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Actualmente no existe en las Cortes Generales una iniciativa que se llame literalmente “ley que regula las retransmisiones deportivas internacionales en España”, ni las fuentes localizan una norma específica dedicada sólo a ese objeto. El régimen jurídico de las retransmisiones (incluidas las deportivas y las internacionales) se articula sobre todo a través de la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, del Real Decreto‑ley 24/2021 (que ya abordó derechos de autor en retransmisiones en línea) y de la normativa europea. En este marco general, la iniciativa parlamentaria hoy más relevante, que afecta indirectamente a las retransmisiones deportivas internacionales, es el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación (121/000068). Este proyecto se encuentra en el Congreso de los Diputados en fase muy inicial: plazo de enmiendas abierto y sucesivamente ampliado, actualmente hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que aún no ha pasado a ponencia ni, por tanto, al Senado.

1. Qué iniciativa puede estar detrás de tu pregunta

Las fuentes parlamentarias no identifican ninguna “ley de retransmisiones deportivas internacionales” como tal. Lo que sí aparece es el Proyecto de Ley 121/000068, de “gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación”, promovido por el Gobierno y tramitado en el Congreso. Su ficha oficial puede consultarse en la web del Congreso en este enlace del Congreso.

Este proyecto reforma, entre otras, la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual y adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2024/1083, que establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior. En ese marco se regulan, de forma horizontal, servicios audiovisuales, prestadores de medios de comunicación y reglas sobre concentración, pluralismo, medición de audiencias y registro de prestadores, todo ello muy relevante para televisiones, plataformas y operadores que explotan derechos deportivos, incluidos a nivel internacional.

En el propio texto del proyecto se menciona que se modifica el Real Decreto‑ley 24/2021, de 2 de noviembre, “de transposición de directivas de la Unión Europea (…) ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión”. Es decir, toca el marco que ya incidía en retransmisiones internacionales, aunque de manera general, no sólo deportivas.

2. Fase de tramitación en el Congreso de los Diputados

Según la ficha parlamentaria de la iniciativa 121/000068, el último estado es la ampliación del plazo de presentación de enmiendas hasta el 2 de septiembre de 2026. Eso significa que:

• La iniciativa está en el Congreso, en la fase de “enmiendas” tras su toma en consideración/publicación.
• No se ha constituido todavía la ponencia que redacta un informe sobre el articulado, ya que antes debe cerrarse el plazo de enmiendas.
• No ha sido aún remitida al Senado; por tanto, su tramitación se encuentra exclusivamente en la Cámara Baja.

Este alargamiento de plazos es frecuente en proyectos complejos que afectan a muchos actores (grandes plataformas, medios, reguladores, sector audiovisual, etc.), y suele utilizarse para que los grupos parlamentarios terminen de negociar enmiendas y posiciones.

3. Relación con las retransmisiones deportivas internacionales

Aunque el proyecto 121/000068 no se centra nominalmente en el deporte, sí incide en varios aspectos clave para cualquier operador que gestione derechos de competiciones deportivas nacionales o internacionales que se emitan en España:

• Refuerza y concreta el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como autoridad audiovisual estatal, con funciones sobre títulos habilitantes, registro de prestadores y control de obligaciones de los medios.
• Introduce un procedimiento específico para evaluar concentraciones en el mercado de los medios de comunicación, que puede ser determinante en operaciones de compra de derechos o fusiones entre grupos con carteras de derechos deportivos.
• Amplía el régimen sancionador de la Ley 13/2022 a nuevos sujetos (medios, plataformas, sistemas de medición de audiencia, fabricantes de dispositivos), lo que afecta a la forma en que se distribuyen y comercializan contenidos audiovisuales, incluidos los deportivos de ámbito internacional.

Todo ello se superpone a la Ley 13/2022, que ya contiene la regulación estructural de los servicios de comunicación audiovisual (televisiones abiertas y de pago, OTT, plataformas de intercambio de vídeos, etc.) que explotan derechos deportivos tanto domésticos como internacionales.

4. Conclusión práctica

En este momento, por tanto, no se puede hablar de una “nueva ley específica de retransmisiones deportivas internacionales” en fase avanzada de tramitación. Lo que sí está en curso, y en una fase temprana de la tramitación parlamentaria (fase de enmiendas en el Congreso, con plazo abierto hasta el 2 de septiembre de 2026), es el Proyecto de Ley 121/000068, que actualiza el marco general de medios y servicios digitales del que dependen también esas retransmisiones.

La cuestión que planteas se refiere al ámbito deportivo concreto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al rol técnico-organizativo de Luis de la Fuente como seleccionador nacional. Ese tipo de contenido entra en el terreno del deporte profesional y de la gestión interna de una federación deportiva, no en el de la política, la normativa pública o la actividad institucional en España. Por ese motivo, no dispongo de información específica, actualizada ni detallada sobre cuáles son exactamente sus competencias formales según los estatutos o reglamentos internos de la RFEF y no puedo darte una respuesta precisa y documentada sobre ello.

