José María Aznar ha reclamado militarizar Ceuta y ha acusado a Pedro Sánchez de “cobardía, incompetencia y traición” por su gestión de la crisis. El expresidente formuló estas críticas el viernes 18 de septiembre durante una entrevista en Antena 3.
Su intervención combina una petición de mayor despliegue militar con un reproche político al Ejecutivo. Aznar considera que el Gobierno no ha defendido adecuadamente la integridad territorial y sostiene que su respuesta ha favorecido los intereses de Marruecos. Son acusaciones del expresidente, no conclusiones judiciales.
Qué ha pedido Aznar sobre los militares
El exjefe del Ejecutivo defendió que las Fuerzas Armadas intervengan para proteger el territorio y vinculó esa actuación a las responsabilidades del Gobierno en materia de fronteras y seguridad.
Su planteamiento sitúa la decisión en el ámbito de la respuesta estatal a la crisis. No supone que se haya aprobado un nuevo despliegue ni que exista una orden militar derivada de sus palabras.
El marco constitucional distingue ambas responsabilidades. El artículo 8 atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la Administración militar y la defensa del Estado.
Acusa de traición, pero rechaza la iniciativa de Vox
Pese a la dureza de sus expresiones, Aznar se desmarcó de la iniciativa de Vox para que el Tribunal Supremo juzgue a Sánchez por traición. También rechazó presentar en este momento una moción de censura.
El expresidente defendió ofrecer una alternativa política y esperar al desarrollo de las investigaciones judiciales. La diferencia es relevante: utilizar la palabra traición en una entrevista no equivale a respaldar una acusación penal concreta.
También cuestiona la gestión de las alertas
Aznar sostuvo que distintos organismos de seguridad habían advertido de la situación y criticó la respuesta posterior del Ejecutivo. También defendió al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, frente a las críticas del Gobierno.
En otro tramo de la entrevista cuestionó la llamada ley de nietos y atribuyó al Ejecutivo una intención de obtener ventajas electorales mediante cambios en el censo. Esa afirmación forma parte de su valoración política: la información disponible no acredita por sí misma una manipulación electoral.