La Diputación Permanente del Congreso deberá pronunciarse sobre los decretos leyes que recogen las ayudas a los combustibles derivadas de la guerra de Irán y la condonación del reintegro de los anticipos vinculados a las ayudas concedidas por la dana de 2024, después de la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.
Ambos textos fueron aprobados por el Consejo de Ministros del 29 de septiembre, junto con dos decretos de vivienda que finalmente decayeron en el Congreso. Como ocurre con cualquier decreto ley, el Gobierno está obligado a remitirlos en un plazo máximo de treinta días a la Cámara Baja para que decida si los convalida o los deroga.
En el caso de las normas de vivienda, el Congreso ya optó por su derogación, pero los otros dos decretos siguen pendientes de votación para determinar si continúan vigentes. Con el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han disuelto tanto el Congreso como el Senado, de forma que será la Diputación Permanente, órgano que asume las funciones del Congreso cuando este se encuentra disuelto, la que debata y vote estos decretos.
La Diputación Permanente está integrada por 69 diputados, repartidos de la siguiente manera: 27 representantes del PP, 25 del PSOE (incluido el escaño de la presidenta del Congreso, Francina Armengol), seis de Vox y otros seis de Sumar. ERC, Junts, Bildu y Podemos cuentan con un voto cada uno, siendo esta última formación la que representa al conjunto del Grupo Mixto en este órgano.
Paquete de ayudas frente a la crisis energética
La Diputación Permanente deberá validar o tumbar el nuevo paquete de medidas diseñado para contener la subida de precios derivada de la guerra en Irán. Entre las iniciativas destacan la prórroga hasta el 31 de diciembre de las rebajas fiscales sobre gasolina y diésel, así como el mantenimiento de los límites a la tarifa regulada del gas y al precio de la bombona de butano.
Este es el tercer bloque de actuaciones impulsado desde marzo de este año para proteger a los hogares y a los sectores más golpeados por las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, dado que la mayoría de las disposiciones del real decreto-ley en vigor caducan a finales de septiembre.
El nuevo decreto introduce un alivio adicional en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos: una bonificación de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo en octubre, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en caso de que el precio del crudo se mantenga elevado.
El Real Decreto-ley también recupera dos instrumentos aplicados durante la fase más intensa de la guerra en Ucrania: se limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural y se fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.
Según la norma, la cotización del gas sólo podrá aumentar un 35% respecto al valor actual, de forma que el incremento final de la TUR se sitúe en torno al 15%. Esta contención, pensada para el periodo invernal y el aumento del consumo por calefacción, tendrá continuidad en el tiempo. En las siguientes revisiones trimestrales de la TUR, el alza máxima de la cotización del gas quedará limitada al 15% hasta que se compense el déficit generado y se recupere el equilibrio.
En relación con la bombona de butano, aunque la fórmula de cálculo del precio máximo del GLP envasado ya está acotada a una variación del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral, se fija un tope de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027. Se busca así garantizar el acceso de los consumidores a un suministro energético básico, cuyo precio máximo actual es de 18,84 euros. El eventual déficit que se origine se compensará con el mecanismo habitual.
Salvaguarda fiscal sobre la electricidad y el gas
Además, se mantiene la cláusula de protección para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. Si el IPC de septiembre de 2026 supera en un 15% al registrado en el mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas se reducirá del 21% al 10% y el Impuesto sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%.
Esta reducción impositiva en la factura eléctrica se aplicará a los consumidores con potencias contratadas inferiores a 10kW y a los beneficiarios del bono social, mientras que la rebaja del IVA alcanzará también al gas natural, las briquetas y 'pellets' y la madera de leña.
Paralelamente, se amplían las reservas de gas natural licuado de cara al invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético, junto con el resto de medidas que ya estaban previstas hasta final de año.
Prórroga de las ayudas al transporte y al gasóleo agrario
Entre los sectores más afectados, el decreto extiende las ayudas dirigidas al campo y al transporte profesional por carretera.
En particular, se prolongan durante todo 2026 las ayudas al transporte terrestre, mediante la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre, además de medidas de apoyo al transporte marítimo y ferroviario.
También se amplía hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrario y se mantiene la ayuda compensatoria para los armadores de pesca.
Como novedad, se crea una línea específica para el ferrocarril de mercancías, con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, una reclamación planteada por el propio sector. Asimismo, continúan las medidas de carácter social, como la protección del empleo, de forma que las empresas que reciban ayudas no podrán despedir.
Encargos a la CNMC sobre energía y cadena alimentaria
El decreto incorpora además dos encargos adicionales a la CNMC. El primero consiste en elaborar un estudio sobre la formación de precios en los mercados mayorista y minorista, analizando el funcionamiento de la distribución y la comercialización de la energía a lo largo de toda la cadena de valor.
El segundo informe se centrará en el comportamiento de la cadena de valor alimentaria, solicitando a la CNMC recomendaciones para asegurar el correcto funcionamiento del mercado y evaluar la eficacia de las medidas que se están adoptando.
Condonación parcial de la devolución de ayudas por la dana
En la misma reunión del Consejo de Ministros se dio luz verde a otro decreto ley que modifica varios apartados de la norma que reguló las ayudas por los daños ocasionados por la dana entre octubre y noviembre de 2024.
En concreto, se establece una condonación del reintegro de los anticipos a cuenta de las ayudas recogidas en el artículo tres de la ley, con el objetivo de evitar que la devolución de esas cantidades suponga "un nuevo perjuicio para personas que aún soportan las consecuencias de la catástrofe".
El Ejecutivo calcula que quedarán exonerados unos 44,35 millones de euros y que 2.771 personas estaban obligadas a devolver total o parcialmente el anticipo recibido.
La condonación no será universal. Deberán devolver el anticipo quienes superen una renta anual de 42.000 euros en 2025 o cuenten con un patrimonio superior a 300.000 euros, sin incluir la vivienda habitual.