La Comisión Europea ha remitido un dictamen motivado al Gobierno español para exigirle que finalice la incorporación a la legislación nacional de las normas comunitarias sobre eficiencia energética. Este ajuste pendiente podría derivar, si no se completa en un plazo de dos meses, en que Bruselas eleve el expediente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicite la imposición de sanciones económicas contra España.
Este paso supone la segunda fase de un procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene igualmente abierto frente a Grecia, Italia y Malta por no haber trasladado íntegramente la normativa europea dentro del calendario fijado, que venció el 11 de octubre de 2025, salvo para determinadas disposiciones específicas.
Con anterioridad, Bruselas ya había remitido cartas de emplazamiento a 26 Estados miembro por no haber incorporado de forma completa a sus ordenamientos internos esta directiva. La norma establece objetivos para recortar el consumo y reforzar el ahorro energético, además de prever actuaciones frente a la pobreza energética y para elevar la eficiencia de las administraciones y de los edificios públicos, según detalla el propio Ejecutivo comunitario.
Tras analizar las medidas adoptadas y las aclaraciones enviadas por los distintos gobiernos, la Comisión ha determinado que España, Grecia, Italia y Malta continúan sin culminar la transposición. Por ello ha remitido a los cuatro Ejecutivos respectivos dictámenes motivados en los que concreta las disposiciones que considera aún pendientes de incorporar.
Con este movimiento se abre un plazo de dos meses para que las autoridades nacionales respondan y terminen de integrar las reglas europeas y, “de no hacerlo, la Comisión podrá decidir llevar los casos ante el TJUE y solicitar la imposición de sanciones económicas”.