El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este martes que, “mientras se mantenga un Ejecutivo progresista”, se seguirá actualizando el salario mínimo interprofesional (SMI) y las pensiones conforme al IPC. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de una actuación “más ambiciosa” en el mercado de la vivienda para abordar el que considera el “principal problema de los ciudadanos”.
España ha calificado como “intento de bloqueo” la propuesta del Partido Popular para que sean los empresarios quienes determinen las subidas del SMI. A su juicio, “saben que la patronal no estaría de acuerdo y, por lo tanto, tendría una especie de derecho a veto”, ha señalado en una entrevista en ‘Malas Lenguas’ de TVE, recogida por Europa Press.
En esta línea, ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores otorga al Gobierno la competencia para fijar el salario mínimo. También ha destacado que, tras un aumento acumulado del 66 % en los últimos años, el Ministerio de Trabajo ha iniciado ya las reuniones con el grupo de expertos para elaborar una nueva propuesta de incremento.
La Seguridad Social, una caja “solvente y fuerte”
Por otro lado, el titular de Hacienda ha lanzado un “mensaje de tranquilidad a todos los pensionistas”, al afirmar que la Seguridad Social dispone de “una caja fuerte, solvente” y ha puesto en valor que el Fondo de Reserva y Sostenibilidad ha crecido en 15.000 millones de euros.
Asimismo, ha respondido a las críticas de la oposición apuntando que “la mecha la prende Vox diciendo que había que hacer un sistema inspirado en la dictadura de Pinochet”, y que después el PP se suma sosteniendo que el sistema iba a “petar”, en alusión a las palabras de la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz.
En este contexto, ha contrapuesto la garantía legal del actual Ejecutivo progresista de revalorizar las pensiones conforme al IPC frente a un Partido Popular que, según ha indicado, “está cada vez más lejos del centro y más cerca de la extrema derecha”.
Pasos “más ambiciosos” en vivienda
En cuanto a la vivienda, a la que ha señalado como la principal inquietud social y “una de las razones del adelanto electoral”, ha insistido en que “hay que dar pasos más ambiciosos” e “intervenir más en el mercado de la vivienda con toda la fuerza de la ley”.
Ha subrayado que, aunque se trata de una competencia autonómica, el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades 7.000 millones de euros y ha impulsado la Ley de Vivienda como marco regulador.
España ha reprochado al PP que trate de “enfrentar a los pequeños propietarios con los inquilinos” y ha avanzado que el Ejecutivo buscará los apoyos necesarios en la Diputación Permanente para convalidar los reales decretos ley que siguen pendientes.
Por último, al referirse a las huelgas en la educación pública y a las actuaciones policiales, ha denunciado el “ciclo de Vox” consistente en “degradar conscientemente los servicios públicos” para favorecer su privatización.
En la misma línea, ante las protestas en el sector educativo, ha reclamado respeto hacia las movilizaciones y ha reiterado que “a los profesores y a las profesoras se les respeta”, instando de forma directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a no tratar de “soliviantar” a los colectivos en conflicto.