El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este martes que abrirá una ronda de conversaciones con las entidades financieras para revisar las condiciones del crédito promotor y de los préstamos a compradores, con la meta de facilitar la construcción de un millón de viviendas en España y la generación de 500.000 empleos "reales".
En esta línea, Feijóo se ha mostrado seguro de poder cerrar un entendimiento con los bancos: "Nos vamos a sentar con la banca y le vamos a decir que en España es un objetivo de gobierno y de Estado construir un millón de viviendas, por tanto, vamos a ver qué vamos a hacer con el crédito promotor y con el crédito hipotecario y estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo porque los bancos son inteligentes y porque el Gobierno tiene los instrumentos adecuados para que ese acuerdo se formalice", ha destacado.
Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, el líder del PP ha descrito el acceso a la vivienda como "un problema de emergencia vital" que requiere actuar "de forma inmediata y quirúrgica".
Por ello, ha reiterado que, si llega a La Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, impulsará en los primeros cien días de mandato una reforma de la Ley del Suelo, la aprobación de una ley antiocupación y cambios en la Ley de Propiedad Horizontal.
Feijóo ha recalcado que, si asume la Presidencia del Gobierno, convertirá en objetivo de Estado la promoción de un millón de viviendas, lo que, según sus cálculos, implicará la creación de 500.000 puestos de trabajo "reales". "Y no serán fijos discontinuos, esos que trabajan dos días a la semana y después no aparecen en el paro", ha añadido.
"El sector dice que con un millón de viviendas se crean más de medio millón de puestos de trabajo. Yo prefiero dar un dato y después subirlo que darlo y después bajarlo, que es la tónica de la política española", ha señalado el dirigente del PP.
Medidas fiscales para jóvenes, propietarios e inquilinos
En el ámbito tributario, Feijóo ha planteado un programa fiscal específico para menores de 40 años que compren su primera vivienda, con una rebaja del 60% en la carga impositiva. "Hay que devolverle la esperanza a los jóvenes. Haremos un paquete fiscal excepcionalísimo", ha remarcado.
La iniciativa del PP incluye reducir el IVA del 10% al 4% en vivienda nueva y bajar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 10% al 4% en inmuebles de segunda mano, permitiendo fraccionar el pago de este impuesto a lo largo de los años de vigencia del préstamo hipotecario.
Además, propone crear una cuenta de ahorro vivienda con deducciones durante los cuatro primeros años de vida laboral y habilitar avales públicos de hasta el 100% de la garantía exigida por las entidades financieras.
En cuanto al alquiler, ha avanzado deducciones fiscales para inquilinos en función de su nivel de renta y beneficios fiscales para propietarios que renueven los contratos durante tres años con subidas por debajo del IPC.
Licencias en 90 días mediante silencio administrativo positivo
En el terreno administrativo y urbanístico, Feijóo ha defendido obligar a los ayuntamientos a hacer públicos los plazos de tramitación en sus departamentos de urbanismo y ha propuesto que, si un consistorio no responde a una petición de licencia en 90 días, esta quede concedida por silencio administrativo positivo, sin perjuicio de poder paralizar las obras posteriormente si el promotor incumple la normativa.
Al hilo de ello, ha cuestionado que en ciudades como Madrid la normativa vigente permita levantar un centro comercial mediante declaración responsable pero no un edificio residencial de seis plantas. "No es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, es la legislación actual", ha subrayado el líder de los 'populares'.
En este contexto, ha acusado al Gobierno central de bloquear en el Congreso leyes que ya habían sido aprobadas en el Senado, citando expresamente la Ley del Suelo y la normativa antiocupación impulsadas por el PP.
"Vamos a mandar un mensaje donde el propietario es el propietario de su casa", ha indicado Feijóo sobre la okupación, reprochando que haya administraciones públicas que compran inmuebles ocupados y mantienen a los ocupas dentro mientras otros ciudadanos hacen esfuerzos para pagar alquileres de hasta 1.300 euros.
A su entender, "no puede ser más fácil vivir ocupando una vivienda ilegal que vivir pagando una hipoteca o pagando una renta de alquiler", por lo que ha reiterado su compromiso de sacar adelante una ley antiocupación que, según ha recordado, ya fue aprobada en el Senado y permanece bloqueada por el Gobierno en la Mesa del Congreso.