La Comisión Europea ha planteado este miércoles posponer un año la entrada en vigor de varias obligaciones relativas a las emisiones de metano que afectan a los importadores de gas natural, petróleo y carbón. El Ejecutivo comunitario vincula esta iniciativa al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo y al riesgo de que las tensiones en los mercados globales comprometan el suministro de combustibles fósiles a la Unión Europea.
La propuesta modifica el reglamento aprobado en 2024 en lo que respecta a las obligaciones de seguimiento, reporte y verificación de las emisiones de metano que deben asumir las compañías que compran hidrocarburos a terceros países. También introduce un retraso en las exigencias de notificación sobre la intensidad de metano, que se aplican igualmente a los productores dentro de la UE.
Con esta iniciativa, Bruselas busca “aliviar la presión sobre la industria europea y las administraciones nacionales” y conceder un margen adicional a los operadores para que se adapten a las nuevas reglas, en un escenario en el que, advierte, el repunte de los costes energéticos pone en riesgo la competitividad de la economía europea.
“La ambición de Europa en la lucha contra el cambio climático sigue siendo inquebrantable. Pero, a medida que nos acercamos a un invierno difícil en términos de precios energéticos, debemos ser flexibles y pragmáticos en la aplicación de nuestras normas”, ha subrayado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
El comisario ha recalcado que la prioridad pasa por “proteger a los ciudadanos europeos de la volatilidad de los precios” y evitar “cualquier posible riesgo adicional para el suministro energético” en un contexto de restricciones a escala mundial.
Pese a este margen adicional, la Comisión defiende que la iniciativa “no afecta a la ambición, la integridad ni el ámbito de aplicación” de la normativa, que fija obligaciones crecientes para limitar las emisiones de este gas de efecto invernadero tanto en la producción y transporte de energía dentro de la UE como en las importaciones procedentes de terceros países.
La propuesta deberá ser ahora examinada y aprobada por el Parlamento Europeo y por los Veintisiete en el Consejo de la UE. Mientras tanto, el Ejecutivo comunitario seguirá colaborando con los Estados miembros y con la industria energética para facilitar el cumplimiento de las normas ya vigentes.
En esta línea, Bruselas presentó en julio dos recomendaciones con posibles vías para ajustarse a las exigencias del reglamento y al régimen sancionador, y el pasado 12 de octubre puso en marcha una consulta pública para definir los modelos de declaración de emisiones que tendrán que emplear los operadores del sector.