La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha manifestado este jueves que sería “deseable” abordar una reforma de la actual renta garantizada, aunque ha admitido que, por el momento, no se ha logrado cerrar un acuerdo entre los socios del Ejecutivo foral para sacar adelante esa modificación.
No obstante, ha precisado que, aunque “no hemos conseguido el acuerdo, estamos trabajando con el margen que tenemos dentro de esta ley para seguir mejorando distintas cuestiones”, entre ellas reforzar la “efectividad de los itinerarios de inclusión social”.
En el pleno del Parlamento de Navarra, y en contestación a una pregunta del PPN, Maeztu ha defendido la importancia de disponer de una “herramienta como la renta garantizada que permita acompañar y proteger a las personas en el momento en el que más lo necesitan” y ha remarcado que el planteamiento del Gobierno foral “difiere mucho” del del Partido Popular, al que ha reprochado que “plantea hacer recortes y poner bajo el foco de sospecha a las personas perceptoras”.
Según ha expuesto, “la actual ley tiene mejoras que introducir y así hemos trabajo para hacerlo y seguimos haciéndolo”. Ha recordado que, tras una década de vigencia, “después de diez años de aplicación, consideramos que hay que modificar algunos aspectos para hacer más eficaz y más eficiente la renta garantizada. Esas cuestiones son hacer prevalecer desde el principio el derecho a la inclusión social, o armonizar la prestación del ingreso mínimo vital y la renta garantizada con el fin de que haya una mayor coherencia”.
Maeztu ha explicado que “se ha estado trabajando por presentar una propuesta rigurosa, para conseguir un acuerdo, y se ha trasladado que no ha sido posible cuando ha correspondido”. A su juicio, “consideramos que es una ley sobre la que tiene que existir un importante consenso y hasta el momento, no hemos podido alcanzarlo en el seno del Gobierno. E insisto, creemos que sería deseable una modificación de la ley”, ha reiterado, al tiempo que ha recalcado al PP que “nuestro modelo no es el suyo, porque ya hemos visto lo que hacen donde gobiernan, esquilmar la prestación”.
Frente a las acusaciones del Partido Popular, la consejera ha defendido que “no hay cronificación” entre quienes perciben la renta garantizada. Ha subrayado que casi el 58% de las unidades beneficiarias permanecen menos de un año recibiendo la ayuda y que, de las 10.740 personas beneficiarias disponibles para trabajar, 4.400 fueron contratadas a lo largo de 2025. Por ello, ha reclamado al PP que “no se deje llevar por el discurso ultra que cada vez difiere menos de la ultraderecha”.
Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha interpelado al Ejecutivo foral para saber “si va a traer una reforma de la renta garantizada” al Parlamento de Navarra. “¿Sí, no, no sabe, no contesta?”, ha insistido, para criticar que la presidenta María Chivite “no tiene fuerza en su propio Gobierno para plantear una reforma”.
García ha sostenido que en el diseño actual de la renta garantizada “faltan controles” y que además “no está sirviendo para el objetivo fundamental, que es la inserción laboral”. Ha defendido que “el PP quiere ayudar a los más desfavorecidos, pero con un recorrido personalizado para que encuentren un trabajo. La renta garantizada no es un cajero automático, debe servir para ayudar a los más vulnerables, no para dejarlos ahí”.