El Gobierno prepara nuevas medidas para combatir el abuso de la temporalidad en el empleo público, una situación que, según los datos que maneja el Ejecutivo, afecta actualmente a menos de 200.000 trabajadores. Entre las opciones que estudia Función Pública figura un sistema de alertas para detectar cuándo una persona supera los tres años encadenando contratos temporales y un posible endurecimiento de las sanciones a las entidades públicas responsables de estos abusos.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, trabaja con las comunidades autónomas para concretar las medidas, según ha avanzado RTVE. El Ejecutivo calcula que las administraciones cuentan en conjunto con alrededor de 900.000 trabajadores temporales, aunque diferencia esa cifra del número de personas que se encontrarían específicamente en una situación de abuso de temporalidad.
El movimiento se produce, además, con una fecha marcada en el calendario. España dispone hasta el 29 de agosto para trasladar a la Comisión Europea nuevas medidas con las que responder a un problema por el que las instituciones europeas llevan años reclamando soluciones.
Un sistema de alertas cuando se superen los tres años
Una de las principales medidas que estudia el Ejecutivo consiste en establecer un mecanismo de alertas que detecte cuándo un empleado supera los tres años mediante contratos de duración determinada.
El objetivo sería identificar estas situaciones antes de que se prolonguen y actuar para impedir que la temporalidad termine convirtiéndose en abusiva.
Función Pública también valora endurecer las consecuencias para las entidades del sector público que incurran en estos abusos, aunque por el momento no se han concretado las posibles sanciones ni el procedimiento mediante el que se aplicarían.
Las medidas todavía se encuentran en fase de estudio y forman parte de los trabajos entre el Gobierno y las comunidades autónomas para reducir uno de los problemas estructurales del empleo público español.
Cerca de 200.000 trabajadores afectados por el abuso
El Gobierno establece una diferencia entre el conjunto de empleados públicos temporales y aquellos que se encuentran en una situación de abuso por la prolongación de esa temporalidad.
Según los datos de Función Pública, las administraciones cuentan con alrededor de 900.000 trabajadores temporales, mientras que menos de 200.000 estarían afectados actualmente por abuso de temporalidad.
El problema tiene especial incidencia en administraciones con plantillas numerosas y explica que las comunidades autónomas participen en el diseño de las nuevas medidas.
España lleva años intentando reducir estas cifras. En 2021 se modificó el Estatuto Básico del Empleado Público y posteriormente se aprobó la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que dio paso a importantes procesos de estabilización.
Bruselas da a España hasta el 29 de agosto
La presión para introducir nuevas medidas procede también de las instituciones comunitarias. La Comisión Europea mantiene desde hace años bajo vigilancia la situación española por la utilización abusiva de relaciones temporales en el sector público y por el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.
El Gobierno tenía inicialmente hasta el 29 de junio para presentar nuevas medidas, pero solicitó una prórroga de dos meses.
Bruselas concedió ese aplazamiento, por lo que el nuevo plazo termina el próximo 29 de agosto.
La Comisión considera que las respuestas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para evitar que determinados trabajadores permanezcan durante años ocupando puestos temporales mediante sucesivos contratos o nombramientos.
Qué ha dicho la Justicia europea sobre los interinos
El problema español ha llegado en numerosas ocasiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas resoluciones han cuestionado la eficacia de las medidas existentes para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de relaciones laborales temporales.
Una de las cuestiones más complejas es cómo reparar el abuso sin vulnerar los principios que regulan el acceso al empleo público en España, especialmente los de igualdad, mérito y capacidad.
Esta tensión jurídica ha generado numerosos litigios sobre la posibilidad de que los empleados públicos temporales que han permanecido durante años en esta situación puedan adquirir automáticamente la condición de fijos.
El Supremo descarta la conversión automática en fijos
El Tribunal Supremo fijó en mayo de 2026 un criterio especialmente relevante para los trabajadores afectados.
El Pleno de la Sala de lo Social determinó que un trabajador temporal no puede adquirir automáticamente la condición de fijo si no ha superado un proceso selectivo de acceso al empleo público sometido a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Por tanto, haber sufrido una situación de temporalidad abusiva no supone por sí mismo convertirse automáticamente en trabajador fijo.
Eso no significa que el abuso carezca de consecuencias. La doctrina judicial contempla la posibilidad de que el trabajador tenga derecho a una indemnización cuando finalice su relación laboral, siempre que concurran los requisitos establecidos y pueda acreditarse la utilización abusiva de la contratación temporal.
Qué puede cambiar ahora para los interinos
Las medidas que prepara el Ejecutivo se centran, por ahora, principalmente en evitar que aparezcan nuevas situaciones de abuso.
El sistema de alertas permitiría detectar relaciones temporales excesivamente prolongadas, mientras que un eventual endurecimiento de las sanciones trataría de responsabilizar a las administraciones o entidades públicas que permitan que estas situaciones continúen.
Por el momento, el Gobierno no ha anunciado una conversión general de interinos en trabajadores fijos ni un nuevo proceso extraordinario de estabilización.
El alcance definitivo dependerá del plan que cierre Función Pública y de la respuesta de la Comisión Europea. Con el 29 de agosto como fecha límite, el Ejecutivo dispone de menos de dos semanas para concretar ante Bruselas cómo pretende reforzar la respuesta a una temporalidad abusiva que España lleva más de una década intentando reducir.