Vox ha presentado este jueves en Les Corts sus enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2026, en las que reclama que se aplique lo que el partido denomina “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda y a las ayudas financiadas con fondos públicos. Asimismo, plantea endurecer la política migratoria, blindar “el derecho a la vida del no nacido” y sacar adelante una rebaja fiscal “histórica” mediante una reducción generalizada del IRPF.
El síndic de Vox, José Mª Llanos, subraya que la principal novedad de sus propuestas es que “por primera vez, la prioridad nacional es el principio rector en la legislación valenciana”. “Con ello, este principio deja de ser únicamente un planteamiento político para convertirse en un criterio con reconocimiento legal en ámbitos esenciales como la vivienda y los servicios sociales”, sostiene en un comunicado.
En el ámbito de la vivienda, Vox plantea modificar la Ley 8/2024 para introducir la “prioridad nacional” en el sistema de baremación de acceso a la vivienda de protección pública (VPP). Defiende que se tengan en cuenta factores como los años de empadronamiento del solicitante y de sus progenitores, la cotización, la escolarización, la condición de familia numerosa o ser menor de 40 años a la hora de adjudicar una VPP.
Además, propone endurecer las exigencias de arraigo para optar a una VPP, con cinco años de residencia para el alquiler social y diez años de empadronamiento para la compra. También quiere que la “prioridad nacional” figure como principio rector en las leyes de Servicios Sociales y de la Renta Valenciana de Inclusión, obligando a la Generalitat a desarrollar reglamentariamente este criterio.
En materia migratoria, Vox plantea una modificación “profunda” de la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes. Entre sus enmiendas, se incluye “informar a los inmigrantes sobre los programas de retorno voluntario; limitar las políticas de integración a quienes residan legalmente en España y respeten el ordenamiento jurídico español, así como la identidad, las costumbres y las tradiciones de España y de la Comunidad Valenciana e impedir que puedan recibir reconocimientos públicos entidades que promuevan la inmigración irregular”.
El partido también plantea “suprimir organismos creados durante los gobiernos del Botànic, como el Foro Valenciano de la Inmigración, el Observatorio de la Inmigración y la Comisión Mixta para el desarrollo de la Estrategia Valenciana de Migraciones”, junto con “la prohibición de mantener el rostro sustancialmente cubierto cuando resulte necesaria la identificación de las personas”. Esta última medida se incorporaría a la normativa sobre espectáculos públicos, transporte, sanidad, función pública y centros educativos, previendo la colaboración de las policías locales para asegurar su aplicación.
De forma paralela, las enmiendas buscan endurecer las condiciones de acceso a prestaciones con financiación pública. En concreto, plantean elevar de 15 meses a tres años la residencia ininterrumpida necesaria para percibir la Renta Valenciana de Inclusión y, “como alternativa, que puedan acceder quienes acrediten diez años de residencia acumulada durante los últimos treinta años, evitando perjudicar a los valencianos que hayan desarrollado parte de su vida fuera de la Comunidad Valenciana”. También se fija que las personas en edad y condiciones de trabajar deban cumplir los requisitos legales para poder incorporarse al mercado laboral.
En el terreno educativo, Vox reclama “reforzar la neutralidad ideológica” de los centros mediante “la revisión de los currículos de Infantil para eliminar referencias a la ideología de género, la sexualidad y el multiculturalismo; la ampliación de las funciones de la Inspección Educativa para velar por la neutralidad ideológica y lingüística; la creación de un procedimiento específico para que las familias puedan denunciar vulneraciones de la neutralidad y la prioridad de los productos españoles, de proximidad y de temporada en los comedores escolares, limitando los menús especiales a razones estrictamente sanitarias”.
Las propuestas del grupo incluyen además una reforma de la Ley de Infancia y Adolescencia con la finalidad de “reforzar la protección de los menores, el apoyo a las familias y la transmisión de la cultura y las tradiciones valencianas”. Para ello, plantean incorporar “la obligación de prevenir y proteger a los menores frente a comportamientos contrarios a la legalidad vigente y a los usos y costumbres propios de nuestra comunidad, y el reconocimiento, por primera vez, de la obligación de la Generalitat de salvaguardar y proteger el derecho a la vida del no nacido”.
Contra la “ideología de género” y cambios en igualdad
Bajo el epígrafe CONTRA LA “IDEOLOGÍA DE GÉNERO”, Vox propone “la sustitución de las referencias a la ideología de género y a la sexualidad por el principio de respeto entre hombres y mujeres; la garantía de que el alumnado conozca la cultura arraigada, las costumbres y tradiciones valencianas, así como las lenguas oficiales de la región, y fomentar la reagrupación familiar en el país de origen durante los procesos de preparación para la vida independiente de los menores, adaptando estas políticas a la normativa autonómica vigente”.
En el área de igualdad, el partido plantea modificar distintos preceptos de la normativa autonómica para “reorientar las políticas públicas hacia un modelo basado en la igualdad de todos los ciudadanos y la libertad”. Entre otras medidas, solicita “la derogación del precepto que contempla viviendas temporales destinadas exclusivamente a personas LGTBI en riesgo de exclusión; la sustitución del carácter obligatorio de determinadas actuaciones de promoción de la diversidad en los centros educativos por un modelo basado en la voluntariedad y en la decisión de cada centro y de su consejo escolar; la supresión de las oficinas de atención e información LGTBI en las universidades valencianas o la transformación del actual Espai de la Memòria LGTBI en el ‘Espacio de Memoria y Libertad’”.
Bajada del IRPF y alivio fiscal a cazadores
En el terreno fiscal, Vox plantea una rebaja generalizada del IRPF con el objetivo de “beneficiar a todos los contribuyentes”. La propuesta se articularía en dos etapas: una primera reducción en 2026 y una segunda en 2027, del mismo porcentaje y aplicable a todos los tramos de renta. Además, prevé una disminución del 5% en el importe de todas las tasas vinculadas a la caza.
Las enmiendas incorporan, por último, medidas para reducir cargas administrativas y aumentar la eficiencia del sector público. Entre ellas, la eliminación de trabas burocráticas para industrias como el juguete y el plástico, la introducción de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos, la fusión de organismos públicos para “racionalizar” la estructura de la Generalitat y nuevos requisitos para asegurar que las subvenciones públicas “respondan a una utilidad efectiva y que sus beneficiarios hayan justificado correctamente las ayudas recibidas”.