El Congreso celebrará este jueves un Pleno extraordinario en el que se someterá a un segundo debate y votación la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria vinculados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, en un contexto en el que PP, Vox, Junts y UPN ya han adelantado su rechazo.
Tanto la senda de déficit que deben asumir las distintas administraciones públicas como las metas de estabilidad constituyen el trámite previo imprescindible para que el Gobierno pueda registrar en la Cámara Baja el proyecto de Presupuestos, algo que el Ejecutivo prevé hacer tras el verano.
El pasado martes, el Congreso examinó por primera vez la propuesta del Gobierno, que sitúa el déficit del conjunto de las administraciones en el 1,8% del PIB para 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. Dentro de este reparto, la Administración Central concentrará la mayor parte del desfase, con tasas del 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. En paralelo, el déficit asignado a las comunidades autónomas se mantiene en el 0,1%, lo que supone un margen fiscal aproximado de 5.849 millones de euros.
En aquella primera votación, PP, Vox, Junts y UPN se posicionaron en contra del planteamiento del Ejecutivo, que tampoco logró el apoyo cerrado de todos sus socios parlamentarios. Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, optaron por la abstención, configurando un resultado final de 167 votos favorables, 178 contrarios y 5 abstenciones.
Tras este revés, el Gobierno tiene previsto volver a convalidar la misma senda de estabilidad en el Consejo de Ministros y remitirla de nuevo al Congreso, donde se da por hecho que volverá a ser rechazada el día 23. En ese escenario, el Ejecutivo continuará la elaboración de las cuentas de 2027 con un marco fiscal más exigente para las autonomías, pero alineado con las exigencias de disciplina presupuestaria de la Unión Europea, una vía avalada por la Abogacía del Estado.
Techo de gasto récord y senda de deuda
Junto a los objetivos de estabilidad, aunque sin someterse a votación, figura el límite de gasto no financiero, el llamado 'techo de gasto', que para 2027 se sitúa en un máximo histórico de 226.032 millones de euros, lo que implica un incremento del 6,6% respecto a 2026.
Pese a este volumen sin precedentes, Junts ha venido mostrando su descontento porque el 96% de esa capacidad de gasto queda en manos del Estado y solo el 4% se reparte entre las comunidades autónomas. En cuanto a la deuda pública, las previsiones del Gobierno contemplan una trayectoria descendente en los próximos tres ejercicios, desde el 97,6% en 2027 al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.
En otros aspectos de los objetivos de estabilidad, se marca para la Administración Central y la Seguridad Social una reducción de deuda hasta el 77,6% en 2027. Para 2028, este indicador deberá situarse en el 77% del PIB y, en 2029, el listón se fija en el 76,6%.
En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo de deuda para 2027 es del 18,9%, en línea con el 19,7% previsto para 2026. Para 2028, la ratio deberá recortarse al 18,3%, y en 2029 el nivel de endeudamiento se reducirá hasta el 17,7%.
Respecto a las entidades locales, el tope de deuda se mantiene en el 1,1% para 2027 y 2028, con la obligación de rebajarlo al 1% en 2029. Además, el ministro de Hacienda ha trasladado que la regla de gasto se ha fijado en el 4% para 2027, en el 3,8% para 2028 y en el 3,6% para 2029.