El Ministerio de Hacienda ha convocado para este lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el CPFF, y la Comisión Nacional de Administración Local con el objetivo de acordar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas. La reunión es uno de los pasos imprescindibles para poner en marcha la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027.
La convocatoria llega después de que el Gobierno presentara el nuevo cuadro macroeconómico, que servirá de base para las cuentas públicas y que incorpora una mejora de las previsiones de crecimiento de la economía española. Con ese marco ya sobre la mesa, el siguiente movimiento es negociar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos la senda fiscal y el reparto del déficit entre los distintos niveles de la Administración.
Según fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press, el Gobierno podría aprobar este martes en el Consejo de Ministrostanto el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, como los objetivos de estabilidad presupuestaria. Después, ambos acuerdos serán remitidos a las Cortes Generales para su debate y votación.
El Congreso votará la senda fiscal en julio
La hoja de ruta del Gobierno pasa por llevar al Pleno del Congreso de los Diputados del 14 de julio los objetivos de estabilidad y el reparto del déficit entre las administraciones públicas. Si el dictamen fuera rechazado, el Ejecutivo contempla una segunda votación en otro Pleno previsto para el 23 de julio.
Ambos Plenos serán de carácter extraordinario, ya que se celebrarán fuera del periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de junio. La decisión muestra la voluntad del Gobierno de acelerar la tramitación presupuestaria y evitar que el calendario político bloquee de nuevo las cuentas.
El problema es que la senda fiscal ya ha naufragado en varias ocasiones durante la legislatura. La última vez fue en diciembre de 2025, cuando el Gobierno intentó sacar adelante los objetivos necesarios para poner en marcha los Presupuestos de 2026.
El precedente de los Presupuestos de 2026
En aquella ocasión, el Ejecutivo propuso una senda fiscal que planteaba reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026 al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por subsectores, se fijaba para las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB en 2026, 2027 y 2029, mientras que para los ayuntamientos se establecía el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Las metas fueron rechazadas en las Cortes, pero el Gobierno pudo continuar con la tramitación de las cuentas gracias al aval de la Abogacía del Estado. Ese criterio permitió utilizar una base alternativa para el reparto del déficit: el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a la Comisión Europea, que no requiere aprobación parlamentaria.
Ese precedente será importante ahora. El Ejecutivo quiere volver a intentar la vía ordinaria, con votación en el Congreso, pero sabe que puede encontrarse de nuevo con una mayoría insuficiente para aprobar la senda fiscal. En ese caso, la fórmula avalada por la Abogacía del Estado volvería a estar sobre la mesa.
La financiación autonómica, el otro frente
La reunión de este lunes no abordará formalmente la reforma de la financiación autonómica, pero ese debate estará muy presente. Hacienda quiere celebrar otro Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de agosto como antesala a la aprobación por el Consejo de Ministros del nuevo modelo y a su posterior tramitación en las Cortes Generales.
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ya ha mantenido encuentros con las comunidades que han mostrado disposición a negociar sobre la propuesta del Gobierno. Sin embargo, las autonomías gobernadas por el PP han criticado que Hacienda deje fuera de la agenda de este lunes el debate sobre financiación y han adelantado que intentarán introducirlo en la reunión para expresar su rechazo al plan del Ejecutivo.
Las comunidades populares han decidido no asistir a las reuniones bilaterales convocadas por Hacienda sobre la reforma del sistema. Su argumento es que el modelo ha sido negociado previamente entre ERC y el PSC, una acusación que eleva la tensión política en un asunto clave para el reparto de recursos entre territorios.
El PP presiona desde las comunidades
El frente autonómico complica la estrategia presupuestaria del Gobierno. Las comunidades del PP llegan al CPFF con una doble posición: discutir la senda fiscal, pero también denunciar que el Ejecutivo no haya incorporado la financiación autonómica al orden del día.
Para los gobiernos populares, el reparto de déficit y la financiación no pueden separarse. Sostienen que las comunidades necesitan conocer con claridad qué recursos tendrán y bajo qué reglas se actualizará el sistema antes de asumir nuevos compromisos fiscales.
Hacienda, en cambio, intenta ordenar el calendario en dos fases: primero, objetivos de estabilidad y techo de gasto para los Presupuestos de 2027; después, un nuevo CPFF antes de agosto para encauzar la reforma de la financiación autonómica.
Un paso clave para saber si habrá Presupuestos
La convocatoria de este lunes abre una fase decisiva para el Gobierno. Aprobar el techo de gasto y la senda fiscal no garantiza por sí solo que haya Presupuestos, pero sí marca el primer gran paso político y técnico para intentar sacarlos adelante.
El Ejecutivo quiere presentar las cuentas de 2027 apoyándose en un cuadro macroeconómico más favorable y en una mejora de las previsiones de crecimiento. Pero el éxito de la operación dependerá de varios factores: el margen parlamentario, la posición de sus socios, el rechazo del PP y la capacidad de Hacienda para contener el conflicto territorial por la financiación.
La maquinaria presupuestaria vuelve a ponerse en marcha. El Gobierno quiere demostrar que esta vez sí hay voluntad de aprobar nuevas cuentas, pero el primer examen llega ya esta semana: comunidades autónomas, techo de gasto, senda fiscal y una votación en julio que volverá a medir la fragilidad de la mayoría parlamentaria.