De 1979 a 2023: los decretos que han pasado por la Diputación Permanente en periodo electoral

Para los nuevos decretos‑ley de vivienda aprobados de nuevo por el Gobierno el 6 de octubre de 2026, el trámite clave que falta es su convalidación o derogación por la Diputación Permanente del Congreso dentro del plazo máximo de 30 días desde su promulgación. A partir de ahí, solo si se convalidan, podrá abrirse eventualmente una tramitación como proyecto de ley con el recorrido parlamentario completo.

1. Paso inmediato: convalidación en la Diputación Permanente

Según el artículo 86 de la Constitución y el artículo 151 del Reglamento del Congreso, todo real decreto‑ley:

• Debe someterse a debate y votación para decidir su convalidación o derogación en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación.
• Ese control corresponde, con carácter general, al Pleno del Congreso, pero cuando las Cortes están disueltas, la competencia pasa a la Diputación Permanente.

Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre, la prensa y las notas oficiales coinciden en que el Gobierno quiere que sean estos nuevos decretos de vivienda los que se sometan a la Diputación Permanente, reproduciendo en este órgano el debate que antes se planteó en el Pleno. En esa sesión:

• Un miembro del Gobierno expondrá las razones de urgencia y necesidad del decreto‑ley.
• Intervendrán los grupos parlamentarios en un debate similar a uno de totalidad.
• Se votará cada decreto por separado, decidiéndose por mayoría simple de los presentes (más síes que noes).

Este es, a día de hoy, el trámite realmente pendiente e imprescindible: sin convalidación, el decreto‑ley decae y queda derogado, como ya ocurrió con los textos anteriores votados por el Pleno.

2. Escenario A: que la Diputación Permanente los convalide

Si la Diputación Permanente convalida los nuevos decretos‑ley de vivienda:

• El contenido del decreto queda firme como norma con rango de ley, sin necesidad de más pasos para su vigencia.
• En ese mismo momento, según el artículo 151 del Reglamento, la Presidencia debe preguntar si algún grupo desea que el texto se tramite como proyecto de ley.

Si al menos un grupo lo pide y la mayoría de la Diputación Permanente (actuando con las facultades del Pleno durante la disolución) lo acuerda, se abre una segunda fase: la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En ese caso, los pasos que restarían serían, en esencia, los del Título V del Reglamento del Congreso:

• Remisión a la comisión competente (normalmente, Vivienda/Agenda Urbana o la que se determine).
• Apertura de plazo de enmiendas al articulado por parte de los grupos.
• Ponencia que estudia el texto y las enmiendas y elabora un informe.
• Debate y votación del dictamen en Comisión, con posibilidad de introducir cambios.
• Debate y votación final en el Pleno del Congreso (o, si se le atribuye, aprobación definitiva en comisión con competencia legislativa plena).
• Envío al Senado, que puede aprobar, enmendar o vetar el texto.
• Revisión por el Congreso de las enmiendas o del eventual veto del Senado (levantamiento del veto por mayoría absoluta o por mayoría simple transcurridos dos meses).
• Finalmente, sanción y promulgación por el Rey y publicación en el BOE como ley ordinaria.

Esta segunda fase no es automática: exige, primero, que haya convalidación y, después, que la Cámara (en este momento, su Diputación Permanente) decida expresamente abrir la vía del proyecto de ley.

3. Escenario B: que la Diputación Permanente los derogue

Si, por el contrario, la Diputación Permanente no convalida alguno de los decretos:

• Ese decreto‑ley queda derogado, perdiendo su vigencia desde ese momento.
• No hay trámites parlamentarios adicionales sobre ese texto: ni paso por comisión, ni tramitación como proyecto de ley.
• Las únicas vías para recuperar medidas similares serían que el Gobierno apruebe un nuevo decreto‑ley o envíe un proyecto de ley ordinario, o que un grupo registre una proposición de ley.

4. Resumen operativo

En la situación actual, por tanto, lo que realmente resta para la “aprobación definitiva” de los nuevos decretos de vivienda es:

• Su debate y votación de convalidación en la Diputación Permanente dentro del plazo de 30 días.
• Y, solo si se convalidan, la eventual decisión de abrir una tramitación como proyecto de ley, con todo el recorrido legislativo (enmiendas, comisión, Pleno, Senado y aprobación final).

Sin esa convalidación previa, el procedimiento termina y no queda ya ningún trámite parlamentario pendiente sobre esos decretos concretos.

La Diputación Permanente del Congreso es el órgano que garantiza la continuidad de los poderes de la Cámara cuando el Pleno no puede reunirse. Sus funciones y competencias vienen reguladas fundamentalmente en los artículos 56 a 59 del Reglamento del Congreso, complementados por las remisiones que éste hace a la Constitución.

