Consolidado en el marco del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles y presente ya en regulaciones sectoriales como la de baterías, el Pasaporte Digital de Producto (DPP, por sus siglas en inglés) es una de las grandes apuestas de la Unión Europea para modernizar el funcionamiento del Mercado Único.
Para el consumidor, se traducirá en un soporte digital vinculado al producto desde el que podrá consultar determinada información sobre aquello que compra. Pero su función será más amplia: también tendrá una dimensión regulatoria, dentro de un sistema de cumplimiento y vigilancia de mercado cada vez más digitalizado. El debate en torno a la iniciativa de Ley Europea de Producto refuerza, además, su vocación horizontal y plantea cómo integrar estas herramientas en distintos sectores.
La cuestión, por tanto, ya no es si debemos digitalizar la política europea de producto, sino cómo hacerlo para que el DPP simplifique el cumplimiento y contribuya a una vigilancia de mercado más eficaz. Para ello, su diseño deberá evitar nuevas duplicidades y silos digitales, falsas apariencias de conformidad y cargas desproporcionadas para empresas y Administraciones.
Un pasaporte completo no demuestra por sí solo que el producto cumpla
El DPP puede facilitar comprobaciones formales, como verificar que determinada información está disponible o asociada al producto. Eso no prueba por sí solo que la información sea exacta ni que el producto cumpla los requisitos aplicables. Cuando sea necesario, la autoridad deberá contrastar las declaraciones con la documentación o las pruebas que las respaldan.
La diferencia importa también para la competencia leal. Un DPP completo no debería tratarse como prueba automática de conformidad: hacerlo podría equiparar al operador que mantiene datos fiables y trazables con quien carga información aparentemente completa, pero sin respaldo suficiente.
El problema tampoco se resuelve incorporando más información al DPP. Más datos no implican necesariamente un mejor control. Si el DPP supone información excesiva o escasamente vinculada al objetivo de una inspección, localizar, interpretar y verificar lo verdaderamente relevante puede resultar más complejo. El valor del pasaporte para la vigilancia de mercado no está en convertirse en un expediente exhaustivo de cada producto, sino en apoyar controles más ágiles y mejor orientados.
En este nuevo entorno, la vigilancia de mercado debe seguir siendo selectiva y basada en el riesgo, concentrando los recursos en los productos, operadores o posibles incumplimientos que requieran mayor atención. El DPP debe servir como herramienta de apoyo a esos controles, no sustituirlos.
Digitalizar para simplificar, no para duplicar
En un momento en que la Comisión Europea ha situado la simplificación y la reducción de cargas en el centro de su agenda, el DPP debería responder a esa misma lógica y no añadir nuevas capas documentales.
Para ello, debe distinguirse entre la información que debe figurar en el DPP y la documentación justificativa (como certificaciones, informes de ensayo u otros elementos de prueba) que los operadores deben conservar y poner a disposición de las autoridades cuando estas la requieran. Sin perjuicio de los documentos que la normativa exija incluir o enlazar, incorporar sistemáticamente toda esta documentación al pasaporte transformaría el DPP en un repositorio permanente de expedientes de cumplimiento, incluso cuando esa evidencia solo fuese necesaria en una parte limitada de los controles.
El criterio de necesidad debe aplicarse también a cada dato obligatorio. La digitalización puede reducir determinadas cargas administrativas y agilizar el intercambio de datos, pero no convierte la información en gratuita. Cada dato debe obtenerse, vincularse correctamente al producto, estructurarse, actualizarse, protegerse y conservarse durante el periodo aplicable. Este impacto resulta especialmente relevante para las PYMES, que disponen de menos recursos para absorber los costes fijos asociados a nuevas infraestructuras tecnológicas, sistemas de gestión y obligaciones regulatorias.
Cada nuevo requisito debería responder, por tanto, a una finalidad concreta y a un caso de uso claramente identificado. La pregunta no debería ser qué información podemos digitalizar, sino qué información necesitamos, para qué y quién necesita utilizarla. No todos los usuarios requieren los mismos datos ni el mismo nivel de detalle.
Empresas y autoridades deben avanzar al mismo ritmo
Definidas las obligaciones, su aplicación exigirá preparación a ambos lados del sistema. Las empresas tendrán que adaptar sus procesos e infraestructuras, pero las autoridades también deberán disponer de los medios necesarios para actuar en un entorno regulatorio cada vez más digital.
La autenticación de los operadores, la gestión de derechos de acceso, la ciberseguridad y el intercambio seguro de información requieren infraestructuras públicas, recursos especializados y mantenimiento continuado. Por ello, las nuevas obligaciones empresariales deberían desplegarse de forma acompasada con las capacidades administrativas necesarias para utilizarlas. Exigir su cumplimiento sin esa preparación limitaría el valor práctico de la transformación y generaría costes sin el correspondiente beneficio regulatorio. Por ello, son necesarios plazos de adaptación suficientes, guías sectoriales y formación para pymes.
Conectar los sistemas para evitar duplicidades
El DPP formará parte de un entorno europeo que ya incluye registros y plataformas con distintos objetivos. Para reducir cargas, la interoperabilidad debe facilitar que los sistemas intercambien e interpreten datos con identificadores, definiciones y formatos comunes. Las empresas no deberían tener que volver a introducir y mantener la misma información en varios canales cuando pueda reutilizarse de forma segura. Además, debería preservarse la neutralidad tecnológica y las inversiones existentes, con especificaciones estables y posibilidad de cambiar de proveedor sin perder datos.
La interoperabilidad no exige reunir toda la evidencia regulatoria en una base central. Exige que los sistemas pertinentes puedan localizar la información, reconocer su significado y aplicar los permisos de acceso correspondientes.
El DPP, un instrumento al servicio del cumplimiento y la competitividad
El DPP será útil si responde a necesidades concretas: ofrecer al usuario la información pertinente, facilitar el cumplimiento, la reparación y el reciclaje, y ayudar a orientar controles eficaces. Su éxito dependerá de que los requisitos sean claros, proporcionados y compatibles con los sistemas existentes, y de que los datos disponibles sean fiables.
El objetivo no es digitalizar por digitalizar: es facilitar el cumplimiento y mejorar la vigilancia sin multiplicar los trámites. Bien diseñado, el Pasaporte Digital de Producto puede contribuir a un cumplimiento más eficiente, reforzar la competencia leal y favorecer un Mercado Único más competitivo. Para el tejido productivo español, debería permitir acreditar el valor de sus productos y abrir oportunidades en servicios de reparación y recuperación de materiales, con una implantación accesible para las empresas de menor tamaño.