La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre ha abierto un debate sobre sus posibles consecuencias económicas. Distintas organizaciones empresariales han advertido del impacto que la interrupción de la actividad puede tener sobre las empresas y el conjunto de la economía.
Conpymes ha planteado dos escenarios para estimar el efecto de la huelga. Con un nivel de afectación del 30%, calcula que la actividad económica perjudicada ascendería a 1.850 millones de euros, equivalentes al 0,11% del PIB. Si el seguimiento alcanzase el 70%, la cifra se elevaría a 4.560 millones, el 0,27% del producto interior bruto.
La organización sostiene que las pequeñas empresas y los autónomos serán especialmente vulnerables a las interrupciones de la actividad, al disponer de menos capacidad para absorber sus consecuencias. Su presidente, José María Torres, también ha cuestionado que la movilización sindical pueda resolver problemas como el acceso a la vivienda.
Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles estima que una huelga de seguimiento generalizado podría afectar a 1.600 millones de euros en producción exportable. Su presidente, Antonio Bonet, ha advertido además de que la convocatoria puede transmitir una imagen de incertidumbre a los inversores internacionales.
CEOE y CEPYME advierten del perjuicio para las empresas
CEOE y CEPYME rechazaron la convocatoria en un comunicado conjunto publicado el 6 de octubre. Ambas organizaciones consideraron que las reivindicaciones relacionadas con la vivienda corresponden a las administraciones públicas y criticaron que se traslade a las empresas y a la actividad económica el coste de la protesta.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que los empresarios serán los "paganos o damnificados" de una huelga que, a su juicio, se dirige contra un problema que no es responsabilidad de las compañías. La patronal no ha acompañado estas declaraciones de una previsión económica propia sobre el impacto de la jornada.
La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, también ha advertido de que el paro perjudicará especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que cuentan con menos margen para afrontar una interrupción de su actividad. Tampoco ha concretado una cifra sobre las posibles consecuencias económicas.
Los sindicatos defienden que las empresas pueden subir los salarios
Los secretarios generales de CCOO y UGT han defendido las reivindicaciones salariales vinculadas a la convocatoria y han cuestionado los argumentos empresariales sobre la falta de capacidad para asumir incrementos retributivos.
En una entrevista publicada el 8 de noviembre, Unai Sordo sostuvo que los márgenes empresariales permiten mejorar los salarios y defendió subidas generales de alrededor del 4%, que podrían alcanzar el 7% en los convenios con remuneraciones más bajas.
Pepe Álvarez también cuestionó la posición de las empresas y señaló que los márgenes empresariales podrían superar el 18%. El secretario general de UGT había situado días antes a la patronal como principal destinataria de la convocatoria, por su posición en la negociación de las reivindicaciones sindicales.