1. Qué es y para qué sirve

Según el artículo 56, la Diputación Permanente está presidida por la Presidencia del Congreso y formada por un mínimo de 21 miembros, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Cada grupo designa sus miembros titulares y suplentes, y la propia Diputación elige de entre sus componentes dos Vicepresidencias y dos Secretarías, siguiendo un sistema análogo al de la Mesa del Congreso.

Su función general se define en el artículo 57: le corresponde “velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida”. Es decir, actúa como órgano de continuidad institucional, evitando que el Congreso quede sin capacidad de reacción ante determinadas decisiones del Gobierno o situaciones excepcionales cuando el Pleno no puede ejercer sus competencias.

2. Situaciones en las que actúa

El Reglamento distingue expresamente dos grandes escenarios de actuación:

• Disolución o expiración del mandato del Congreso. En estos casos, mientras no se constituya la nueva Cámara, la Diputación Permanente asume determinadas facultades constitucionales que corresponderían al Pleno (art. 57.1).
• Lapsos de tiempo entre períodos de sesiones. Cuando el Congreso no está en período ordinario, la Diputación Permanente puede ejercitar la iniciativa prevista en el artículo 73.2 de la Constitución para promover la convocatoria de sesiones extraordinarias (art. 57.2).

Además, el artículo 56.4 establece que la Diputación Permanente es convocada por la Presidencia, bien por iniciativa propia, bien a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros, lo que refleja que es un órgano operativo y convocable a instancia de minorías significativas.

3. Potestades sobre los reales decretos-leyes

El Reglamento remite expresamente al artículo 86 de la Constitución. En caso de disolución o expiración del mandato del Congreso, la Diputación Permanente:

• Asume todas las facultades que el artículo 86 CE atribuye al Congreso respecto de los reales decretos-leyes (art. 57.1.a). Esto incluye, de acuerdo con la Constitución, la decisión de convalidar o derogar el decreto-ley dictado por el Gobierno.
• Además, cuando así lo permita la normativa aplicable, puede adoptar el acuerdo de que el decreto-ley se tramite posteriormente como proyecto de ley, siguiendo ya el procedimiento legislativo ordinario una vez constituido el Congreso.

De esta forma, aunque el Parlamento esté disuelto, el control político-jurídico sobre el uso del decreto-ley sigue existiendo a través de la Diputación Permanente.

4. Estados de alarma, excepción y sitio

El artículo 57.1.b del Reglamento dispone que, igualmente en caso de disolución o expiración del mandato, la Diputación Permanente:

“Ejercerá las competencias que respecto de los estados de alarma, excepción y sitio atribuye a la Cámara el artículo 116 de la Constitución”.

Esto supone que, cuando el Congreso no está constituido, la Diputación Permanente asume el papel de control y autorización parlamentaria sobre la declaración, prórroga y condiciones de estos estados excepcionales, en los términos previstos constitucionalmente, de manera que se mantiene un contrapeso parlamentario frente a las decisiones del Gobierno en situaciones de crisis.

5. Otras funciones de control y de convocatoria

Además de las funciones específicas ligadas a decretos-leyes y estados excepcionales, el Reglamento le atribuye otras competencias relevantes:

• Ejercitar la iniciativa de convocatoria de sesiones extraordinarias del Congreso fuera de los períodos ordinarios de sesiones, en virtud del artículo 73.2 CE (art. 57.2).
• Funcionamiento análogo al Pleno: el artículo 58 establece que a las sesiones de la Diputación Permanente y a su funcionamiento se aplica lo previsto para el Pleno en el Reglamento. Esto implica que puede debatir, votar y adoptar acuerdos siguiendo las mismas reglas de funcionamiento interno.
• Rendición de cuentas al Pleno: tras la celebración de elecciones generales, la Diputación Permanente debe dar cuenta al Pleno, una vez constituido, de los asuntos que haya tratado y las decisiones que haya adoptado (art. 59). Se asegura así el control posterior por parte de la nueva Cámara.

6. Límites frente al Pleno ordinario

Aunque la Diputación Permanente actúa en nombre de la Cámara cuando ésta no está reunida o está disuelta, sus competencias son tasadas:

• No sustituye al Pleno como órgano legislativo ordinario: sólo asume las facultades expresamente vinculadas a decretos-leyes y a estados excepcionales en los casos previstos, y la iniciativa de convocar sesiones extraordinarias.
• Está sometida a control político posterior: las decisiones que adopta deben ser puestas en conocimiento del nuevo Pleno, que conserva la capacidad de valorar políticamente la actuación de la Diputación Permanente.
• Su composición reproduce proporcionalmente la del Congreso, lo que refuerza su carácter de órgano de continuidad, pero no autónomo: actúa siempre en el marco de la Constitución y del Reglamento, sin poder ampliar por sí misma su ámbito competencial.