Mi especialización está centrada en el análisis de la política y la actualidad institucional en España: normas, proyectos de ley, reales decretos‑ley, debates parlamentarios, decisiones del Gobierno, actividad de partidos políticos, así como noticias sociales y económicas abordadas desde una perspectiva política. Estoy diseñado para trabajar con información de fuentes como registros parlamentarios, documentación del Ejecutivo, normativa publicada en el BOE y cobertura periodística especializada en política, como la que ofrece el periódico Demócrata, no con reglamentos técnicos de federaciones deportivas.

En el caso concreto de un seleccionador nacional de fútbol como Luis de la Fuente, sus competencias suelen venir definidas por instrumentos que escapan a ese marco: estatutos de la federación, reglamentos internos, contratos laborales o mercantiles y, en ocasiones, acuerdos con órganos directivos deportivos. Aunque en un sentido general se podría asumir que un seleccionador nacional tiene funciones como la convocatoria de jugadores, la dirección de los entrenamientos, la elaboración de planteamientos tácticos, la dirección de los partidos y la coordinación con los responsables de las categorías inferiores, esa descripción genérica no equivale a enumerar las competencias “según la RFEF”, que es lo que tú has preguntado. Para responder a eso con rigor haría falta acceder directamente a los documentos de la Federación y citarlos, algo para lo que no estoy preparado.

Además, la forma en que se distribuyen las competencias en una federación puede variar con el tiempo: reformas estatutarias, cambios en los organigramas, modificaciones de contratos o reformas impulsadas por órganos como la asamblea general o la comisión delegada de la propia federación. Esa evolución normativa interna se parece formalmente a la vida de las leyes o reglamentos públicos, pero pertenece a un ecosistema autónomo, el del derecho deportivo y asociativo, que se sitúa fuera del ámbito de información con el que trabajo.

Mi función, como asistente especializado en política española, es más útil cuando la pregunta se orienta a la relación entre el deporte y las instituciones públicas. Por ejemplo, sí podría ayudarte en cuestiones como la política deportiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), las subvenciones públicas a federaciones, los debates parlamentarios sobre la reforma de la Ley del Deporte, o la gestión institucional de conflictos entre el Gobierno y determinadas federaciones en materia de cumplimiento de códigos de buen gobierno, transparencia o igualdad. Ese tipo de asuntos sí se encuadran claramente en la actividad política y normativa del Estado y, por tanto, forman parte de mi campo de actuación.

También puedo aportar contexto cuando la actividad de una federación deportiva alcanza una dimensión política o institucional clara: por ejemplo, si se abre una investigación parlamentaria o administrativa sobre su funcionamiento, si el Gobierno promueve cambios legales que afecten a su estructura o financiación, o si hay un conflicto con organismos internacionales que tenga consecuencias diplomáticas o regulatorias. En esos supuestos, el foco ya no está sólo en la figura deportiva (como el seleccionador), sino en las decisiones políticas, la rendición de cuentas y el control institucional.

Si lo que necesitas es conocer de manera exacta las competencias de Luis de la Fuente como seleccionador nacional definidas por la RFEF, lo más adecuado es acudir directamente a las fuentes deportivas especializadas o a la propia documentación oficial de la Federación: estatutos, reglamentos internos y comunicados donde se detalle su cargo. Son esos textos los que pueden proporcionarte una respuesta jurídica y organizativa precisa a lo que estás planteando.

Si, en cambio, te interesa explorar cómo se regula el deporte en España desde el punto de vista político y normativo, o qué papel juegan las instituciones públicas en la supervisión o financiación de entidades como la RFEF, ahí sí puedo ayudarte con bastante detalle: describiendo la legislación vigente, las reformas en curso, los debates entre partidos y la posición de los diferentes actores políticos y sociales implicados.

Las últimas elecciones generales al Congreso se celebraron el 23 de julio de 2023 y dieron una mayoría relativa al PP con 137 escaños, seguido por el PSOE con 121, Vox con 33 y la coalición Sumar con 31, según los datos oficiales de la Junta Electoral y el recuento difundido por RTVE y el Ministerio del Interior. A nivel estatal, el resto del hemiciclo se completó con los escaños de ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria y UPN, hasta un total de 350 diputados. Desde entonces ha habido numerosas bajas y sustituciones, y varios cambios de adscripción al Grupo Mixto, pero las fuentes consultadas no ofrecen una foto cerrada y detallada, partido a partido, de esa distribución “actualizada”; por ello solo puede darse con precisión la foto oficial salida de las urnas y describir los principales movimientos posteriores.

