El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha manifestado su confianza en que las sanciones que se están imponiendo a las plataformas VTC -Vehículo de Transporte con Conductor- acaben teniendo un "efecto disuasorio" frente a los incumplimientos detectados.
Respondiendo en el pleno del Parlamento foral a una cuestión planteada por Contigo-Zurekin, Chivite ha subrayado que la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible supervisa "el obligado cumplimiento de la legalidad", en referencia a la Ley de ordenación de los transportes terrestres y a la normativa específica que regula los VTC. Ha recordado que esta regulación "determina que solo pueden operar en ámbito interurbano" y les impide realizar "recorridos dentro del término urbano".
En relación con la actividad inspectora, ha detallado que, en lo que va de año, se han formulado 241 denuncias. De ellas, 124 se encuentran en distintas fases de tramitación del expediente sancionador, 117 están aún en fase de instrucción y 10 expedientes han sido llevados ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante recurso.
Sobre este punto, Chivite ha señalado que el 9 de octubre de 2026 el juzgado dictó la primera resolución en Navarra que "ratifica la sanción interpuesta a un conductor de VTC por realizar servicios de transporte urbano dentro de Pamplona" y que una segunda sentencia, de fecha 29 de octubre, "va en el mismo sentido". Por ello, ha reiterado su deseo de que "las sanciones surtan al efecto disuasorio esperado".
Además, ha indicado que la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible ha celebrado reuniones con los distintos cuerpos policiales con competencias en la materia para "coordinar la aplicación de la norma vigente". Fruto de estos encuentros, se han fijado criterios comunes de intervención en lo relativo a inspección, imposición de sanciones e inmovilización de vehículos.
El consejero ha añadido que se han puesto en marcha campañas específicas de control para evitar una "competencia desleal" dentro del sector, al tiempo que se han mantenido reuniones con las asociaciones del servicio de taxis. Asimismo, se ha invitado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a implicarse en las tareas de supervisión de este tipo de servicios.
Por otro lado, el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha remarcado que "más del 40% de viajes" efectuados con la plataforma Bolt se realizan dentro del término urbano, "cuestión que es ilegal" y supone "una competencia desleal" frente al taxi, "que cumple todas las obligaciones y garantías que establece la ley". En esta línea, ha reclamado que, además de la Policía Foral, se incorpore a la Policía Municipal de Pamplona en la detección de estas conductas.
Garrido también ha instado al consejero a "garantizar el cumplimiento de la legalidad" y "dar un paso más en el control administrativo" con el fin de "garantizar que no va a haber ningún viaje dentro de Pamplona que sea ilegal". A su juicio, las sanciones actuales no resultan efectivas, ya que, "con las multas, sale más rentable seguir operando mientras la determinación de los fraudes de ley sea con un ratio tan bajo como es".
Finalmente, Chivite ha aludido a la "dificultad que supone conocer el recorrido efectivo del vehículo" y a las propias "limitaciones" del Ejecutivo foral a la hora de reforzar los mecanismos de control sobre la actividad de las VTC.