La guerra en Irán, iniciada en febrero del año pasado por Estados Unidos e Israel, ha desencadenado un encarecimiento cercano al 34% en los materiales bituminosos y en la energía, partidas que concentran una parte sustancial del presupuesto de las obras de construcción. Así lo detalla este martes la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), que reclama medidas de carácter “urgente y excepcional”.
En particular, los Índices de Precios de Materiales de Construcción —empleados en las fórmulas de revisión de precios— recogen entre enero y agosto de 2026 un avance del 33% en los materiales bituminosos y del 34% en la energía.
En paralelo, el resto de insumos también sufre presiones al alza derivadas de los mayores costes de producción y transporte. Destacan el repunte del 19% en el aluminio, del 18% en el acero corrugado, del 12% en los materiales cerámicos y del 11% en el cobre.
Al mismo tiempo, la patronal de las constructoras no cotizadas prevé que el fuerte repunte de la inflación —que desde el estallido de la guerra de Irán se ha duplicado hasta alcanzar en septiembre el 4,9%— termine repercutiendo en el corto plazo sobre el coste de la mano de obra en el sector.
En una nota pública, la asociación subraya que los precios de los combustibles y de los materiales de obra “siguen muy por encima” de los niveles previos al conflicto, en un contexto “sobrevenido e imprevisible” para los contratistas, que no pudieron trasladar este escenario a sus ofertas. ANCI aprecia, además, una “clara similitud” con la situación vivida en 2021-2022, cuando se pusieron en marcha medidas excepcionales de revisión de precios, según recoge un informe elaborado por su Servicio de Estudios.
De cara a octubre, la organización contextualiza que “persiste la incertidumbre” sobre la evolución geopolítica en Irán y sobre el tránsito de materias primas a través del estrecho de Ormuz. El tráfico se ha vuelto a ver afectado este mes por la multiplicación de ataques y por una prima de riesgo todavía elevada, lo que mantiene altos los precios del gas natural licuado (GNL) y del petróleo. Este encarecimiento se traslada al mercado eléctrico y termina impactando en los costes de producción de los materiales de obra.
“Los analistas advierten, además, de un riesgo añadido: la falta de capacidad mundial de refino, que encarece los productos refinados del petróleo, entre ellos los betunes y los combustibles”, añade ANCI.
Impacto en los contratos y reclamación de medidas “urgentes”
Según el informe, los sobrecostes están repercutiendo en todo tipo de proyectos y “muy especialmente” en las obras de carreteras, donde el incremento medio se sitúa en el 11%. El impacto es aún mayor en las actuaciones de renovación o rehabilitación de firmes, que alcanzan el 20%. Por este motivo, las obras adjudicadas con precios previos al estallido de la crisis y sin mecanismos ordinarios de revisión “enfrentan un riesgo elevado de ruptura del equilibrio económico del contrato”, advierte la asociación.
Asimismo, ANCI señala que, en determinadas obras actualmente en ejecución adjudicadas antes de 2021, estos nuevos sobrecostes se suman al incremento acumulado desde entonces, que oscila entre el 27% y el 55% sobre el precio de adjudicación. Todo ello, con una compensación máxima limitada al 20% por el mecanismo de revisión excepcional de precios previsto en el real decreto ley 3/2022.
En sus conclusiones, ANCI sostiene que el encarecimiento de la energía y de los materiales —una situación “sobrevenida e imprevisible” derivada del conflicto en Oriente Próximo— obliga a plantear medidas “de carácter urgente y excepcional que aseguren la viabilidad de los contratos públicos en ejecución, en la línea de las implementadas en la crisis de precios de 2022” mediante el procedimiento de revisión de precios excepcional recogido en el citado RDL, que continúa vigente para determinados contratos en curso.