La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado este viernes a las plantillas y a los comités de empresa de todo el país a sumarse a la huelga general convocada por las organizaciones sindicales para el próximo 11 de noviembre. Ha animado a convertir esa jornada de protesta en una “marea de esperanza” con el objetivo de lograr avances en derechos laborales, salarios dignos y precios de la vivienda asequibles.
Durante la clausura de unas jornadas de UGT –un encuentro que ha descrito como probablemente su “último acto” con el sindicato antes de las elecciones generales del 29 de noviembre–, Díaz ha defendido sin ambages que la huelga tiene un componente político. “¿Qué es una huelga si no es política? Claro que es política, es que si no, ¿para qué las hacemos?”. Al mismo tiempo, ha tildado de “delirantes” las críticas y las dudas planteadas en tertulias sobre su legalidad o su encaje constitucional.
“¡Viva la huelga general convocada por los sindicatos de mi país!”, ha exclamado la titular de Trabajo, subrayando que “cuando un trabajador se arriesga a ir a la huelga y deja de percibir ese salario, lo hace por la esperanza de mejorar sus condiciones de vida”.
En clave más distendida, ha comentado que su equipo le ha vetado acudir como piquete –“me han dicho que ni de broma”–, aunque ha dejado claro que respaldará y seguirá la convocatoria.
Reproches a la patronal y al Ibex 35
Díaz ha fundamentado la necesidad de la movilización en los beneficios históricos del tejido empresarial, destacando que las 35 compañías del Ibex 35 cerraron el primer semestre de 2026 con un beneficio agregado de 36.473 millones de euros, el doble que las grandes corporaciones europeas.
Apoyándose además en un informe reciente del Banco de España, ha apuntado que los márgenes de las microempresas con menos de diez empleados resultan incluso superiores a los de las firmas del selectivo.
“Con estos beneficios, no es digno que se nieguen a negociar y a subir los salarios en un país que tiene hoy un IPC al 4,9%”, ha reprochado Díaz a la CEOE, a la que ha acusado de bloquear la firma de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Frente a la actitud de la patronal, ha asegurado que el Gobierno volverá a elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) antes de que concluya el año.
En contraste con las políticas del Ejecutivo, ha avisado de que la patronal confía en un futuro Gobierno del PP para congelar el salario mínimo, volver a ligar las pensiones al 0,25% o imponer más horas extraordinarias, recordando que en España se realizan “2,5 millones de horas sin retribuir a la semana”.
Llamamiento al voto el 29N “para que la barbarie no llegue a Moncloa”
Con la vista puesta en las elecciones del 29 de noviembre, la vicepresidenta ha apelado a la ciudadanía y, en particular, a la clase trabajadora a acudir masivamente a las urnas “con alegría y convicción”. Ha trazado paralelismos con la reciente reelección de Lula da Silva en Brasil y con la “estrepitosa derrota en las urnas de Donald Trump en Estados Unidos”.
La ministra ha sacado pecho de la evolución del empleo respecto a etapas anteriores, resaltando que España se sitúa cerca de los 23 millones de personas ocupadas y alcanza los 10,7 millones de mujeres trabajando, frente a los 18,4 millones de trabajadores que había cuando asumió la cartera de Trabajo.
Para finalizar, ha reconocido que le pesa dejar el Ministerio con reformas aún pendientes –como la revisión del despido o la nueva regulación del contrato a tiempo parcial–, pero ha prometido que continuará implicada “desde donde sea y como sea para que la barbarie no llegue a la Moncloa” y se mantengan los derechos conquistados en los últimos años.