En suma, la Diputación Permanente es un órgano de garantía y continuidad del poder parlamentario, con funciones de control especialmente intensas sobre el uso de decretos-leyes y los estados excepcionales, pero claramente limitada frente al Pleno ordinario del Congreso.

Un real decreto-ley que vaya a ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso debe cumplir, en esencia, los mismos requisitos constitucionales que cuando la convalidación la realiza el Pleno. La Diputación no añade exigencias materiales propias: actúa como «sustituto funcional» del Congreso en los supuestos previstos en la Constitución y en el Reglamento, pero sometida a los mismos límites del artículo 86 CE y a las reglas generales de adopción de acuerdos parlamentarios.

1. Requisitos materiales del artículo 86 CE

El artículo 86.1 de la Constitución exige, para todo real decreto-ley (también los que controla la Diputación Permanente):

• Presupuesto habilitante de «extraordinaria y urgente necesidad». Debe existir una situación concreta, de urgencia real, que justifique la adopción inmediata de medidas con rango de ley sin esperar a la tramitación ordinaria. El Tribunal Constitucional exige que el Gobierno:
  • Explique de forma expresa la necesidad y urgencia en la exposición de motivos y en el debate de convalidación.
  • Justifique que hay una conexión de sentido entre esa situación y las medidas adoptadas.
• Límites materiales. El decreto-ley no puede afectar a:
  • Las instituciones básicas del Estado.
  • Los derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución.
  • El régimen de las Comunidades Autónomas.
  • El régimen electoral general.

  Si el contenido invade estos ámbitos, el decreto-ley es inconstitucional, con independencia de que sea convalidado por el Pleno o por la Diputación Permanente.

2. Requisitos formales y de procedimiento

Antes de llegar a la Diputación Permanente, el real decreto-ley debe nacer válidamente:

• Debe ser aprobado por el Consejo de Ministros (Ley 50/1997, del Gobierno, atribuye a este órgano la aprobación de los reales decretos-leyes).
• Debe ser promulgado por la Jefatura del Estado y publicado en el BOE, momento a partir del cual entra en vigor.

Una vez dictado, el artículo 86.2 CE impone que el decreto-ley sea sometido a debate y votación en el Congreso en el plazo máximo de 30 días siguientes a su promulgación, para decidir sobre su convalidación o derogación.

3. Papel específico de la Diputación Permanente

Cuando el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato, el artículo 78 CE y el Reglamento del Congreso atribuyen a la Diputación Permanente:

• Asumir todas las facultades que en relación con los decretos-leyes corresponden al Congreso (incluida la convalidación o derogación dentro del plazo de 30 días).
• Velar por los poderes de la Cámara y, una vez constituido el nuevo Congreso, dar cuenta al Pleno de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas.

El Reglamento dispone además que a las sesiones de la Diputación Permanente se aplica lo establecido para el Pleno, de modo que:

• La Presidenta del Congreso convoca la sesión de la Diputación Permanente para el debate de convalidación.
• Se celebra un debate completo sobre el real decreto-ley (con intervención del Gobierno y de los grupos) y, a continuación, se somete a votación de convalidación o derogación.
• La decisión se adopta por mayoría simple de los miembros presentes, respetando los quórums generales del artículo 79 CE.

4. Efectos de la convalidación por la Diputación Permanente

Si la Diputación Permanente convalida el real decreto-ley dentro del plazo constitucional:

• La norma de urgencia mantiene su vigencia con rango de ley.
• La convalidación es definitiva desde el punto de vista de la validez de la norma: el nuevo Pleno no tiene que «ratificar» la convalidación.
• El nuevo Congreso, una vez constituido, puede:
  • Acordar la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley para introducir enmiendas (art. 86.3 CE), o
  • Impulsar una ley posterior que lo modifique o derogue.

Si, por el contrario, la Diputación Permanente deroga el real decreto-ley, este pierde su vigencia desde la publicación del acuerdo de derogación, sin perjuicio de los efectos producidos durante el tiempo en que estuvo en vigor, que deben resolverse conforme a los criterios generales que ha ido fijando el Tribunal Constitucional.

5. Síntesis

• La Diputación Permanente no tiene un «régimen propio» de decretos-ley: aplica los mismos requisitos constitucionales (extraordinaria y urgente necesidad, límites materiales del art. 86 CE) que el Pleno.
• Solo entra en juego cuando el Congreso no está reunido por disolución o expiración del mandato y garantiza que el control parlamentario de la legislación de urgencia no se interrumpe ni siquiera en períodos electorales.
• Debe respetar el plazo de 30 días, celebrar un debate y adoptar una decisión por mayoría simple sobre la convalidación o derogación del decreto-ley.