El Tribunal de Cuentas ha propuesto la disolución de diez fundaciones asociadas a partidos políticos que, a comienzos de 2024, figuraban sin actividad alguna. Entre ellas se encuentra la Fundación Eduardo Obregón, vinculada al PRC, que presenta un patrimonio negativo de 26.603 euros.
Así se recoge en el Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, relativo al ejercicio 2023 y recién aprobado por el órgano fiscalizador.
En el documento se detalla que, en el ámbito del PSOE, permanecían registradas pero inactivas la Fundación Ideas para el Progreso, la Carlos Chivite (PSOE de Navarra) y el Centre d'Estudis i Desenvolupament Gabriel Alomar (PSOE de Baleares).
En una situación similar figuraban dos entidades relacionadas con Ciudadanos (Asociación Cataluña Constitucional y Fundación Cívica Liberal), la Fundación Eduardo Obregón (del Partido Regionalista de Cantabria) y la Fundación Horacio Fernández Inguanzo (del PCE de Asturias).
Cinco fundaciones con patrimonio en negativo
El informe, recogido por Europa Press, también pone de relieve la existencia de cinco fundaciones con patrimonio neto negativo, a las que el organismo que preside Enriqueta Chicano insta a ajustar su actividad económica y a elaborar un plan de saneamiento.
Encabeza este grupo la Sociedad Fundación Elkartu, ligada a Eusko Alkartasuna, con un saldo desfavorable de 626.640,28 euros. A continuación se sitúan la socialista Ramón Rubial (-30.107 euros), la Eduardo Obregón (-26.603 euros), la Carlos Chivite (-365,98 euros) y la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios del Siglo XXI (-34 euros).
El documento destaca, además, que la socialista Fundación Pablo Iglesias suscribió en 2023 “un acuerdo de renegociación de los préstamos y aportación a la dotación fundacional con el PSOE, por un importe de 2.554.556,80 euros”, lo que le permitió “corregir su situación de desequilibrio patrimonial y pasar de un patrimonio neto negativo de 2.259.212,04 euros al inicio del ejercicio 2023 a uno positivo por 257.277,22 euros al cierre de dicho ejercicio”.
Retrasos en las cuentas y falta de inscripción
Entre las principales conclusiones, el Tribunal de Cuentas subraya que solo 15 de las 37 fundaciones y entidades fiscalizadas en 2023 remitieron sus cuentas anuales dentro del plazo legal. Otras 18 lo hicieron fuera de tiempo y cuatro no llegaron a presentarlas, lo que ha impedido su revisión.
El informe también constata que únicamente 22 entidades estaban inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, tal y como exige la normativa. Ante esta situación, el órgano fiscalizador plantea que se establezca la inscripción obligatoria como condición indispensable para acceder a subvenciones públicas.
Aportaciones privadas, subvenciones y controles
Según la fiscalización, el volumen total de aportaciones y donaciones privadas recibidas por las fundaciones ascendió en 2023 a 4,7 millones de euros, mientras que las subvenciones públicas sumaron 2,1 millones.
Con carácter general, el Tribunal de Cuentas verifica “el complimiento de la regularidad contable de las aportaciones y de las donaciones”, así “como de los límites y requisitos previstos”. Sin embargo, en algunos casos, tanto en las donaciones privadas como en las ayudas públicas, el informe detecta incumplimientos de la normativa y la realización de gastos no subvencionables.
En estas situaciones, el Tribunal de Cuentas comunicará los hechos a los organismos que otorgaron las subvenciones para que puedan exigir el correspondiente reintegro de las cantidades afectadas.
Deficiencias en transparencia y nuevas recomendaciones
En materia de transparencia, el informe señala que un total de 14 fundaciones y entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales de 2023 ni las conclusiones del informe de auditoría, incumpliendo lo establecido en la legislación vigente.
El documento formula siete recomendaciones, entre ellas la creación de un umbral mínimo de ingresos a partir del cual las fundaciones y entidades deban someterse de forma obligatoria a auditoría externa y remitirla al Tribunal de Cuentas. También plantea fijar una cuantía mínima para la notificación obligatoria de las donaciones de personas jurídicas y que estas organizaciones ajusten su actuación efectiva a la consecución de sus fines fundacionales.