El Partido Popular ha presentado una propuesta para reducir el IRPF a trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus cuatro primeros ejercicios de tributación. El esquema prevé una bonificación del 100% en el primer año, del 75% en el segundo, del 50% en el tercero y del 25% en el cuarto.
Esta iniciativa se integra en un paquete de reformas fiscales incluido en su programa electoral, difundido este martes bajo el título “Reconstrucción nacional. El programa del cambio necesario para España”.
Entre las medidas fiscales generales, el PP plantea aumentar los mínimos personales y familiares del IRPF, así como rebajar este impuesto para rentas medias y bajas y para las familias. En particular, se compromete a que quienes perciban el salario mínimo queden exentos de pagar IRPF mediante una norma con rango de ley, sustituyendo el actual sistema que se renueva cada año vía real decreto.
El partido también propone deflactar la tarifa del IRPF y revisar los principales parámetros del tributo para impedir que la inflación se traduzca en mayores cargas fiscales. “El Estado no hará caja con la inflación a costa de las familias”, recoge el programa.
Mientras continúe la actual crisis de inflación y pérdida de poder adquisitivo, el PP asegura que aplicará un tipo de IVA del 0% a los productos básicos de alimentación, incorporando la carne, el pescado y las conservas.
El documento programático incluye además el compromiso de suprimir los impuestos que “frenan la inversión”, sin detallar en ese punto qué figuras desaparecerían, y de intensificar la lucha contra el fraude fiscal. Los recursos obtenidos por esta vía se destinarían a reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes cumplidores.
En el Impuesto sobre Sociedades, la formación aboga por ampliar la libertad de amortización, de forma que las inversiones en maquinaria, equipos, digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, programas informáticos o patentes puedan deducirse íntegramente en el mismo ejercicio. Asimismo, facilitaría que las empresas emergentes y las compañías innovadoras sin beneficios puedan percibir de forma anticipada parte de los incentivos fiscales a la inversión.
En relación con el ahorro, el PP propone equiparar el tratamiento fiscal de sus diferentes productos mientras los fondos permanezcan invertidos, con la intención de que los contribuyentes decidan con libertad cómo y en qué canalizar su ahorro.
Menos cargas para autónomos
En el ámbito de los trabajadores por cuenta propia, el PP plantea que los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros queden exentos de repercutir y declarar el IVA. También propone fijar criterios claros para la deducción de gastos, incluyendo los vinculados a la vivienda y al vehículo. Además, sugiere sustituir las cuatro declaraciones trimestrales por dos liquidaciones semestrales en todos los tributos con esta obligación, mientras que quienes comiencen su actividad solo tendrían que presentar una declaración anual.
En materia de cotizaciones sociales, el programa contempla la exención de cuota durante el primer año de actividad y también el segundo si los ingresos no alcanzan el salario mínimo. Se prevé bonificar el 100% de las cotizaciones empresariales por la contratación del primer trabajador durante un año y el 50% por el segundo, así como cubrir la cuota del autónomo con enfermedad grave desde el primer día de baja.
Estatuto del Contribuyente y refuerzo de la AEAT
La formación defiende la aprobación de un Estatuto del Contribuyente que recoja el derecho al error y prohíba aplicar con efecto retroactivo cambios de criterio perjudiciales. Igualmente, aboga por simplificar el sistema tributario, fortalecer el Consejo para la Defensa del Contribuyente y someter a evaluación los resultados de estas medidas.
El programa añade el compromiso de acortar los plazos legales de devolución de impuestos, ajustar la diferencia entre las retenciones y la recaudación efectiva y primar las reducciones, exenciones o créditos fiscales frente a las subvenciones directas.
En el terreno de la gestión, el PP propone blindar la unidad de la Agencia Tributaria y reforzar la presencia de las comunidades autónomas en sus órganos de dirección, sin fragmentar la administración de los tributos estatales.
Asimismo, garantiza blindar por ley la caja única de la Seguridad Social y afirma que las cotizaciones continuarán financiando pensiones y prestaciones en todo el territorio nacional, “sin dividir los recursos por territorios”.
Presupuestos y control del gasto público
En política presupuestaria, el PP se compromete a presentar cada año los Presupuestos Generales del Estado y a impulsar reformas de forma que una segunda prórroga consecutiva implique la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
El programa atribuye al Senado la función de revisar anualmente la ejecución presupuestaria, así como la supervisión del uso de los fondos europeos y de las transferencias a las comunidades autónomas.
Los populares proponen realizar en los primeros cien días una auditoría del gasto y del funcionamiento de la Administración, los organismos y las empresas públicas estatales, incorporando sus conclusiones al primer proyecto de cuentas.
Posteriormente, cada año se sometería a evaluación independiente un conjunto de programas de gasto, con un calendario que abarque la totalidad del presupuesto a lo largo de la legislatura, y los resultados se publicarían junto con el proyecto de Presupuestos.
Más funciones para la AIReF e independencia del INE
El PP plantea ampliar las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para analizar el gasto público, la sostenibilidad de la deuda y el cumplimiento de las reglas fiscales en todas las administraciones. La AIReF participaría, junto con el Ministerio de Hacienda, en el estudio del nuevo modelo de financiación autonómica.
El partido propone integrar a la autoridad fiscal en un marco común de gobernanza para reguladores y organismos independientes, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes de reconocido prestigio que no hayan ocupado recientemente cargos políticos.
En cuanto al Instituto Nacional de Estadística, el programa contempla fijar por ley la duración del mandato de su presidente y limitar el cese anticipado a causas tasadas, además de garantizar la autonomía de sus metodologías, calendarios y publicaciones. “El INE servirá para conocer la realidad del país, también cuando los datos incomoden al Gobierno”, subraya el documento.
El texto se completa con el refuerzo de la independencia, la profesionalidad y la capacidad técnica del Tribunal de Cuentas, al que se le otorgaría acceso en tiempo real a la información sobre contratación, subvenciones y financiación de partidos, con el fin de detectar irregularidades y depurar responsabilidades con mayor agilidad.