El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves el inicio de conversaciones con los Estados miembro para diseñar el marco legal del euro digital, una nueva modalidad electrónica de dinero emitida por el Banco Central Europeo (BCE) con la que la Unión Europea pretende disponer de una alternativa propia para los pagos digitales y disminuir la dependencia de operadores extracomunitarios como Visa o Mastercard.
Con 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones, la Eurocámara ha autorizado así que arranquen, previsiblemente en las próximas semanas, las negociaciones entre instituciones sobre la normativa que regirá esta nueva forma de dinero electrónico, cuya eventual puesta en circulación quedará supeditada a la decisión que adopte el BCE.
Los eurodiputados sostienen que este nuevo instrumento de pago debe complementar al efectivo y ampliar las posibilidades de uso para los ciudadanos, por lo que proponen que pueda emplearse tanto con conexión a Internet (“online”) como sin ella (“offline”).
El proyecto incluye también salvaguardas para preservar la privacidad de los usuarios, de modo que las operaciones puedan comprobarse sin desvelar datos personales y que esta información solo se trate en la medida estrictamente imprescindible para que el sistema funcione.
En la práctica, la nueva divisa sería distribuida por entidades bancarias y otros proveedores de servicios de pago, incluidos los radicados en Estados miembro ajenos a la eurozona, mientras que la mayoría de los comercios tendría la obligación de aceptarla. Quedarían fuera de este requisito los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas y microempresas que no admitan otros medios de pago electrónicos.
Los servicios básicos, como la apertura de una cuenta, la custodia y administración de fondos o el acceso a un instrumento de pago, serían gratuitos para los usuarios, aunque el Parlamento plantea que las comisiones que soporten los comercios no superen los costes que ya asumen hoy por otros sistemas de pago electrónico.
Además, la posición de la Eurocámara fija un tope a la cantidad de euros digitales que podrá mantener cada titular, con el objetivo de evitar que una salida masiva de depósitos ponga en peligro la estabilidad del sistema financiero. Esta nueva forma de dinero no devengaría intereses ni podría utilizarse como vehículo de ahorro alternativo a los depósitos bancarios.
En paralelo al reglamento sobre el euro digital, el Parlamento iniciará también las negociaciones sobre la propuesta para reforzar el acceso y la aceptación del efectivo, que obligará a los países de la eurozona a garantizar su disponibilidad, impedir que los establecimientos comerciales rechacen los pagos en metálico y vigilar periódicamente las condiciones de acceso al efectivo, con especial atención a colectivos vulnerables como las personas mayores, quienes tienen bajos ingresos o quienes no disponen de acceso al sistema bancario.