El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha cargado contra “la cúpula directiva de Correos” por una actuación que califica de “vergonzante”, al considerar que la empresa está “utilizar los servicios mínimos para limitar” el “derecho” a sumarse a la huelga general convocada para este miércoles y “priorizar la producción”.
La organización sindical denuncia que se han fijado “más de 16.000 designaciones para servicios mínimos”, lo que equivale a “cerca del 35% de la plantilla”, y sostiene que se han aplicado “con trampas para inflarlos, criterios de selección discriminatorios y asignaciones que exceden las tareas electorales legalmente protegidas”, según detalla en un comunicado.
Para CCOO, ese nivel de personal obligado a trabajar supone “un volumen extraordinario para una huelga de una sola jornada” convocada 18 días antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, unos comicios que, a su juicio, “pretenden utilizar” para “priorizar la actividad postal ordinaria y vaciar de contenido el derecho fundamental de huelga”.
El sindicato subraya que “no cuestiona la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de sufragio”, pero sí el recurso a la cita electoral para “imponer unos servicios mínimos” que tacha de “desproporcionados”, con el objetivo de “desarrollar actividades que no están amparadas por su finalidad electoral”.
Ante la sospecha de que se hayan “inflado” los “cálculos utilizados” para fijar los servicios mínimos, CCOO reclama que se hagan públicos y denuncia que se está incorporando “personal, incluyendo referencias a trabajadores/as que no están en activo, refuerzos falsos, secciones de reparto vacantes o dotaciones que no se corresponden con los efectivos reales disponibles”.
En paralelo, la organización exige la “rectificación inmediata” por parte de la dirección de la empresa pública y avanza que está recopilando datos y documentación sobre “los cómputos inflados, las designaciones irregulares, los cambios de instrucciones y la asignación de tareas no electorales” con el fin de “reforzar el recurso ante la Audiencia Nacional contra los servicios mínimos abusivos del 11N” y “fundamentar actuaciones adicionales frente a su aplicación empresarial”.