Resultados del 23J para el Congreso

De acuerdo con el escrutinio oficial publicado por Interior —recogido en el portal Infoelectoral y reproducido por RTVE—, el reparto de escaños del 23J fue el siguiente:

• PP: 137 escaños (33,1 % de los votos), según los resultados interactivos de RTVE y los datos agregados de EpData.
• PSOE: 121 escaños (31,7 % de los votos).
• Vox: 33 escaños (12,4 %).
• Sumar: 31 escaños (12,3 %).
• ERC: 7 escaños.
• Junts per Catalunya: 7 escaños.
• EH Bildu: 6 escaños.
• EAJ‑PNV: 5 escaños.
• BNG: 1 escaño.
• Coalición Canaria: 1 escaño.
• UPN: 1 escaño.

Esta distribución puede verificarse en las bases oficiales de la Junta Electoral Central y del Ministerio del Interior (Infoelectoral, JEC) y en el resumen enciclopédico de Wikipedia. Todos los análisis demoscópicos posteriores que publica el periódico Demócrata toman precisamente ese reparto (137‑121‑33‑31…) como “foto base” a la que comparan sus proyecciones, como se ve en piezas sobre encuestas y promedios de encuestas como GAD3, Ipsos, SocioMétrica, NC Report, Target Point o el promedio de encuestas.

¿Cuántos diputados tiene cada partido “hoy”?

En términos estrictos de escaños obtenidos en las elecciones, cada partido mantiene exactamente los mismos números que el 23J: las bajas individuales se cubren con personas de la misma lista electoral y no alteran el reparto de actas por partido. No hay constancia en las fuentes consultadas de que ningún partido haya perdido o ganado escaños como consecuencia de una repetición electoral parcial o de decisiones de la Junta Electoral; por tanto, a 10 de julio de 2026 el PP sigue contando con 137 diputados electos, el PSOE con 121, Vox con 33, Sumar con 31, etc.

Otra cosa distinta es la composición de los grupos parlamentarios y del Grupo Mixto, donde sí ha habido movimiento. El periódico Demócrata ha documentado un volumen creciente de renuncias: primero “casi uno de cada diez escaños” en agosto de 2024 (análisis sobre renovaciones), luego “uno de cada ocho diputados” a comienzos de 2025 (nuevo balance) y, en verano de 2025, “más de medio centenar de diputados” había abandonado el Congreso (balance a dos años).

Esas renuncias afectan especialmente al PSOE —que concentra alrededor de un tercio de las bajas— y también al PP, Sumar y los nacionalistas, pero sus escaños pasan a los siguientes candidatos de las mismas listas, de modo que el reparto por partido no varía. Lo que sí se ha modificado es la correlación interna de fuerzas en la Cámara: por ejemplo, la crónica de Demócrata sobre el “bloque de investidura” explica que el Gobierno de coalición se apoya en los 121 diputados del PSOE y 31 de Sumar, más ERC, Bildu, PNV, BNG, Junts y otros aliados, frente a los 171 escaños que suman PP, Vox y UPN (análisis del bloque de investidura).

A esto se añaden los cambios de adscripción, especialmente en el espacio de Sumar. El propio Demócrata ha seguido la fractura interna del grupo, con fugas de diputados hacia el Grupo Mixto, incluidos los de Podemos, tal y como se detalla en las piezas sobre cesiones de escaños para formar grupos (“Idas y venidas”), la dimisión de Yolanda Díaz (impacto en el grupo) y la posterior “fuga de diputados” (intrahistoria de Sumar). Otra referencia útil para medir la correlación de fuerzas real son los órganos internos: la Diputación Permanente, por ejemplo, contaba en agosto de 2025 con 27 miembros del Grupo Popular, 24 del Socialista, 6 de Vox, 6 de Sumar y un representante de ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto, respectivamente, según una nota oficial del Congreso (nota de prensa).

Sin embargo, ni las notas oficiales ni los reportajes de Demócrata ofrecen un cuadro sintético y completamente actualizado que diga “a día de hoy, tal partido tiene X diputados encuadrados en tal grupo y Y en el Mixto”. Por tanto, con la información disponible solo puede afirmarse con seguridad el reparto oficial derivado del 23J y describir tendencias (renovación muy alta de escaños, tensión en Sumar, crecimiento del Mixto), pero no proporcionar una tabla exacta y cerrada de diputados “actuales” por partido más allá de esos números de partida.

Otras referencias relacionadas

Para contextualizar el peso de cada grupo en otros órganos y en la financiación, pueden consultarse, entre otros, el análisis sobre el reparto de subvenciones a partidos con escaño (subvenciones de funcionamiento), el reparto de fondos de seguridad (gastos de seguridad) o los artículos divulgativos de “Fren responde” sobre representación en órganos como el Tribunal de Cuentas (reparto en Tribunal de Cuentas) y sobre los requisitos para formar grupo parlamentario (umbral para grupo), así como, en otros niveles institucionales, el uso de datos abiertos para analizar elecciones europeas (análisis de datos abiertos) y el acuerdo de la JEC sobre los resultados al Parlamento Europeo (publicación en el BOE).