Los Estados miembro de la Unión Europea han decidido este viernes aplazar un año la puesta en marcha de varias obligaciones de control de emisiones de metano ligadas a las importaciones de gas natural, petróleo y carbón, con la intención de “evitar presiones adicionales” sobre la seguridad del suministro energético comunitario en un contexto de tensiones en los mercados por el conflicto en Oriente Próximo.
Con este paso, el Consejo de la UE fija su postura sobre la propuesta lanzada por la Comisión Europea el pasado 14 de octubre, respaldando sin modificaciones el retraso planteado por Bruselas para ciertas obligaciones de seguimiento, notificación y verificación de emisiones incluidas en la normativa europea sobre el metano, aprobada en mayo de 2024 y en vigor desde agosto de ese mismo año.
En la práctica, los Veintisiete plantean que los importadores de gas, crudo y carbón empiecen a aplicar estos controles a partir del 1 de enero de 2028, en lugar de hacerlo en enero de 2027, como fija en la actualidad la legislación comunitaria.
Además, el compromiso alcanzado prevé posponer hasta el 5 de agosto de 2029 la obligación de comunicar la intensidad de las emisiones de metano vinculadas a estos combustibles, tanto para los importadores como para los productores europeos, mientras que los topes máximos autorizados comenzarían a aplicarse el 5 de agosto de 2031, un año más tarde de lo inicialmente previsto.
Más allá de este aplazamiento, la posición acordada por los Veintisiete determina que la Comisión tendrá que analizar antes del 30 de septiembre de 2027 si se dan las condiciones necesarias para poner en marcha las nuevas obligaciones, entre ellas la existencia de un número suficiente de verificadores independientes capaces de comprobar los informes de emisiones y la disponibilidad de normas europeas que faciliten el intercambio de información entre productores e importadores.
En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el Ejecutivo comunitario estará facultado para volver a demorar, mediante normas de desarrollo, la aplicación de los controles sobre las importaciones. También tendrá la posibilidad de presentar cambios adicionales en la legislación si persisten los obstáculos para su ejecución o se identifican riesgos para la seguridad del suministro energético.
La modificación deberá ser ahora objeto de negociación con el Parlamento Europeo, con la vista puesta en cerrar un acuerdo antes de que termine el año, dado que las primeras obligaciones afectadas por el retraso deberían comenzar a aplicarse el próximo 1 de enero.