Bruselas ultima cambios para agilizar la construcción de vivienda y abaratar costes desde 2027

La Comisión Europea prepara para 2027 una gran simplificación normativa en vivienda y energía y plantea retirar 18 propuestas legislativas bloqueadas.

Edificio en construcción. GRUPO ST

Edificio en construcción. GRUPO ST

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

3 minutos

Más leídas

Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 4 de noviembre de 2026 · 15 institutos

  • PP31,0 %
  • PSOE26,3 %
  • Vox19,5 %
  • Frente Amplio6,5 %
  • ERC2,5 %
  • Podemos2,2 %
  • SALF2,2 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

Todas las encuestas

Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

La Comisión Europea ha avanzado este miércoles que en 2027 presentará una iniciativa legislativa destinada a recortar las cargas burocráticas que hoy lastran la construcción y rehabilitación de viviendas. La idea es facilitar las obras, rebajar los costes y ampliar el parque residencial, dentro de un plan de trabajo que también incluye nuevas actuaciones para contener los precios de la energía y la retirada de 18 propuestas normativas que siguen atascadas.

Con este paquete, el Ejecutivo comunitario quiere ayudar a abordar una crisis de vivienda que, según alerta, se ha convertido en motivo de inquietud para muchos ciudadanos europeos. La propuesta de simplificación normativa se prevé para el segundo trimestre del próximo año, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, aunque por ahora Bruselas no ha precisado qué normas concretas piensa retocar.

“Nuestro objetivo es claro: menos burocracia y complejidad para los ciudadanos, y más margen para que las empresas inviertan, innoven y crezcan”, ha defendido el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, durante la presentación del programa de trabajo, en la que ha subrayado que la simplificación también alcanzará a sectores como la banca y el transporte, además de incluir medidas para acelerar la concesión de permisos a proyectos considerados estratégicos.

En el ámbito energético, Bruselas trabaja en nuevas medidas para responder al encarecimiento de la electricidad y los combustibles. Entre ellas figura un paquete legislativo para racionalizar las normas del sector a partir de 2030 y la posible creación de un mecanismo que fomente la instalación de bombas de calor, con el objetivo de aliviar el desembolso inicial de los hogares y reducir su vulnerabilidad ante la subida de los combustibles fósiles.

El Ejecutivo comunitario estudia además actuaciones inmediatas para mejorar el rendimiento de las refinerías de la UE y una propuesta para diferir ciertas obligaciones incluidas en la normativa sobre emisiones de metano, en un contexto de tensiones de suministro y fuerte aumento de los costes energéticos.

El programa de trabajo incorpora igualmente una revisión de las directivas europeas de protección de aves y hábitats, incluida la normativa de la red Natura 2000, prevista para el tercer trimestre de 2027, con el fin de evaluar si es preciso introducir ajustes que refuercen su aplicación.

A estas líneas de actuación se añaden un plan europeo frente a las olas de calor, nuevas políticas para mejorar la gestión del agua y una actualización de los límites de emisiones de CO2 de los vehículos pesados. En el plano social, Bruselas prepara un acuerdo europeo sobre cuidados y una estrategia sobre el “derecho a quedarse” para facilitar que las personas puedan desarrollar su proyecto vital en sus regiones de origen.

Bruselas propone retirar 18 expedientes legislativos

Junto a las nuevas prioridades, la Comisión plantea retirar 18 propuestas legislativas que siguen sin ver la luz, bien porque apenas han avanzado en las negociaciones, porque podrían acarrear costes innecesarios o porque, a juicio del Ejecutivo comunitario, han dejado de responder a las prioridades centrales de la Unión.

Entre ellas se encuentra la conocida como “Green Claims”, con la que se pretendía combatir la publicidad medioambiental engañosa mediante requisitos comunes para que las empresas justificaran las afirmaciones de sostenibilidad utilizadas en la comercialización de sus productos.

En la relación de textos afectados figuran también la reforma de la fiscalidad de los productos energéticos y de la electricidad, bloqueada por la falta de unanimidad entre los Veintisiete, así como las propuestas para fijar normas comunes de tributación empresarial y atajar los retrasos en los pagos entre compañías.

Antes de decidir si retira de forma definitiva estos expedientes, la Comisión tendrá en cuenta las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo. Además, su hoja de ruta incluye la derogación de otras 14 normas ya en vigor que considera que han dejado de ser adecuadas para los fines para los que fueron aprobadas.