilización del personal del SAS; y 426 millones de euros se reservarán para el incremento retributivo previsto para 2027, es decir, 116 millones más que en 2026.
Sanz ha remarcado igualmente que se mantiene “el compromiso con la calidad del sistema sanitario público”, mediante la incorporación de terapias y tratamientos de alta complejidad, el refuerzo de la coordinación sociosanitaria, la mejora de la atención a colectivos vulnerables y la continuidad de programas asistenciales específicos para patologías como el Alzheimer o la diabetes.
Asimismo, ha puesto el foco en que “el 97,2% del presupuesto sanitario es autofinanciado, es decir, con fondos propios de la Junta de Andalucía; un 2,3% son fondos europeos; y únicamente un 0,5% son fondos estatales”, al tiempo que ha recalcado que “los fondos finalistas del Estado disminuyen este año en 52,7 millones de euros, mientras los fondos europeos aumentan en 68,3 millones de euros”. “Por tanto, una vez más, la sanidad andaluza en 2027 alcanza la cifra más alta de su historia”, ha remarcado el vicepresidente primero.
En total, la partida destinada a las políticas públicas sanitarias supera los 17.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,4% respecto a 2026, con casi 1.000 millones de euros adicionales, y un 74% más que en 2018. El peso del presupuesto sanitario sobre el PIB andaluz se sitúa en el 7,49%, 0,13 puntos por encima del ejercicio anterior y también por encima de la media nacional.
En el ámbito de la salud pública, la dotación alcanza los 102,2 millones de euros, mientras que la atención temprana contará con 57,7 millones de euros. Sanz ha resaltado la apuesta por la salud mental, con especial atención a la prevención del suicidio y a la población infantil y adolescente. “Para ello, ampliaremos las unidades de hospitalización infantojuvenil a Córdoba y Huelva, las dos provincias que faltan, fortaleceremos los equipos de tratamiento intensivo comunitario y avanzaremos en los programas de bienestar emocional en centros educativos”, ha explicado el vicepresidente primero.
El Plan de Acción en Salud Mental dispondrá en el próximo ejercicio de siete millones de euros, que se suman a los 3,2 millones del Plan de Prevención de la Conducta Suicida, mientras que las subvenciones al movimiento asociativo se elevarán hasta los 2,4 millones de euros. “También mejoraremos la coordinación entre Atención Primaria y los servicios especializados de salud mental, incrementando los recursos profesionales y priorizando la atención a las personas más vulnerables”, ha señalado Antonio Sanz.
Durante el debate parlamentario, tanto el PSOE como Adelante Andalucía y Por Andalucía han coincidido en censurar la “privatización” sanitaria por la que “apuesta” el Gobierno andaluz con este proyecto de cuentas. Adelante ha reclamado “Menos toros, señor Sanz, y más plantilla para el Infoca y menos privatizaciones” en la sanidad. Vox, socio de Gobierno del PP, ha respaldado el presupuesto al considerar que permite que la sanidad “funcione” y ha vuelto a incidir en la “presión migratoria” y sus consecuencias sobre la asistencia pública. “No se trata de negar la asistencia pero los recursos son los que son y hay que planificar”. Desde las filas ‘populares’ han criticado la “visión catastrofista” de la oposición.