La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha señalado este jueves que los últimos reales decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros pueden desembocar en un mercado del alquiler “a dos velocidades” y ha reclamado la puesta en marcha de un aval público para inquilinos, un Pacto de Estado por la Vivienda y la activación de suelo público, entre otras actuaciones.
Según la patronal, esa dualidad en el mercado implicará, por un lado, un entorno más seguro para quienes ya cuentan con un contrato en vigor y ven reforzada su estabilidad y, por otro, un escenario “mucho más restrictivo” para quienes tratan de acceder por primera vez a un piso en alquiler.
En un comunicado, Fadei sostiene que “las medidas ofrecen una protección visible a los inquilinos actuales, pero elevan la barrera de entrada para jóvenes, familias con hijos, autónomos y trabajadores con ingresos irregulares, a quienes se exigirán más garantías ante el temor de los propietarios a no poder recuperar sus viviendas”.
La organización considera que la renovación automática de los contratos, las posibles indemnizaciones y las nuevas restricciones pueden “transformar el alquiler en una decisión difícilmente reversible” para el arrendador, lo que, a su juicio, acabaría reduciendo la oferta disponible y modificando los incentivos de los agentes del mercado.
En esta línea, Fadei anticipa un aumento de viviendas vacías, un mayor número de inmuebles que se destinarán a la venta, un incremento de contratos sometidos a condiciones “estrictas” y una concentración creciente de la oferta en inquilinos con perfiles económicos más sólidos.
Para la federación, el verdadero desafío “no será únicamente cuántos pisos desaparezcan del alquiler, sino quién podrá acceder a los que permanezcan”, advirtiendo de un riesgo de exclusión para los colectivos con menor capacidad financiera.
Frente a este escenario, la patronal de las inmobiliarias profesionales en España plantea la creación de un aval público asociado al inquilino, vigente durante toda la vida del contrato, que cubra los posibles impagos sin exigir garantías adicionales, con el objetivo de reducir la desconfianza de los propietarios.
Asimismo, Fadei propone un paquete de incentivos fiscales para los arrendadores que ofrezcan alquileres a precios asequibles, mecanismos de cobertura pública específicos para jóvenes y hogares vulnerables y un procedimiento judicial ágil para los propietarios que necesiten recuperar sus viviendas.
La federación reclama también un Pacto de Estado por la Vivienda que “sustituya la sucesión de decretos por una estrategia estable, medible y sostenida en el tiempo”, junto con la movilización de suelo público, la fijación de plazos máximos para la concesión de licencias urbanísticas y fórmulas de colaboración público-privada dirigidas a levantar parque de vivienda destinada al alquiler.
El presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas, advierte de que “estamos construyendo un sistema que protege al inquilino de hoy a costa del inquilino de mañana. Si cada contrato se convierte para el propietario en una relación casi indefinida, el acceso dependerá cada vez más de superar un examen financiero. La política de vivienda no puede limitarse a decidir quién permanece dentro; debe abrir la puerta a quienes siguen fuera”.
Gómez Huecas concluye que “necesitamos dejar de legislar desde la confrontación entre propietarios e inquilinos y empezar a diseñar mecanismos que repartan los riesgos de forma equilibrada”.