La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha señalado este viernes en el Pleno de las Cortes autonómicas que el 80% de las direcciones de los centros educativos de la provincia de Huesca otorgan una calificación de 4 sobre 5 a la labor de la inspección educativa.
La responsable autonómica ha respondido a una interpelación de la diputada de CHA, Isabel Lasobras, a quien ha trasladado que desde el Departamento se reconoce “el malestar en una parte del profesorado” y que en ningún caso se pretende “minimizarlo”.
“Respetamos profundamente la expresión del malestar de algunos docentes, pero lo que este Gobierno no va a hacer es resolver ese malestar comprometiendo la independencia de la inspección de Educación porque esa independencia es la primera garantía del propio profesorado”.
En su réplica a Lasobras, Susín ha insistido: “Yo cumplo escrupulosamente la legalidad”, reprochándole que la diputada de CHA haya reclamado al Ejecutivo regional “que prevarique y que intervenga un cuerpo de inspección en vez de garantizar su independencia”.
La consejera ha recordado que “el Real Decreto por el que se regula la inspección educativa establece la profesionalidad e independencia de criterio técnico y, precisamente, por esta profesionalidad e independencia debemos velar los poderes públicos”.
Ha detallado que “las mejores valoraciones se concentran en accesibilidad y disponibilidad, en la calidad del asesoramiento, en el conocimiento y la aplicación de la normativa, en habilidades comunicativas y de liderazgo y acompañamiento a los equipos directivos”, añadiendo que “la autoevaluación interna del equipo de inspección de Huesca, en torno a un 4,3 sobre 5, es la más alta de los últimos tres años y por encima de la media de Aragón”.
Asimismo, ha indicado que la inspección ha desarrollado 19 actuaciones disciplinarias sobre un total de 4.658 profesionales en el curso 2025-2026, lo que supone el 0,41% del profesorado. La mayoría corresponden a faltas leves y se han formalizado 13 apercibimientos, que han derivado en cuatro expedientes en toda la provincia.
“Presunto abuso de poder” y conflicto en Huesca
Por su parte, Isabel Lasobras ha acusado al Gobierno PP-Vox de que “ha sido incapaz de gestionar el problema” de la inspección educativa de Huesca y “el escándalo” del IES “Ramón y Cajal”.
Según ha expuesto, “no han querido o no han sabido solucionar el conflicto en el ámbito administrativo donde se originó” y “han preferido mirar a otro lado, ponerse de perfil y dejar que la bola de nieve siga creciendo hasta abrazar a toda la comunidad educativa del Alto Aragón”.
La diputada de CHA ha responsabilizado al Departamento de Educación, lamentando que “el PP ha preferido esconder la cabeza”, y ha recalcado: “No estamos hablando de cuestiones menores, no estamos debatiendo únicamente una discrepancia técnica alrededor de unas órdenes de evaluación o la confección de programaciones didácticas”, sino que es “algo infinitamente más grave”.
En esta línea, ha denunciado “una auténtica máquina sancionadora en la provincia de Huesca”, con 48 expedientes sancionadores en los dos últimos cursos, frente a 21 en la provincia de Zaragoza y 11 en Teruel.
“¿Cómo es posible que Huesca, con más o menos 3.000 docentes, tenga más expedientes que en Zaragoza, con 12.000?”, ha cuestionado Lasobras, quien sostiene que “lo que ocurre en Huesca es que el Partido Popular ha permitido que la inspección educativa pase de ser un órgano de acompañamiento y asesoramiento a convertirse en un instrumento de persecución administrativa hacia los docentes”.
Ha añadido que “la prueba más sangrante de este clima de persecución la tenemos hoy sobre la mesa”, al referirse a “un docente, representante sindical, que se limitó a denunciar públicamente las irregularidades ante lo que estaban sucediendo en el Instituto de Secundaria ‘Ramón y Cajal”, para el que Educación “pide una sanción brutal de diez meses de suspensión de empleo y sueldo”.
“Un castigo despiadado que arruina personal, laboral y económicamente a un docente para mandar un mensaje, un mensaje de miedo a todo el colectivo. Ahora le ha tocado a él, mañana le puede tocar a otro”.
Los sindicatos “tuvieron que concentrarse una y otra vez a las puertas de la dirección provincial para exigir un expediente informativo contra el inspector jefe por presunto abuso de poder y por conflictos de intereses”, ha relatado la parlamentaria.
Además, ha concluido que “la inspección se ha dedicado a imponer un modelo burocrático, estrambótico y fiscalizador que no existe ni en Zaragoza ni en Teruel”.